Público
Público

Más Madrid amenaza con una querella contra Almeida por proteger a Botella con la venta de vivienda a fondos buitre

Una concejal del PSOE anuncia que se personará para recurrir la decisión del Tribunal de Cuentas de exonerar a la exalcaldesa de Madrid, a la que condenó en primera instancia.

Botella, Almeida, Casado, Ayuso y Aguirre en la sesión de investidura del Ayuntamiento de Madrid. / Ricardo Rubio (Europa Press)

La decisión del alcalde de Madrid de proteger a Ana Botella, evitando recurrir su absolución por la venta de vivienda pública a fondos buitre, podría tener consecuencias. Más Madrid ultima estos días el estudio de una querella contra José Luis Rodríguez Almeida, después de que el edil rechazase recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Tribunal de Cuentas de revocar la condena a la exalcaldesa de Madrid por la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre.

El plazo para registrar recurso de casación expira el 27 de septiembre, dentro de tres días, y el pleno del Consistorio del 29 de julio avaló la decisión de recurrir, aunque Almeida haya decidido obviarlo.

José Manuel Calvo, concejal de Más Madrid, ha advertido este martes al alcalde y el resto del equipo de gobierno de que su grupo se querellará contra ellos si no recurren. En el primer pleno del Consistorio en este mes de septiembre, Calvo ha recordado la reunión del Consejo de Administración de la EMV del próximo miércoles, dos días antes de que expire el plazo para recurrir, y le ha exigido que no ignore el "mandato del pleno" de "reclamar 25,7 millones de euros", el importe perdido con estas ventas.

Por su parte, la concejal del PSOE Mercedes González planea personarse ante el Tribunal de Cuentas, e "interponer recurso de casación [ante el Supremo] si la EMVS no lo hace". Así lo ha anunciado en el pleno de este martes la portavoz del PSOE en la Comisión de Desarrollo Urbano del Consistorio.

González ha acusado al PP de "no defender los bienes" de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS), de "administración desleal". Ha cargado duramente contra el alcalde, así como contra Ciudadanos, socio de Gobierno y "bracero del Partido Popular", según González.

Sin embargo, Almeida ha salido del paso recordando que las decisiones del pleno no son vinculantes, e incluso ha advertido al concejal de Más Madrid y a la edil del PSOE de que, de no fundamentar debidamente las acciones legales que quieren emprender, serán ellos quienes se verán ante los tribunales:  "El problema lo tendrán ustedes".

El Tribunal de Cuentas sí condenó en primera instancia a Botella y a Concepción Dancausa, hoy viceconsejera de Vivienda y Administraciones Locales de la Comunidad de Madrid. Los dos votos a favor de revocar la sentencia los emitieron, además, dos exconsejeros propuestos por el PP, entre ellos una exministra del Gobierno de José María Aznar –marido de Botella-, Margarita Mariscal de Gante.

Botella era alcaldesa cuando se decidió esta venta; Dancausa era la titular de Economía y Hacienda, Ambas fueron condenadas en primera instancia por este Tribunal, que concluyó que el Gobierno de Botella vendió estas viviendas por 25.7 millones menos de lo que valían (128,5 millones, frente a 151 millones), incurriendo “en una negligencia grave”.

Con todo, y entre críticas de la oposición, Almeida cesó a la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS), Paloma Arranz. La letrada es quien ha seguido el procedimiento, quien preparaba el recurso de casación y, en definitiva, quien conocía en detalle esta causa.

Para justificar el salvavidas lanzado a Botella, el actual alcalde afirmó que no pensaba derrochar dinero público en “venganzas estériles”. La realidad es que Arranz ya estaba en nómina, por lo que no habría sido necesario pagar nuevos salarios y, según fuentes de la EMVS, los únicos gastos que debería asumir el Ayuntamiento serían los honorarios de un procurador, algo que no pasaría de algunos miles de euros, estiman.

Según el Tribunal de Cuentas, el agujero en las arcas públicas causado por esta venta de vivienda social fue de 25.7 millones. No obstante, la cifra facilitada por la concejal y expresidenta de la EMVS, Marta Higueras, subía hasta los 127 millones de euros.

Por otro lado, decenas de inquilinos afectados por la venta de estas y otras viviendas a fondos buitre registraron el pasado jueves varias peticiones a Almeida para que recurra. De nuevo, sin éxito.