El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves un decreto para recuperar la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores con el objetivo de atajar el incremento de contagios de coronavirus, tal y como avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la conferencia de presidentes celebrada el miércoles.

Esta medida, ha precisado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tendrá carácter temporal y su vigencia se extenderá durante el "tiempo imprescindible" para lograr reducir la incidencia acumulada; es decir, en el momento en el que la situación sanitaria mejore, se suprimirá la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores.

Como ya había explicado Sánchez, habrá dos excepciones: no será obligatorio llevar la mascarilla cuando se practique deporte de manera individual ni cuando se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros, en el caso de personas no convivientes.

El régimen sancionador y las multas para aquellas personas que incumplan la norma será el mismo que estuvo vigente desde junio de 2020 y hasta junio de 2021, cuando se suprimió la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores. 

De nuevo el Gobierno no aclaró si habrá un nuevo fondo Covid para las comunidades autónomas, y recordó que los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 7.000 millones. No obstante, la ministra Portavoz indicó que, una vez agotada esta partida y si fuera necesario, el Gobierno está dispuesto a aportar más recursos económicos.

Además, el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este jueves ha aprobado que las modificaciones en cuanto al refuerzo o relajación en el uso de las mascarillas puedan hacerse mediante real decreto, es decir, que no tendrán rango de ley. El objetivo es el de acelerar estos cambios cuando la situación lo requiera.

Por otra parte, el Gobierno aprovechó el Real Decreto para cumplir su compromiso y aprobar la subida de las pensiones con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC). La decisión se toma sólo horas después de que el Senado ratificara definitivamente la ley que revaloriza las pensiones con respecto al IPC.