MADRID.- El juez central de instrucción 5, José de la Mata, ha elevado al Tribunal Supremo la causa contra la senadora y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) María José García Pelayo (PP) tras determinar que existen indicios de prevaricación continuada en las adjudicaciones que realizó a empresas de la trama Gürtel.

En una exposición motivada elevada este lunes al alto tribunal, el magistrado instructor señala que las adjudicaciones a la red de Francisco Correa incurrieron en "groseras ilegalidades" y se hicieron "incumpliendo los estatutos" del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), del que era presidenta, y sin el aval de su Consejo Rector.

Según el juez, la entonces alcaldesa sabía que todos los documentos presentados por las empresas de Correa para hacerse con estas adjudicaciones y los propios documentos administrativos "se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar en los mismos".

En concreto, el juez investiga la adjudicación del stand del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en 2004, la celebración de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez.

El mediador en estas adjudicaciones y organizador de estos espectáculos fue Isidro Cuberos, ex director de Comunicación del Partido Popular cuando Javier Arenas era su secretario general. Cuberos, que está imputado en esta pieza separada, fundó una empresa de comunicación al abandonar la política, impulsó la promoción de Jerez con motivo de la feria de turismo y medió para adjudicar los contratos a la trama Gürtel.

Los otros seis imputados por un posible delito continuado de prevaricación son los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela.

De la Mata considera que la senadora pudo incurrir en una "ilegalidad manifiesta" y actuó de forma injusta, al igual que el resto de los imputados , con el objetivo de "evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas" y que los servicios pudieran adjudicarse en virtud de los "intereses municipales y, por tanto, generales".

El juez de la Audiencia Nacional explica en su auto que la adjudicación del 'stand' de Fitur y su promoción con publicidad y propaganda -con presupuestos de 162.806,37 y 141.367,56 euros-, debería haberse realizado mediante un procedimiento de adjudicación abierto y no uno negociado sin publicidad, al igual que espectáculo ecuestre de la Plaza Mayor, que costó 39.366,92 euros. En relación con el espectáculo flamenco, por 11.855,08 euros, existen indicios de "facturación posterior" ya que no se conocía el organismo público que iba a proceder a abonar este contrato.

En todos los casos, el juez señala que García Pelayo, como alcaldesa y presidenta del IPDC, conoció las irregularidades cometidas, aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de condiciones técnicas, dispuso la apertura del procedimiento negociado sin publicidad, adjudicó los contratos sin que se cumplieran los requisitos legales, aprobó el pago de las facturas y ordenó que se abonaran.

El magistrado deduce que García Pelayo no pudo actuar por "confusión, error o interpretación normativa alternativa". La alcaldesa tuvo que conocer la ilegalidad "cuando autorizó a las empresas a prestar sus servicios en Fitur 2004, y mucho más cuando, semanas más tarde, firmó las resoluciones administrativas".

Intermediación de Cuberos

Los contratos investigados se abordaron en una serie de reuniones que tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Jerez en noviembre de 2003. Las empresas de Correa, contando con la intermediación de Isidro Cuberos, "iniciaron de inmediato gestiones, realizaron contrataciones y efectuaron pagos a proveedores de servicios" para la ejecución de estas actividades con anterioridad al 16 de enero de 2004, fecha de adjudicación de los contratos por parte del IPDC.

De esta forma, los documentos justificativos del expediente administrativo, las proposiciones económicas y el resto de documentos incluidos en los contratos "no fueron elaborados ni firmados en las fechas que constan en los mismos sino en fechas posteriores y una vez ejecutados los trabajos".

Con posterioridad a la realización de los trabajos, empleados del Ayuntamiento confeccionaron los "documentos administrativos" y establecieron los "procedimientos necesarios" para dar a los expedientes "una apariencia de legalidad". Las empresas aportaron la documentación necesaria un mes después de la finalización del concurso.

El director del IPDC, José Agüera, justificó "indebidamente" en las memorias del organismo la necesidad de acudir a un "procedimiento de urgencia" para realizar estas adjudicaciones, mientras que la empleada Lourdes Montenegro "habría intervenido en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar oficialmente".

Una vez prestados los servicios, las empresas adjudicatarias presentaron facturas al IPDC, que fueron aprobadas por García Pelayo en su condición de presidenta, a pesar de que no reunían los requisitos establecidos en la ley. En la aportación de la documentación por parte de las empresas de la Gürtel habrían participado Correa y Crespo en calidad de directivos y Jordan y Nombela como trabajadores.