MADRID.- El juez central de instrucción 5, José de la Mata, ha dictado un auto, equivalente al procesamiento, contra la cúpula de la trama Gürtel. Son Pablo Correa y José María Crespo, Isabel Jordán así como cinco funcionarios y un empresario por los contratos del ayuntamiento de Jerez para la organización de dos eventos en Madrid con motivo de la feria de turismo Fitur en 2004.

El Tribunal Supremo, por su parte, se declaró competente el pasado 9 de septiembre respecto a una pieza separada de este caso, en lo referente a la entonces alcaldesa de Jerez, del PP, María José García-Pelayo, al ser una persona aforada en su condición de senadora.

Las adjudicaciones de los tres contratos se realizaron a dedo en beneficio de tres empresas, por importe de 355.391 euros. El juez describe las “groseras irregularidades” que se cometieron, como completar aprobar las adjudicaciones por un órgano no competente; sin constituir fianza y por procedimientos que no eran objetivos.

La persona que intermedió entre el Ayuntamiento de Jerez y las empresas de la trama Gürtel fue el periodista Isidro Cuberos, fallecido el pasado 25 de octubre en Mijas (Málaga)

La persona que intermedió entre el Ayuntamiento de Jerez y las empresas de la trama Gürtel fue el periodista Isidro Cuberos, quien falleció el pasado 25 de octubre en Mijas (Málaga) después de que su moto cayera por un terraplén. Cuberos fue director de Comunicación del Partido Popular en la época de Javier Arenas, entre otros cargos, hasta que en 2002 abandonó el PP y creó una empresa de Comunicación con su nombre.

El juez de la Audiencia Nacional ha firmado un auto de modificación a procedimiento abreviado de la pieza sobre tres contratos de Fitur adjudicados a dedo por el supuesto delito de prevaricación continuada.

Los contratos consistieron en la instalación de un expositor —stand— en la propia Feria de Turismo, así como en la organización de un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y de otro flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del parque del Retiro.

El juez resuelve que las sociedades adjudicatarias de la constelación Gürtel —Special Events, Teleanuncio y Down Town Consulting— y la empresa pública IPDC ocultaron la participación real de Isidro Cuberos en esta adjudicación, a quien se le repartieron parte de los beneficios.

El juez de la Mata relata cómo las empresas de Correa iniciaron la ejecución de todos los servicios necesarios. Lo hicieron antes de su adjudicación formal por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC) un órgano que no era el competente para ello. Y según explica el magistrado, los contratos y demás documentos administrativos fueron elaborados una vez finalizada Fitur 2004. Los contratos se adjudicaron sin concurso público y en algunos casos como contratos menores y sin publicidad.

Contratos con el Ayuntamiento de Jerez

El juez individualiza las conductas de los imputados, entre otros el entonces secretario del Ayuntamiento de Jerez y las dos interventoras del mismo a quienes les imputa el suscribir distintos documentos administrativos para dar apariencia de legalidad a toda la actuación investigada. Unos expedientes administrativos en los que se incurrieron, según de la Mata, en groseras ilegalidades.

El juez estima que los expedientes administrativos "se construyeron" meses antes de la adjudicación y que "todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas"

Las empresas adjudicatarias elaboraron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de Fitur 2004 y por tanto con posterioridad a la propia prestación de sus servicios, con lo que se demuestra que los expedientes administrativos "se construyeron" en realidad en febrero de 2004 y que "todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".

Los hechos relatados encajan, según el juez, en un delito de prevaricación continuada, en tanto que se produjeron actos administrativos decisorios, "objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales, que ampararon una situación en la que se prescindió total y completamente del procedimiento establecido por ley".

“Estamos ante una situación de ilegalidad manifiesta que todos conocían cuando autorizaron a las empresas a prestar sus servicios en Fitur 2004, y mucho más cuando, semanas más tarde, prepararon los expedientes administrativos, los pliegos de condiciones, propuestas de adjudicación, contratos administrativos, informes administrativos, formatos administrativos de intervención, etc", destaca el juez para quien resulta "evidente" que los funcionarios fueron "plenamente conscientes de la arbitrariedad de todas las resoluciones” y que estaban resolviendo al margen de la ley para dar cobertura a una situación “creada más allá de todo procedimiento legal y que provocaba un resultado injusto”.

“Estamos ante una situación de ilegalidad manifiesta que todos conocían cuando autorizaron a las empresas a prestar sus servicios en Fitur 2004, y mucho más cuando, semanas más tarde, prepararon los expedientes administrativos", afirma el juez

Las acusaciones disponen de diez días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral o en su caso sobreseimiento de la causa. Los funcionarios procesados por la Audiencia Nacional son Manuel Baez Guzmán, secretario del ayuntamiento; José Aguera González; director del IPDC, así como las interventoras María del Milagro Pérez Pérez y Milagros Abascal Torres. De la Mata procesa también a los directivos y trabajadores de Gürtel Francisco Correa Sánchez; Pablo Crespo Sabaris; Isabel Jordán Goncet y Javier Nombela Olm.