La mayoría de los jueces vinculados a las asociaciones son favorables a hacer huelga antes del 28M para que les suban el sueldo

La primera jornada de huelga general de los funcionarios de Justicia, con paros entre las 10 y las 13 horas de este lunes para reivindicar aumentos salariales, ha sido secundada por el 85% de los 45.000 funcionarios, según los sindicatos convocantes. En un solo día, esas tres horas de paro, que se repetirán a diario, han provocado la paralización de unas 700.000 actuaciones judiciales, "viéndose afectados decenas de miles de juicios". "Estimamos que, de continuar esta situación, se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo causado por esta primera jornada de huelga", consta en un comunicado de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF).

A esta nueva situación de parón en los juzgados, tras la huelga de dos meses seguida por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) que se saldó con un aumento de hasta 450 euros al mes, podría unirse pronto una nueva huelga: la de los jueces y fiscales. 

En un comunicado conjunto de las cuatro asociaciones judiciales --Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)--, se insta al Ministerio de Justicia a aprobar las subidas salariales para la carrera judicial antes del 30 de mayo y se anuncia la preparación de un calendario de medidas de presión. 

Aunque en un principio las asociaciones descartaban, entre esas medidas de presión, la convocatoria de huelga, esta posibilidad ya está encima de la mesa. Según una consulta interna de la APM, el 70,31% de sus afiliados es favorable a hacer una huelga si el departamento de Pilar Llop no accede a las mejoras en la nómina que reivindican. La APM es la asociación mayoritaria. 

De los 5.300 jueces y magistrados que ejercen en la actualidad, más o menos la mitad está integrada en las cuatro asociaciones judiciales. 

Foro Judicial Independiente también ha difundido que la postura mayoritaria de sus asociados pasa por secundar una huelga en caso de no llegar a un acuerdo con el Ministerio. Desde la AJFV, se comunica que la asamblea encomendó al Comité Nacional "explorar vías de reivindicación profesional sin descartar la huelga". Y desde la progresista JJpD se informa a este diario de que "no se descarta la huelga, todo depende de cómo vaya la Mesa de Retribuciones del próximo 3 de mayo". 

Esa fecha será crucial. Se reunirán el Ministerio de Justicia, el de Economía y las asociaciones para pactar una subida salarial. La primer reunión preparatoria, el 31 de marzo, fue "decepcionante", según las asociaciones. 

Los fiscales, por su parte, calificaban como "desalentadora" su propia cita con el departamento de Llop y anunciaban a través de las tres asociaciones de la carrera que se unen a las reivindicaciones del colectivo de jueces y confeccionarán juntos el calendario de medidas de presión. 

Cuatro huelgas desde 2009

Desde 2009 han sido cuatro las convocatorias de paros y huelga entre los jueces y fiscales. En 2018 hubo dos citas, en mayo y noviembre de ese año, con un seguimiento que alcanzó el 60% entre los jueces y el 38% entre los fiscales, según los convocantes. En aquel momento, se reivindicó un reforzamiento tanto de la imagen de independencia de la Justicia como de la autonomía del Ministerio Fiscal, dejando a un lado las mejoras salariales y profesionales. 

En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy se ganó a pulso una histórica jornada de huelga entre fiscales y jueces de toda España, que colgaron las togas en protesta por la práctica totalidad de las medidas impulsadas desde el despacho del ministro Alberto Ruiz-Gallardón: desde las tasas judiciales desorbitadas a los indultos arbitrarios, la pseudo privatización del Registro Civil, o el intento de politización del Consejo General del Poder Judicial, así como la paupérrima situación de medios personales y materiales los juzgados. 

El 18 de febrero de 2009 tenía lugar la primera huelga general de jueces de la democracia para denunciar la falta de medios de la Administración de Justicia. Entonces se abrió el debate sobre el derecho a la huelga de los jueces, hoy consolidado tras las previas convocatorias. Si bien la carrera judicial tiene prohibida la sindicación, nada en la ley impide su derecho a la huelga. 

Desde el Ministerio de Pilar Llop se indica que "nosotros dialogamos con todas las fuerzas políticas y con todos los colectivos" y señala que su actitud es "de mano tendida". 

El contexto de las reivindicaciones tanto de los funcionarios de la Administración de Justicia como de las carreras judicial y fiscal es el aumento salarial en la línea de lo conseguido por los letrados judiciales (LAJ) el pasado 27 de marzo. 

Los LAJ desconvocaron entonces la huelga iniciada el 24 de enero al lograr de Justicia un aumento entre los 430 y 450 euros brutos al mes. La huelga ha dejado 360.000 juicios suspendidos, 424.000 demandas pendientes de reparto y cerca de 1.300 millones de euros parados en las cuentas de consignaciones de los juzgados, un escenario que no hará posible "recuperar la normalidad durante 2023".