Los seis aspirantes al Tribunal de Cuentas que corresponde elegir al Congreso de los Diputados se han sometido este martes al examen de la Comisión de Nombramientos de la Cámara Baja, logrando la idoneidad por 242 votos a favor, del PSOE, PP y Unidas Podemos, y doce en contra, del Grupo Plural. Su nombramiento se efectuará en la sesión del próximo 11 de noviembre. Estos candidatos junto con los otros seis correspondientes al Senado invierten las fuerzas en el órgano fiscalizador del gasto público: ahora serán siete consejeros progresistas frente a cinco conservadores. 

El mandato de los doce miembros del actual Tribunal de Cuentas venció el pasado mes de julio; fueron elegidos en 2012, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta. Este órgano constitucional, "muy desconocido para la mayor parte de la sociedad", como se ha indicado durante la sesión de este martes, ha saltado a la palestra en los últimos tiempos a propósito de la fianza de 5,4 millones de euros para los ex altos cargos del Govern por la acción exterior a favor del 'procés', conocida como Diplocat.

También cobró protagonismo este órgano a raíz de su sentencia, de noviembre de 2018, por la que condenaba al expresidente Artur Mas al pago de 4,9 millones de euros invertidos en la consulta del 9 de noviembre de 2014. 

Juicio por el Diplocat

La nueva composición de carácter progresista del Tribunal de Cuentas, con la exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante fuera ya del órgano fiscalizador, abre un nuevo panorama frente al juicio de los 34 ex altos cargos de la Generalitat responsables del Diplocat. Mariscal de Gante era la consejera designada para el enjuiciamiento de Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y otra treintena de personas. Tras el nombramiento de los nuevos miembros, habrá que designar a un nuevo consejero o consejera para este juicio por presunta responsabilidad contable.

Precisamente el ultimo paso dado por el Tribunal de Cuentas en este sentido fue el rechazo de los avales presentados por parte de los excargos del Govern para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros. Los afectados han recurrido y el nuevo tribunal deberá estudiar sus recursos. 

Otra de las cuestiones importantes que ultima este órgano es el informe sobre los gastos públicos del Gobierno efectuados durante la pandemia, que podría suponer un nuevo varapalo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras la sentencia del Tribunal Constitucional por el segundo estado de alarma. 

Un acuerdo para echar a Mariscal de Gante

En la sesión de la Comisión de Nombramientos este martes no ha habido sobresaltos, salvo un conato de enfrentamiento entre Enriqueta Chicano, consejera del Tribunal de Cuentas y candidata del PSOE a continuar en el cargo, y el diputado de Junts Josep Pagés, que ha llegado a tachar de "abuso de derecho" que el Tribunal de Cuentas controle el ejercicio de una competencia legítima de una comunidad autónoma, como es la acción exterior de la Generalitat de Cataluña. Chicano le ha respondido: "No es un abuso de derecho el control del gasto público en cualquiera de sus facetas y ámbitos territoriales".

Otro momento algo tenso se ha vivido cuando el representante del PP ha insinuado que la propuesta de Diego Íñiguez Hernández, actual jefe de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como consejero del Tribunal de Cuentas por parte del PSOE quizá no era idónea. Diego Íñiguez ha sido magistrado de lo Contencioso Administrativo en la Audiencia Nacional, destacando su perfil técnico.

El acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar a los miembros del Tribunal de Cuentas incluía la salida de Margarita Mariscal de Gante, por su perfil político, y la entrada de Íñiguez y de Elena Hernández Salgado, a propuesta del PP en el Senado, secretaria general técnica en el departamento de Enrique López en la Comunidad de Madrid. 

Otra de las novedades de la renovación del Tribunal del Cuentas es que el hasta ahora fiscal jefe del organismo, Miguel Ángel Torres, ha sido propuesto por el PP para que sea consejero. Esta jugada obligará a la fiscal general del Estado a nombrar a un nuevo fiscal jefe, que será el encargado de formular la demanda por responsabilidad contable en la acción exterior del 'procés'. Por su parte, la Abogacía del Estado no actuará contra los ex altos cargos de la Generalitat

El precedente de Ana Botella

Desde hace dos décadas el PP dominaba el Tribunal de Cuentas. Polémica fue su revocación de la condena inicial contra la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y siete miembros de su gobierno por la venta, en 2013, de más de 5.000 inmuebles protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda, de los que 1.860 estaban alquilados a familias vulnerables, a un fondo buitre. La condena obligaba a la indemnización de 22,7 millones de euros. Sin embargo, la Sala de Enjuiciamiento revocó el fallo en 2019. 

La resolución que anulaba la condena fue adoptada por dos consejeros, de los tres que forman la Sala, nombrados a propuesta del PP, incluida Margarita Mariscal de Gante. 

Que Ana Botella se quedara sin reproche del Tribunal de Cuentas ha determinado que no se siente en el banquillo de los acusados en el juicio que comienza este este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid por la venta de los 1.860 pisos protegidos por parte del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre en 2013.

El Tribunal de Cuentas es en teoría un órgano administrativo, pero a la vez funciona como un órgano jurisdiccional, cuyas sentencias solo son recurribles ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. "Es un agujero negro del Estado, no se fiscaliza su actividad", ha dicho en la Comisión de Nombramientos el diputado de Junts Josep Pagés.

Los nuevos consejeros del Tribunal de Cuentas, según el acuerdo entre PP y el Gobierno y que otorga a este una mayoría de siete consejeros frente a cinco de carácter conservador son: Enriqueta Chicano, que repite y se perfila como nueva presidenta; Dolores Genaro, que también repite; la profesora de Derecho Mercantil Isabel Fernández; Diego Íñiguez; el catedrático de Derecho Mercantil José Manuel Otero; el fiscal Miguel Ángel Torres; el profesor de Derecho Administrativo Joan Mauri; el catedrático de Economía Aplicada Javier Morillas; Elena Hernández; la exsubdirectora general del Notariado, Rebeca Laliega; el abogado Luis Antonio Ortiz de Mendivil; y la gerente tributaria Luz Rodríguez.