El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este viernes que volvería a nombrar a Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción, aún sabiendo que regentaba con sus hermanos una sociedad en Panamá, algo que a su juicio no es ni ilegal ni irregular.

"De haberlo sabido y analizado con estos criterios objetivos no me hubiera impedido en absoluto su designación", ha dicho Maza en un coloquio organizado esta mañana por Nueva Economía Forum, en el que ha puesto en tela de juicio "las críticas que ha sufrido este dignísimo miembro del Ministerio Fiscal".

En relación con Moix, Maza ha explicado que el problema parece obedecer a que la sociedad heredada por él está radicada en Panamá -considerado un paraíso fiscal-. Si hubiese sido en otro país no hubiese pasado nada, ha asegurado antes de añadir que no ha apreciado que Moix "en su corto mandato haya incumplido la defensa de le legalidad".

Y ha añadido: "Cualquiera que conozca esta materia sabrá que el hecho de heredar una vivienda de su padre no es incurrir en un supuesto de irregularidad".

Para Maza, la crisis surgida a raíz del cese de Moix no cuestiona la independencia de la Fiscalía Anticorrupción ni su idoneidad para actuar en lugar del juez de instrucción en la investigación de estos delitos.

Sobre esta reforma, la que debería situar al juez como garante y al fiscal como director de las investigaciones penales, ha expresado su propuesta de reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal para "potenciar la independencia de criterio de cada fiscal".

Eso sí, sin olvidar que "cada fiscal responde a su superior para responder a esa unidad de criterio" de la Fiscalía sin entrar no obstante en la órbita del poder político.

En relación a la candidatura a cubrir el puesto de Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción, Maza se ha mostrado seguro de la validez y capacidad de los "magníficos candidatos" que se presentarán y ha dicho que no va a "dirigir sospechas ni prejuicios contra nadie" en relación a las supuestas filtraciones que se han producido en casos de corrupción como Lezo.

Sobre el anuncio del exconsejero madrileño Francisco Granados, excarcelado el pasado miércoles, de que iba a actuar contra los miembros de la UCO o de la Fiscalía que firmaron informes contra él ha dicho que prevalece su derecho a la libertad de expresión, pero que no podrá querellarse contra la institución, sino contra una persona en concreto que también tendrá derecho a "defenderse".

Y en relación a la discrepancia de criterio que se produjo entre la Fiscalía -que se negó a imputar al expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez- y las fiscales del caso Púnica, Maza ha dicho que sigue respaldando el criterio del Ministerio Público pero que no cuestiona el del fiscal instructor que procesó a Sánchez.

Y ha manifestado que esperarán al transcurso de la investigación para ver si hay "motivos para que la Fiscalía tenga que cambiar de criterio". 

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, poco antes de su intervención en un desayuno informativo. EFE/Sergio Barrenechea

En relación a la consulta catalana el fiscal general del Estado ha anunciado este viernes que la Fiscalía actuará "sin ningún tipo de complejo ni exacerbación" ante cualquier ilegalidad derivada del referéndum anunciado para el 1 de octubre en Catalunya, incluida la participación de voluntarios que pretende captar el Govern.

"La Fiscalía está para hacer cumplir la legalidad y, si entendemos que en cualquier circunstancia se ha incumplido la ley, actuaremos sin ningún tipo de complejo ni exacerbación de nuestra actuación", ha subrayado Maza en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum.

Según ha explicado Maza, el Ministerio Público no ha tomado aún ninguna decisión sobre si dirigir acusación contra estos voluntarios y ha dicho que lo único que hay por el momento es "una mera hipótesis" que él no va a entrar a valorar.

Puigdemont dijo que "nadie será forzado a nada" en la organización del referéndum sino que serán "funcionarios o no" que se apunten voluntariamente a una bolsa "para que el Govern los acredite como agentes electorales en el referéndum, para dar garantía al proceso".

La decisión de la Fiscalía de adelantarse incluso a la convocatoria formal responde a que, aunque el anuncio de Puigdemont no ha "venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable", a su juicio demuestra la tesis del Ministerio Público de que el objetivo de la licitación de la compra de urnas es celebrar un referéndum ilegal.

Por su parte, Maza también se ha manifestado sobre una hipotética actuación del Gobierno a la hora de recuperar la competencia de los Mossos de Esquadra, si bien ha dicho que se trata de una "cuestión política del Gobierno" en la que él no puede entrar.