Cerca de medio centenar de instituciones y asociaciones cívicas, culturales y políticas de Lugo se han agrupado en la plataforma Lugo sen Mordazas para evitar la aprobación de la nueva ordenanza ciudadana que ha presentado el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE.

Los miembros de la plataforma, que la denominan “ordenanza mordaza” para equipararla a la ley mordaza -la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que entró en vigor en el 2015 bajo el gobierno del Partido Popular-, aseguran que “recorta las libertades” ciudadanas.

La nueva norma contiene preceptos que regulan diversos aspectos del comportamiento cívico en la ciudad. Cuando hace unos meses se hizo público su contenido, provocó una sonada polémica porque, entre otras cosas, incluía multas de hasta 750 euros por practicar sexo en el interior de un vehículo estacionado en un lugar público.

Los miembros de la plataforma advierten de que la ordenanza contiene otras sanciones que violentan los derechos cívicos, coartan la libertad individual o castigan exageradamente comportamientos groseros o poco educados que no deberían estar sometidos a sanciones dinerarias. Así, permite a la Administración local imponer multas de hasta 1.500 euros por hacer llamadas “jocosas” a la policía local, por hacer acrobacias con bicicletas y monopatines y por practicar juegos y competiciones deportivas masivas o espontáneas en la calle.

Asimismo, si llega a aprobarse, el Ayuntamiento podrá castigar con hasta 750 euros actitudes como timbrar sin motivo en un portal, proferir palabras “soeces” en la calle, arrastrar muebles en casa molestando a los vecinos, y lavarse en una fuente pública o permitir que en ella beban mascotas. Incluso, según Lugo sen Mordazas, la policía local quedará legalmente facultada para requisar un balón y cualquier otro elemento de juego si considera que sus usuarios, sean niños o adultos, causan molestias al público.

Cartel de 'Lugo sin mordaza'.

El Ayuntamiento de Lugo está gobernado por Lara Méndez, que fue investida en el 2015 con el apoyo de Lugo Novo, formación vinculada a En Marea, y del Bloque Nacionalista Galego. Dos formaciones que forman parte de la nueva plataforma, en la que también están Podemos, Esquerda Unida, el Partido Comunista de España, Anova, Equo, el sindicato nacionalista CIG, SOS Racismo , la Rede de Apoio Mutuo y la Plataforma Feminista de Lugo, entre otras organizaciones.

Fuentes próximas a Méndez aseguran que lo que ha presentado el Ayuntamiento es un “borrador abierto” que se basa en la “regulación básica” de las ordenanzas de seguridad ciudadana aprobada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y por le Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Además, sostienen que no se manejan todavía plazos para su presentación al pleno, dado que la propia alcaldesa ha pedido al resto de partidos, a los colectivos ciudadanos y a los lucenses para que aporten su opinión y propongan las modificaciones oportunas.

Lo cierto es que los miembros de Lugo sen Mordazas reclaman no la modificación del proyecto normativo, sino su retirada, ya que lo consideran “regresivo” y comparable a la ley de vagos y maleantes del franquismo, porque que busca “evitar cualquier tipo de disidencia o protesta de la ciudadanía contra las políticas del gobierno” local.

Además, la califican de “discriminatoria, clasista, racista y machista”, porque “criminaliza la pobreza” y opta “por la crueldad y el ensañamiento” con las personas carentes de recursos. El borrador propone multas de hasta 3.000 euros por pedir limosna en la vía pública, y por vender pañuelos, limpiar parabrisas o hacer juegos malabares en los semáforos, y prevé también requisar a los vendedores ambulantes el dinero obtenido con su actividad, aunque no sean sorprendidos ejerciéndola, y retirar las ayudas sociales a quienes realicen prácticas consideradas como de “mendicidad encubierta”.

En cuanto al ejercicio de la prostitución –una de las razones que alega el Concello para sancionar las prácticas sexuales en el interior de vehículos privados aparcados en zonas públicas-, la ordenanza, a juicio de la plataforma, promoverá “la persecución con multas de las prostitutas”, facultando a los agentes de la policía local incluso para irrumpir en domicilios donde contraten sus servicios.