Los diversos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados se están revelando bastante activos a la hora de registrar y presentar proyectos legislativos, es decir textos articulados que tienen vocación de acabar siendo publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en forma de leyes para incidir de múltiples formas en el conjunto de la sociedad. Esa es la finalidad principal de una cámara parlamentaria, además de la misión de controlar al Gobierno de turno.

Sin embargo, esa dinámica tan prolífica se frena de forma brusca una vez que las propuestas legislativas cruzan el preceptivo registro administrativo en la cámara, una formalidad que por lo demás es tan sencilla como la que puede realizar cualquier persona de forma cotidiana.

¿Qué sucede?, pues que la “voluntad política” suele cambiar de forma brusca una vez se cruza ese “Rubicón”. Una cosa es que un grupo parlamentario tome una iniciativa sobre un asunto de mayor o menor trascendencia política – bien sea social o económica – redactada como una propuesta legislativa y otra muy diferente es darle trámite.

En estos momentos hay 64 proposiciones de ley registradas por los grupos parlamentarios que están “sesteando” entre los diversos trámites parlamentarios que sigue cualquier iniciativa legislativa; la mayoría de ellos se encuentran haciendo cola en el primero de los tramos que reglamentariamente debe seguir cualquier iniciativa: la toma en consideración por el pleno de la cámara.

En esta situación se encuentran ni más ni menos que 30 proposiciones de ley, de todos los colores políticos; incluso hay un par de ellas que están firmadas por todos los grupos de la oposición. La toma en consideración de una iniciativa legislativa implica que el pleno del Congreso de los Diputados debe debatir y votar si empieza su tramitación en la cámara.

Esos debates se producen en las sesiones plenarias de los martes por la tarde – hasta ahora se iniciaban a las cuatro de la tarde y desde hace unas semanas se ha adelantado su inicio a las tres, aunque se quiere comenzar incluso antes, al mediodía – y en cada una de ellas hay un “cupo” de iniciativas que se distribuye entre los grupos, en función de su importancia numérica. Si se registran más propuestas legislativas que las que se debaten, pues ahí empieza el primer atasco.

Pero ese no el único morito del pausado procedimiento legislativo. Otras 20 proposiciones de ley están pendientes de “contestación” por parte del Gobierno, que tiene el “derecho” de pronunciarse sobre cualquier iniciativa legislativa en el plazo de un mes desde su calificación por parte de la Mesa de la cámara tras registrarse.

Pero ocurre que el Gobierno en esta legislatura, en la que se encuentra en franca minoría frente a una diversa oposición, además echa mano de otro recurso a su alcance: promueve el “veto” a una determinada propuesta legislativa con los más diversos argumentos.

De las 20 proposiciones de ley que están a la espera de contestación del Ejecutivo 13 se encuentran dentro del “plazo” de un mes mientras que el resto están vetadas. Son cifras que no tienen precedentes en las anteriores legislaturas, según fuentes parlamentarias.

En este “paquete” de 20 iniciativas se encuentras propuestas legislativas como la revalorización de las pensiones, el reconocimiento a las víctimas de la dictadura franquista y el impulso a la memoria histórica o el fomento del autoconsumo energético, proposición de ley suscrita por todos los grupos de la oposición.

Finalmente, otras 11 proposiciones legislativas, superados los anteriores escollos, se encuentran en este momento en el lugar que se considera habitual en la tramitación legislativa: en su comisión parlamentaria correspondiente – según sus contenidos – para su debate y votación antes de ser remitidas al pleno para su ratificación final.

Pero en esta situación también hay dilaciones, incluso importantes. Cuando un texto legislativo llega una comisión el primer trámite consiste en abrir el plazo para presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Es un tiempo tasado, pero se pueden acordar prórrogas para dar tiempo a la negociación política. En realidad, es un trámite que, como el chicle, se puede ir estirando a conveniencia de los diferentes grupos políticos.

Poe ejemplo, hay varias proposiciones de ley, entre ellas la paralización del calendario de la LOMCE- aparte de la decisión que adoptó en su día el Gobierno – o la que pretende fijar una cantidad para el salario mínimo interprofesional, que llevan 3 meses en el plazo de enmiendas a la totalidad del texto; luego vendrá el plazo para las enmiendas al articulado.

Las comisiones de Justicia, presidida por la socialista Margarita robles, tiene tres proposiciones entre manos; la de Empleo, que preside el diputado de podemos Alberto Montero, otras tres, igual que la comisión Constitucional, que dirige el expresidente de la cámara, el popular Jesús Posada.

Hay algunas proposiciones de ley que más que sestear llevan durmiendo muchos meses. Las más antiguas, como la que pretende reformar la ley electoral, se encuentran varadas desde el pasado mes de septiembre. La iniciativa más reciente, de la pasada semana, es un texto que busca la protección de las personas vulnerables en materia energética. Ambas son del grupo socialista.

Los socialistas son quienes tienen un mayor número de proposiciones de ley que aguardan su tramitación: un total de 20, prácticamente un tercio del total. Le sigue el grupo mixto, con la mitad, 10, propuestas por los diferentes grupos que lo integran, aunque destaca el PDeCAT.

El grupo de Podemos tiene en la cola otras 9 proposiciones de ley, mientras que los grupos de Ciudadanos y de ERC empatan con otras cinco cada uno. PNV tiene registradas cuatro y el grupo popular firma apenas dos, las mismas iniciativas que están avaladas por toda la oposición de forma conjunta. Otras tres son propuestas presentadas por otras tantas comunidades autónomas.

Este estado de cosas ha provocado, por ejemplo, que el pleno de la primera semana de marzo no celebrase sesión el jueves, día dedicado al debate de totalidad de leyes o su aprobación final, sencillamente porque no había materia legislativa sobre la que debatir o votar.

Algo parecido a lo ocurrido en la sesión de este jueves en la que el pleno apenas debatió un proyecto de ley del Gobierno de carácter técnico – los precursores de explosivos - y, eso sí, un buen puñado de acuerdos y tratados internacionales que debían ser ratificados por la cámara. Pero nada más. Sigue sin haber “chicha” legislativa.