El 15 de junio de 2019 fue el fin de una era en Melilla. Durante 19 años, todo lo que llevamos de milenio, Juan José Imbroda ha gobernado la ciudad autónoma, primero en el partido Unión del Pueblo Melillense, luego ya en el Partido Popular tras su integración. Pero ese sábado de junio pasó algo improbable: entre gritos de “traidor”, el único diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Melilla, Eduardo de Castro, era elegido presidente de la Ciudad Autónoma por un voto más que los que recibió Imbroda. El PP logró 10 escaños de los 25 de la Asamblea de Melilla.

El dominio electoral del ya expresidente Imbroda no se puede entender sin el dinero público aportado por su gobierno a los medios locales. Público en colaboración con porCausa ha accedido al gasto en publicidad institucional del Gobierno de Melilla desde 2013 al 2018 a través de una solicitud de información pública al amparo de la Ley de Transparencia. Su análisis muestra un millonario apoyo económico a medios amables con el Partido Popular y cómo un grupo mediático crítico que no recibió ninguna subvención se vio forzado a cerrar.

El presupuesto de la Ciudad Autónoma de Melilla en el año 2018 fue de algo más 267 millones de euros. Casi un 1% del gasto público de la ciudad norafricana fue destinado a publicidad institucional en medios de comunicación locales. En concreto, al menos 2.369.798 euros en 2018, según los datos aportados por la Consejería de Hacienda. Para comprender mejor lo que supone esta cantidad en la ciudad autónoma, un dato: en el padrón municipal hay 86.384 habitantes. Por lo tanto, la administración local de Melilla gastó más de 27 euros por persona al año en anuncios en medios privados.

Entre 2013 y 2018, la Ciudad Autónoma de Melilla ha adjudicado 12.131.951 euros en publicidad institucional a medios locales, más de 2 millones por año. “Los medios están controlados por Imbroda: solo hay que abrir los diarios Melilla Hoy y El Faro”, declaró el ahora presidente Eduardo de Castro a El Confidencial. 

3 millones para el grupo mediático de un afiliado al PP

La radiografía de las campañas de publicidad institucional muestra como grandes beneficiarios a los dos periódicos locales que siguen llegando cada día a los kioskos de la ciudad fronteriza: Melilla Hoy y El Faro de Melilla con 2.982.351 y 2.612.222 euros adjudicados respectivamente en anuncios institucionales del Gobierno de Imbroda entre 2013 y 2018. Este último año marca el récord de ingresos de dinero público para ambos periódicos: 656.068 para Melilla Hoy y 544.253 para El Faro de Melilla.

El empresario local Juan Luis Remartínez Burkhalter, quien en su cuenta personal de Twitter ha reconocido ser afiliado del Partido Popular y retuitea al presidente melillense Juan José Imbroda y otros miembros del PP, se ha llevado más de 625.000 euros anuales en publicidad institucional del Gobierno de Imbroda en estos seis años.

Remartínez es el dueño de las radios Onda Cero Melilla y COPE Melilla y de la televisión Popular TV Melila. Tresforcas Digital SL, la empresa detrás de Popular TV Melilla, es el tercer medio al que más dinero recibe del Gobierno de Melilla en publicidad institucional: 1.894.854 euros en seis años. Rusadir Media SL es la empresa matriz de Onda Cero Melilla y Cope Melilla y la receptora de 1.862.600 euros de anuncios institucionales. En total, las dos compañías del empresario popular Juan Remartínez han recibido 3.757.455 euros del Gobierno local en seis años mediante campañas de publicidad institucional.

Las radios locales del Grupo PRISA (Cadena SER, Los 40 Principales, Cadena Dial) han recibido poco más de 2 millones de euros de dinero público por campañas de publicidad institucional entre 2013 y 2018.

La partida detallada de publicidad institucional permite comprobar que dos medios críticos con el Gobierno de la ciudad autónoma no recibieron dinero de la Ciudad Autónoma en este período. Se trata del digital La Luz de Melilla y de la televisión local CablemelTV. Ambas pertenecían al Grupo Gaselec, empresa distribuidora de energía eléctrica en Melilla. La Luz de Melilla y CablemelTV cerraron en 2017.

Anteriormente, en el año 2015, cerró El Telegrama de Melilla. La directora del medio responsabilizó a la Ciudad Autónoma de su cierre por no pagar la publicidad contratada. Su clausura evidenció la clara dependencia de los medios melillenses del dinero aportado por el propio Gobierno de Imbroda a través de anuncios en sus páginas o emisoras.

La Federación de Sindicatos de Periodistas reclamó entonces al Gobierno de Melilla que cumpliese “el compromiso sobre publicidad institucional que ha pactado con los medios de comunicación melillenses, ya que su demora en los pagos está poniendo en riesgo también la viabilidad de varios medios de la ciudad, lo que supondría un deterioro de la calidad informativa y el pluralismo informativo, así como un aumento de la precariedad laboral y profesional de la mayoría de los trabajadores de la comunicación melillenses”.

Se pretende revisar el modelo de publicidad institucional

"La publicidad institucional se va a mantener porque es una necesidad de cualquier administración pública de comunicar lo que está haciendo", ha declarado a Público el nuevo consejero de Hacienda, Economía y Empleo de Melilla, el independiente Julio Liarte en el Gobierno tripartito de PSOE, Coalición por Melilla y Ciudadanos. "Hay que utilizar los medios de comunicación para comunicar lo que afecta a la ciudadanía como eventos, festejos o cortes de agua. Pretendemos hacerlo de una manera legal y que respete la igualdad de oportunidades y con unas contrataciones que permitan una sostenibilidad a medio plazo para las empresas que reciban esta publicidad", ha explicado Liarte.

"La contratación del anterior gobierno se viene realizando con la figura jurídica de los contratos menores, medio a medio de comunicación". Preguntado por cómo se gestionará la publicidad institucional bajo su mandato, el nuevo consejero aclara que aún no está definido cómo será pero afirma que están intentando "racionalizar las necesidades de contratación” y elaborar "un plan de comunicación institucional por un período de un año" que saldría a contratación pública.

Para Liarte, que los medios locales lleguen a recibir más de un millón de euros al año del Gobierno local no implica necesariamente un trato mediático preferencial para el poder político "si se hacen contrataciones a medio plazo en base a un plan de comunicación previamente publicado y conocido por todo el mundo. Es un dinero que no tiene que relacionarse con una fidelidad determinada", a diferencia de cómo ocurría hasta ahora, argumenta el consejero. 

Incumplimiento de la Ley de Transparencia 

Aunque el Gobierno de Melilla ha facilitado gasto en publicidad institucional desde el año 2013 a 2018, esta información pública ha sido facilitada de forma limitada y saltándose los tiempos exigidos por la Ley de Transparencia e ignorando hasta el momento una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Público y porCausa solicitaron el 25 de febrero a la Consejería de Hacienda el gasto de la Ciudad Autónoma de Melilla en publicidad institucional desde los años 2010 a 2018. Al día siguiente dio comienzo el inicio del procedimiento, dando a la administración un plazo máximo de un mes para resolver de forma favorable o denegar la información según fija la Ley de Transparencia.

No obstante, el 13 de marzo, el Gobierno de Melilla informó que había remitido la solicitud a la Consejería de Hacienda en lugar de a la de Presidencia y Salud Pública, retrasando el tope para que el Gobierno local resolviese hasta el día 13 de abril, más de un mes antes de las elecciones del 26 de mayo. Ante la falta de respuesta, se presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el 17 de abril. Pero la resolución no llegó hasta el 13 de junio, tres semanas después de que los melillenses votasen y a sólo dos días del pleno de constitución de la Asamblea de Melilla donde se decidiría el nuevo gobierno. La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas concedía el acceso de la información pero solo desde el año 2013 porque según su resolución “no es posible dar acceso a los años 2010, 2011 y 2012 por que el programa informático de la Consejería de Hacienda está en funcionamiento desde el año 2013”.

Finalmente, el 9 de julio el Consejo de Transparencia estimó la reclamación e instó a la Consejería de Hacienda de Melilla a facilitar el gasto de la Ciudad Autónoma de Melilla en publicidad institucional en los años 2010, 2011 y 2012 en un período máximo de 20 días hábiles. Esta resolución del Consejo de Transparencia, ya con Julio Liarte como consejero, fue ignorada por la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo. Tras ser preguntado el 11 de septiembre por el incumplimiento de la resolución del Consejo de Transparencia, Liarte se disculpó y afirmó que “estamos preparando la información”.  A estas alturas de septiembre el gasto de publicidad institucional de los años 2010, 2011 y 2012 no ha sido facilitado por el departamento de Julio Liarte.