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memoria democrática El Parlamento de Andalucía vota sobre la exhumación de Queipo de Llano

Adelante Andalucía lleva una PNL que obligará a los partidos a posicionarse

Una imagen histórica de Queipo de Llano en Sevilla.

raúl bocanegra

El Parlamento de Andalucía debate –y vota– este jueves una Proposición No de Ley (PNL) de Adelante Andalucía en la que, en su punto 14, reclama al Gobierno andaluz que se dirija al “titular de la basílica de la Macarena” para que, “en el plazo de un mes como máximo”, proceda a la exhumación y retirada de los restos del golpista Queipo de Llano “por sus vínculos con la dictadura franquista y como dirigente militar del fracasad golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil.

La PNL añade que “en caso de no cumplir el titular con la obligación legal de tal exhumación, […] el Consejo de Gobierno a [incoará] de oficio el procedimiento para la exhumación de Queipo de Llano, que habrá de llevarse a efecto antes del mes de junio de 2020”.

La exhumación de Queipo de Llano es un asunto recurrente en Andalucía, sobre todo, tras el reciente entierro del dictador Franco en Mingorrubio, y desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, que recoge en su artículo 32 lo siguiente: “La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la dignidad de las víctimas. […] Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos”.

La interpretación que hace la mayor parte del movimiento memorialista de la norma es que la tumba del general, ubicada en la basílica de la Macarena de Sevilla, supone en sí misma una exaltación del golpe y de uno de sus dirigentes y por tanto, el cadáver de Queipo debe ser exhumado y trasladado a un lugar que no esté “proyectado a un uso público”. Miles de personas acuden a la basílica cada año. La Ley dice también que son los particulares -en este caso, la hermandad de la Macarena- quienes deben promover la retirada.

Si no lo hacen, la administración, en este caso, la Junta de Andalucía, debe proceder de oficio, si acaba por considerar que la tumba de Queipo en sí misma supone una "conmemoración, exaltación o enaltecimiento" de la dictadura y de uno de sus “dirigentes”, como dice la Ley.

Un informe jurídico

Por el momento, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo (PP), no le ve urgencia al asunto y viene esgrimiendo, entre otros argumentos, un informe elaborado por el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía, para esquivar la exhumación. En efecto, un informe, de fecha 31 de julio de 2017, elaborado por el entonces letrado-jefe de la asesoría jurídica de la Administración Autonómica, Manuel Andrés Navarro Atienza, dice textualmente lo siguiente, en su página 5: “Resulta cuando menos discutible, en atención a la información de la que disponemos, que concurran en el [caso de la exhumación de Queipo] los requisitos [que exige la ley para que exista un elemento contrario a la memoria histórica], ya que incluso en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la Memoria Democrática”.

El letrado se refiere a que la hermandad retiró hace unos años de la lápida la referencia que había al 18 de julio de 1936 y a la condición de “excelentísimo teniente general” de Queipo. Hoy en su lápida se recoge lo siguiente: “Aquí reposa en la paz del señor [el] Hermano Mayor honorífico D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 5 de febrero de 1875. 9 de marzo de 1951”.

En cualquier caso, el propio letrado, en su informe, recuerda la previsión de la propia Ley de Memoria Histórica y Democrática, que recoge la creación de un comité técnico que debe elaborar una relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados.

La última vez que el Gobierno andaluz se refirió a este asunto fue la semana pasada en el Parlamento de Andalucía. La consejera del Pozo, dijo a preguntas de la diputada Ana Naranjo (Adelante Andalucía) que “en cuanto se constituyan el comité de expertos [el comité técnico que y en diálogo con la Macarena y la familia, lo que se tenga que hacer, se hará”. Pero, agregó la consejera, "no se pueden tomar decisiones sin instrumentos”.

Luego, del Pozo agregó lo siguiente: “Yo voy por la calle y a mí nadie me pregunta por Queipo de Llano, señora Naranjo. Yo no veo esa exaltación que usted dice de Queipo de Llano. Sé que está ahí enterrado en un laíto, entrando a la izquierda [en la Basílica de la Macarena]. Esta mañana he estado yo viendo a la virgen  [de la Macarena]. Y está en un laíto enterrado. Pero nadie me pregunta [por la calle]”.

Para entender quién fue Queipo de Llano y lo que hizo es muy recomendable el libro del historiador Francisco Espinosa titulado La justicia de Queipo.

La carretera Málaga-Víznar

La PNL recoge en su exposición de motivos además críticas al respecto de la aplicación de la Ley de Memoria, aprobada la legislatura pasada sin votos en contra, con la abstención de PP y de Ciudadanos. “Los constantes incumplimientos, el descenso de la inversión presupuestaria, así como el traspaso de las competencias en materia de memoria democrática desde la Consejería de Presidencia a la de Cultura son una muestra del escaso o nulo interés por parte de nuevo gobierno de la Junta de Andalucía”, se lee en la proposición.

“El desarrollo durante más de 37 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía hace cada vez más inexplicable los escasos avances en materia de memoria democrática. Hemos perdido por motivos biológicos a la mayoría de testimonios directos de la represión franquista así como la posibilidad de reparar en la medida de lo posible a las víctimas directas de la dictadura. Recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar un futuro de convivencia y paz”, recoge también la PNL.

Adelante quiere que se honre y recuerde un recuerdo para “quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos”.

La PNL dispone además que se aumente el presupuesto un mínimo de un 15% para el año 2020, que se ponga en marcha el banco de ADN; que se inscriba la carretera Málaga-Almería como sendero de memoria y la Colonia de Víznar como lugar de memoria histórica de Andalucía; que se incremente la financiación de actividades relacionadas con el derecho a la verdad y la reparación de las víctimas; que se reclame al Gobierno central la desclasificación de toda la documentación sobre la persecución y violencia que sufrieron los andaluces; que se reclame toda la documentación sobre el asesinato de Manuel José García Caparrós, y que se inste al Vaticano a abrir los archivos eclesiásticos.