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Memoria histórica El alcalde de Sevilla reclama que la Junta, en manos de PP y Cs, cofinancie la exhumación de las fosas de la represión franquista

“Si no quisieran firmar, el Ayuntamiento de Sevilla pondría la cantidad que hiciera falta”, afirma Juan Espadas (PSOE)

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Pepita Amado, cuyo padre fue concejal republicano del Ayuntamiento de Sevilla, se hace la prueba del ADN.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), garantizó este lunes, ante la preocupación de las asociaciones memorialistas, la financiación necesaria “lo antes posible, en cuanto haya disponibilidad presupuestaria”, es decir, aún sin fecha cerrada, para exhumar las fosas comunes situadas en el cementerio que fueron utilizadas por los franquistas para deshacerse de los cuerpos de los asesinados en la represión posterior al golpe del 18 de julio de 1936 que acabaría con la II República, en las que se calcula que hay unos 4.500 cadáveres.

Espadas, en la presentación de los estudios técnicos sobre dos de estas fosas, reclamó al Gobierno andaluz, de PP y Ciudadanos, que cumpla con el compromiso de la anterior administración socialista y mantenga el acuerdo a cuatro, entre Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno de España para financiar los trabajos de exhumación de la fosa de Pico Reja, la primera que se abrirá, y en la que, según se desprende de los trabajos del historiador José Díaz Arriaza, hay más de 1.100 cuerpos, que fueron arrojados en los meses posteriores al levantamiento militar de Franco. De hecho, se cree que queda colmatada en agosto de 1936, algo más de un mes después del golpe.

El grupo municipal del PP votó a favor de la exhumación y de que la Junta aportase una parte. El compromiso era de 265.000 euros

Espadas confió en que ese pacto, unánime en el ámbito municipal, se mantenga. “Pero si alguna finalmente no lo hiciera, este Ayuntamiento estaría dispuesto a asumir su parte, porque la exhumación se va a hacer. Se lo debemos a las víctimas y a sus familiares”, agregó. “Los trabajos están hechos, la tramitación, también, existe un compromiso de financiación y el respaldo del Pleno del Ayuntamiento y continúa la recogida de muestras de ADN a los familiares, que suman ya 230”, detalló el regidor. “Los compromisos están para cumplirlos. Estamos en ello. Se va a hacer. […] Esos meses de retraso no son lo más importante”, remachó el alcalde.

A falta de saber qué decidirá el Gobierno andaluz, el grupo municipal del PP votó el pasado 28  de enero en el último Pleno a favor de una moción del PSOE que instaba a la Junta a mantener señala que, una vez localizada la fosa, se  hacía necesario realizar los trabajos de exhumación. 

Los trabajos que se van a realizar incluyen, entre otras cosas, la exhumación e individualización de los cuerpos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista que pudieran hallarse; el estudio sobre los restos que fueran recuperados, la compilación de información de los familiares que puedan asociarse a cada una de las víctimas, y la dignificación del espacio en que ha sido localizada la fosa. El coste total de las actuaciones ha sido tasado en 1,2 millones de euros, de los cuales la Junta de Andalucía y la Diputación se habían  comprometido a aportar casi la mitad, 265.000 euros cada una de ellas. El resto de las aportaciones serían realizadas por el Estado y por el propio Ayuntamiento.

Una fosa vacía

Los trabajos arqueológicos (efectuados por la empresa especializada TCA Geomática, junto con la delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales, Adela Castaño, y el historiador José Díaz Arriaza) hechos sobre una extensión superior a los 975 metros cuadrados, revelaron que en algún momento entre finales de la década de los 50 y principios de los 60, la conocida como fosa de Antigua, fue vaciada como paso previo a la urbanización y recuperación de un área de aproximadamente 15.000 metros cuadrados. En aquel momento, en pleno franquismo, se reurbanizó el cementerio de San Fernando.

Los expertos desconocen a dónde fueron a parar esos cuerpos. La intención del Ayuntamiento, según indicó la edil Adela Castaño, es proseguir con los estudios para tratar de esclarecer dónde fueron trasladados los cadáveres. En Antigua estarían los cuerpos de 5.596 personas, entre ellos 508 represaliados y represaliadas.

Antigua fue la tercera de las fosas comunes -después de la de Pico Reja y la conocida como Monumento- utilizadas por los franquistas. Estuvo en uso desde febrero de 1940 hasta junio de 1942. Se trata de una antigua fosa, cerrada en 1925, que fue vaciada de su contenido original en enero de 1940 (cuyos restos fueron trasladados a osarios) y reutilizada durante los años 1940-1942”, indicó el Ayuntamiento.

Los informes técnicos indican que la fosa Monumento mide más de 1.000 metros cuadrados y alberga 7.740 cuerpos, de ellos 2.616 de represaliados y represaliadas, según manifestó el Ayuntamiento. Se abrió en el año 1936. Se utiliza hasta 1940, y a partir de 1969 comienza a reordenarse como jardín, parte de ella desde 1990 se utiliza con nichos, y otra parte entre 2000 y 2008 con panteones.

Impacto de proyectiles

“Del examen de los cuerpos realizados en las catas del terreno, en Monumento, se constatan signos de la muerte por violencia con impacto de proyectiles”, dice el Ayuntamiento. “Junto con otras pruebas relacionadas con la posición de los cuerpos, cabe concluir que realmente es una fosa común con víctimas del franquismo”. En concreto, según ha podido saber Público, se han documentado tres depósitos múltiples simultáneos de restos humanos, es decir, cuerpos que han sido depositados conjuntamente en el mismo momento.

Además, "los cuerpos están de prono, de pie, en supino o lateral. Por tanto, una orientación dispar de los cueros y sin esmero ni para colocarlos ni para protegerlos”. También "en las excavaciones para delimitar la fosa se han documentado al menos 12 individuos que pueden corresponder con cuerpos de represaliados”. “Todos los individuos son adultos, al menos 5 de ellos masculinos y 2 pertenecientes al grupo adulto maduro (el de más de 40 años)” y “se han documentado 3 individuos con posibles evidencias de lesiones de impacto de proyectiles”.

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