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Memoria histórica La eliminación de las políticas de memoria es un claro peaje a Vox

El hasta hace poco responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, asegura que la ciudadanía y la movilización social tienen la palabra para impedir retrocesos injustificados.

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Ada Colau y Manuela Carmena, en la inauguración de la exposición 'No pasarán. Madrid, 1936'. Foto Ayuntamiento de Madrid

“La eliminación de las políticas de memoria es un claro peaje a Vox, que tiene como trasfondo un intento de blanqueamiento del franquismo”. Así de tajante se muestra Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde en el equipo de gobierno de Manuela Carmena y hasta hace poco responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria.

El cierre de esta oficina, que constituye una de las primeras medidas adoptadas por el consistorio presidido por José Luis Martínez-Almeida, pone bien a las claras, según Valiente, cuáles son las prioridades de “este gobierno de las tres derechas”.

"Supone un paso atrás en la atención a las necesidades que demanda
la población"

En declaraciones a este diario, el exconcejal de Izquierda Unida (IU) defendió el trabajo realizado por la oficina, como instrumento para priorizar políticas destinadas a los sectores de la población más vulnerables a la discriminación.
“Su eliminación”, recalca, “supone un paso atrás en la atención a las necesidades que demanda la población, como la lucha contra las discriminaciones, la accesibilidad y el empoderamiento de sectores con necesidad de apoyo institucional”.

Valiente se mostró confiado en que el nuevo equipo de gobierno municipal no podrá acabar ni revertir todas las políticas realizadas en los últimos años por Carmena. “Como estamos viendo con el caso de Madrid Central, la ciudadanía y la movilización social tienen la palabra para impedir un retroceso injustificado”, sentenció.

La Oficina de Derechos Humanos y Memoria fue creada en 2017 y su objetivo era velar por la aplicación del Plan Estratégico de Derechos Humanos aprobado por el Ayuntamiento y asegurar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, poniendo en marcha las medidas propuestas por el Comisionado de Memoria madrileño que funcionó entre 2016 y 2018, como la de promover una ciudad libre de símbolos franquistas.

En estos dos últimos años, y en asuntos relacionados con la memoria histórica, la oficina ha organizado dos exposiciones sobre la defensa de Madrid por parte de los republicanos durante la Guerra Civil.

“No pasarán. Madrid, 1936”

La primera de ellas, “No pasarán. Madrid, 1936”, fue inaugurada en abril del año pasado por la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, y por la regidora de Barcelona, Ada Colau. En ella se recordaba a los madrileños que, en noviembre de 1936, lucharon contra las tropas sublevadas al mando del general Francisco Franco, en contra del Gobierno republicano.

En la muestra se exhibió uno de los diez carteles originales que el Ayuntamiento de Barcelona donó al de Madrid, en los que se refleja la solidaridad del pueblo catalán con la población madrileña asediada en 1936.

La otra exposición, “Madrid ¡qué bien resistes!”, reunió medio centenar de imágenes del fotógrafo Javier Marquerie, tomadas entre 2014 y 2017, que contraponían el Madrid actual con el de aquella ciudad que padeció un asedio de 850 días bajo el bombardeo sistemático de sus barrios.

Otra de las iniciativas impulsadas por la Oficina de Derechos Humanos y Memoria fue la adhesión del Ayuntamiento de Madrid al proyecto Stolpersteine, que rinde tributo a las personas que fueron internadas en los campos de concentración nazis.

El Proyecto Stolpersteine, desarrollado por el artista alemán Günter Demnig, consiste en la instalación de pequeños memoriales en forma de piedras. El primero de ellos fue colocado en Berlín, en 1997, y desde entonces se han puesto más de 65.000 unidades en 23 países europeos.

Otro polémico proyecto vinculado con la oficina que dirigía Valiente era el del cambio de nombre de 52 calles y plazas de Madrid que homenajeaban a personas o acontecimientos relacionados con el franquismo.

La medida, aprobada por Carmena, está siendo estudiada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a raíz de la presentación de varios recursos de distintas organizaciones, entre ellas la Fundación Francisco Franco.

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