La cuenta atrás de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, el riesgo de perder ingresos por valor de hasta 45 millones de euros anuales procedentes del ejecutivo autonómico y la amenaza, tras dos demandas del abogado Eduardo Ranz y de la Fundación 14 de Abril, de verse obligado a poner en práctica por orden judicial algo opuesto a sus planteamientos ideológicos, como demostraron vetando los cambios de nombre de ocho calles y desistiendo de ejercer la acusación en el caso de los crímenes del franquismo, ha llevado al equipo de gobierno municipal de PP y Cs en Zaragoza a optar por la enésima reculada en sus apenas seis meses al frente del consistorio.

Aprobó este martes “la creación de un grupo de trabajo para la asignación y modificación de la denominación de las calles de la ciudad”, un mandato de la Ley de Memoria de 2007 que, pese a los notables avances bajo las alcaldías de Juan Alberto Belloch y Pedro Santisteve, nunca acabó de cumplirse en la capital aragonesa.

La junta de gobierno municipal acordó este martes crear un grupo “que se encargará de estudiar y elaborar propuestas para la asignación o modificación de denominaciones del viario y espacios públicos de la ciudad, así como de todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con la memoria histórica”, anunció el consistorio en un comunicado.

El grupo, presidido por la vicealcaldesa Sara Fernández (Cs), estará integrado por un concejal de cada grupo municipal, lo que da mayoría a PP, Cs y Vox sobre PSOE, ZeC y Podemos, y se reunirá con carácter ordinario cada cuatro meses. Estará abierto las aportaciones de técnicos municipales y expertos, con voz pero sin voto y siempre que lo autorice la presidenta, que también podrá convocar sesiones extraordinarias.

“El acuerdo forma parte de las disposiciones a adoptar por las Administraciones Públicas como consecuencia de la aprobación de la Ley 52/2007 ” de Memoria Histórica, añadía el comunicado en referencia al artículo 15 de esa norma que estableció, hace ya doce años pero sin medidas coercitivas ni sancionadoras para garantizarlo, la obligación de tomar “las medidas oportunas” para retirar de las calles y plazas “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”, y la de impulsar “la elaboración de un catálogo de vestigios” franquistas en cada municipio.

“Como si no fuera conocido y estuviera documentado”

La inaplicación de esos preceptos en Zaragoza está siendo estudiada por uno de los juzgados de lo Contencioso Administrativo de la capital aragonesa, que ha admitido a trámite el recurso en el que Ranz reclama que el ayuntamiento sea condenado “a la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura franquista, en el municipio, y adopte las medidas oportunas para su retirada”.

El pleito, explicaron fuentes judiciales, cuenta ya con una demanda formalizada, a la que el consistorio, cuyo equipo de gobierno trata de evitar la eventual condena con la creación del grupo de trabajo sobre memoria, debe presentar su oposición en los próximos días.

Paralelamente, otro juzgado de Zaragoza estudia desde hace unos días si admite a trámite la demanda en la que la Fundación 14 de abril, vinculada a IU, reclama el cambio de denominación de tres calles cuya modificación había instado hace unos meses y que PP y Cs paralizaron unos meses después de relevar a ZeC en el consistorio.

“Creemos que esta decisión vulnera la ley estatal”, señala el coordinador autonómico de IU, Álvaro Sanz, que muestra su perplejidad ante el argumento en el que se basó el equipo de Jorge Azcón (PP) y Sara Fernández para justificar esa decisión: “Alegan falta de informes históricos, como si no fuera conocido y estuviera documentado que Miguel Allué Salvador fue falangista y presidente de la Diputación de Zaragoza tras la sublevación militar de julio de 1936, que Gonzalo Calamita fue el rector que dirigió la depuración franquista de la universidad y que el arzobispo Rigoberto Domenech fue el impulsor de la adhesión de obispos y jerarcas de la Iglesia al bando franquista”.

Esas tres calles iban a ser dedicadas a una maestra mundial de danza como Lola de Ávila, a Martina Bescós, la primera cardióloga española, y a Emilio Gastón, poeta y jurista con el que Aragón recuperó la figura del Justicia (defensor del pueblo) tras el primer Estatuto de autonomía.

El riesgo de perder 46 millones

Sin embargo, no son las eventuales sentencias condenatorias en esos dos pleitos lo que más preocupa al equipo de PP y Cs, sino las consecuencias de mantener calles y espacios públicos dedicados a políticos, religiosos y otras personas que participaron en la sublevación franquista, la represión y la dictadura o se mostraron afines a ella.

Las claves de la decisión adoptada este martes se encuentran en la disposición adicional cuarta de la Ley de Memoria Democrática aragonesa, cuyo apoyo mayoritario fue reafirmado hace dos semanas por las Cortes autonómicas y que da un “plazo máximo” que finaliza el 22 de agosto para “la retirada o eliminación” de los vestigios franquistas, y en el artículo 33 de esa misma norma, que estable que “las entidades locales de Aragón que no eliminen de sus edificios y espacios públicos símbolos contrarios a la memoria democrática (…) podrán ser objeto de sanción mediante la exclusión de procesos de concesión de subvenciones y ayudas públicas” de la comunidad autónoma.

Y los fondos autonómicos son un componente clave de la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza, hasta suponer casi 46 de los 801 millones presupuestados este año: 27 por el convenio de la Ley de Capitalidad, aunque la comunidad únicamente tiene presupuestados 8,9, y casi 19 más por el de Servicios Sociales.

Los deberes pendientes en ocho meses

Así, los deberes que la Ley de Memoria impone al Ayuntamiento de Zaragoza, como a los otros 730 de la comunidad, incluyen “revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista”, así como comunicar esas gestiones al Gobierno central.

Paralelamente, el 22 de agosto quedará proscrita “la exhibición pública de elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.

Ese precepto incluye el mantenimiento de “denominaciones de calles, vías o lugares públicos que rindan homenaje a militares o políticos afectos al golpe de estado o al régimen franquista” y la permanencia de “placas, escudos, insignias, inscripciones, anagramas y otros elementos [con esos contenidos] sobre edificios públicos o situados en la vía pública”.

La normativa también afecta a la existencia de cualquier tipo de “alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y a sus defensores” o que se refieran a “los participantes, instigadores o legitimadores de la sublevación militar de 1936 y de la dictadura franquista”.