El proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para este año, el primero que logrará aprobar el Gobierno de derechas, tras el pacto a tres entre PP, Ciudadanos y Vox, recoge una partida de 1,6 millones de euros para aplicar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, logró salvar, durante la negociación con el partido ultra -cuyos votos son necesarios en Andalucía para todo lo importante- la partida, y que Vox aceptase exhumaciones y pruebas de ADN a las víctimas y sus familiares.

Ahora, una vez que las cuentas se aprueben en el próximo Pleno, toca gastárselo.

Del Pozo compareció esta mañana en el Parlamento de Andalucía y, a preguntas de la diputada Ana Naranjo, de Adelante Andalucía, desglosó el detalle de lo que se ha hecho hasta ahora, pero no avanzó nada de lo que pretende hacer.

Los datos que aportó la consejera, quien consideró que las pruebas de ADN son “importantísimas”, fueron los siguientes. Cada prueba cuesta 250 euros por familia y 750 euros por víctima. Los convenios firmados por la Junta de Andalucía con la Universidad de Granada han permitido en los últimos tiempos analizar el ADN de 337 familias. Restos óseos se han analizado 57 y están en proceso de análisis otros 70. Las últimas identificaciones se han producido en fosas de El Madroño, Puebla de los Infantes, Moclín, Marmolejo y Cádiz.

Respuesta insuficiente

A Adelante Andalucía le pareció insuficiente la respuesta del Gobierno. “Agradecemos los datos. Nos preocupa el escaso porcentaje de ADN positivos, pero sobre todo la lentitud del proceso de identificación genética, al ritmo que vamos, yo no sé hasta qué milenio vamos a llegar. Necesitamos acelerar estas pruebas. En ese sentido, valoramos el ofrecimiento de poner otras infraestructuras dependientes de la consejería de salud [para hacer las pruebas]. Le insistimos en la necesidad de acelerar estos trámites”., dijo Ana Naranjo.

En Andalucía, según los datos de la propia Junta, recopilados en el mapa de fosas, hay 708 fosas y más de 45.000 víctimas de la represión posterior al golpe militar del 18 de julio de 1936.