El sucesor de Feijóo revienta otra huelga en la televisión gallega con servicios mínimos abusivos en informativos

La Xunta de Galicia ha decretado servicios mínimos para más de un centenar de trabajadores de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) en lo que los sindicatos consideran una nueva maniobra para reventar los paros que habían convocado en defensa de sus derechos y estabilidad laboral.

Los representantes de la plantilla denuncian además que el Gobierno que aún preside Alberto Núñez Feijóo violenta la jurisprudencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que en reiteradas ocasiones ha condenado a su Gobierno por vulnerar el derecho a la huelga .

En una orden anunciada en la mañana del martes y firmada por el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, a quien Feijóo ha designado sucesor, se establece que durante los paros previstos para este miércoles, para el próximo 27 de abril y para el lunes 2 de mayo, tendrán que estar en sus puestos al menos 112 trabajadores de los servicios informativos. En el paro del 1 de mayo, domingo y festividad por el Día del Trabajo, deberán estar un mínimo de 54.

El decreto de Rueda también ordena que se mantengan los cuatro informativos diarios habituales tanto en la televisión como en la radio, y en el caso de esta última, los boletines horarios. Además, prevé impedir que la programación vaya a negro o se silencie, emitiendo si es necesario contenidos de archivo o pregrabados.

Los sindicatos lo consideran abusivo porque eso presupone que las noticias tienen carácter esencial cuando así lo considera la dirección, un argumento que los jueces han desmontado en fallos previos. También alertan de que Rueda esperó hasta el martes, el día anterior, para publicar la orden en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Afirman que aunque ese primer paro fue desconvocado posteriormente, el heredero de Feijóo también pretendía evitar que los tribunales anularan sus servicios mínimos a tiempo de garantizar que los trabajadores pudieran ejercer efectivamente su derecho a la huelga.

No es la primera vez que Rueda y Feijóo intentan reventar otras protestas de empleados públicos con el mismo modus operandi. La última fue el año pasado, cuando el TSXG consideró que los servicios mínimos de la Xunta para el 8M, en algunos casos del 100%, no tenían por objeto garantizar la prestación de servicios esenciales sino "privar de repercusión apreciable" la reivindicación feminista e impedir que las trabajadoras pudieran participar en ella. Los jueces los anularon en siete organismos y entidades de la Administración gallega, entre ellos la CRTVG, que dirigía entonces y sigue dirigiendo Alfonso Sánchez Izquierdo. La sentencia llegó en octubre, siete meses después de aquella jornada.

Rueda ya había impedido el derecho a la huelga en la televisión y la radio pública autonómica otro 8M, el de 2018. Con seis meses de retraso, el TSXG condenó a la Xunta, anuló los servicios mínimos y advirtió de la ilegalidad que supone "que en un día de huelga que en su conjunto abarca las veinticuatro horas, la Administración pretenda emitir los programas informativos de forma íntegra en su horario habitual".

Apenas un año después, el TSXG volvió a condenar a la CRTVG por vulnerar el derecho a la huelga de la presentadora del espacio dedicado a la previsión del tiempo, que no estaba incluido entre los servicios mínimos pero que se emitió igualmente en directo, según la sentencia, porque la dirección se lo encargó a otra trabajadora "no huelguista" en lo que se conoce como "esquirolaje interno".

"Los servicios mínimos tienen que responder al carácter esencial", advierte Santiago Alvite, presidente del comité intercentros y representante de la Confederación Intersindical Galega (CIG). "Pero aquí se llega al extremo de imponer la obligatoriedad de cubrir puestos que en una jornada normal no se sustituyen cuando el trabajador o la trabajadora que los ocupa está de libranza o de baja por enfermedad o asuntos propios", explica.

Alvite subraya que al anunciar los servicios mínimos con tan poca anticipación, la Xunta vulnera también el derecho de los trabajadores a obtener la protección y tutela efectiva de la justicia. "Los jueces condenan a la Xunta, pero el PP sabe que le sale gratis porque las sentencias no tienen trascendencia alguna para el condenado".

La misma opinión mantiene Raquel Lema, delegada de la Central Unitaria de Traballadoras (CUT): "Una información esencial es cubrir una catástrofe o una tragedia, un terremoto, el hundimiento de un barco o una situación meteorológica excepcional y grave. No la propaganda política ni la cobertura habitual de una jornada normal", añade.

Raimundo Méndez, delegado de UGT, lamenta la "nula voluntad negociadora" de la Xunta y asegura que nadie del departamento del vicepresidente se dirigió a los representantes de los trabajadores para acordar "unos servicios mínimos razonables". Y recuerda que el empeño en seguir imponiéndolos de manera abusiva puede tener relevancia penal dado que los antecedentes demuestran que se ordenan "de mala fe" y contra las advertencias de los tribunales.

La legislación española que regula el derecho de huelga contempla que cuando ésta afecte a empresas que prestan un servicio público o de "reconocida e inaplazable necesidad", y a ello se sumen "circunstancias de especial gravedad", las autoridades pueden establecer servicios mínimos. Pero la Xunta ha alegado esta vez la necesidad de los mismos basándose en premisas falsas.

La orden que firma Rueda alude a la "especial gravedad" que supone "la urgencia de no asegurar la emisión y la comunicación informativa relevante cuando [la CRTVG] es el único medio audiovisual de titularidad pública de Galicia".

La afirmación obvia algo tan evidente como que Televisión Española emite sus programas y telediarios en toda la comunidad, a donde también llegan los informativos y los boletines de Radio Nacional de España, que recogen las noticias relevantes y esenciales de Galicia. Ambas cuentan con centros territoriales y delegaciones locales con plantillas propias, que diariamente realizan noticieros mediante desconexiones en exclusiva para el territorio gallego.

Los trabajadores de la CRTVG convocaron sus últimos paros para protestar por las medidas con las que la Xunta pretendía cumplir la ley estatal para la reducción de la temporalidad en el sector público, pues las consideraban insuficientes y que incluso podrían provocar hasta cuarenta despidos. Este martes por la mañana los sindicatos desconvocaron el paro del miércoles para someter a la asamblea la última oferta acordada con la empresa. Aunque los representantes sindicales se muestran satisfechos con ella, mantendrán la huelga si la asamblea vota en contra.

Desde hace varios años, los trabajadores de la radio y la televisión autonómicas también se manifiestan cada viernes para denunciar la manipulación informativa y la persecución ideológica a la que, a su juicio, somete la dirección a los no afines a su línea ideológica.