El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, rechazó este lunes –emitió su criterio contrario– la modificación de la ley que propone Adelante Andalucía para acabar con las llamadas devoluciones en caliente de migrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Ello hace presagiar que la iniciativa de la coalición de izquierdas y andalucista, cuyo destino final era el Congreso, será tumbada antes, durante la tramitación en el Parlamento de Andalucía, cámara en la que PP, Ciudadanos y Vox –un partido que quiere que el presidente Juanma Moreno (PP), denuncie a Interior a miles de migrantes a partir de sus datos médicos– tienen mayoría absoluta.

Unos días antes de que el Tribunal de Derechos Humanos de la UE (TEDH) se enmendase a sí mismo –en febrero de este año– en su doctrina sobre las devoluciones en caliente, Adelante Andalucía presentó en el Parlamento autonómico lo que se conoce como una proposición de Ley a tramitar en el Congreso de los Diputados.

Este es un tipo de iniciativa parlamentaria que se ha utilizado en escasas ocasiones y que requiere ser primero aprobada en la Cámara andaluza en este caso –por ello ha opinado el Gobierno andaluz– y luego, recibir el visto bueno de la Mesa del Congreso.

Fuentes de Unidas Podemos (UP) indicaron a Público que están "negociando la derogación de las devoluciones en caliente en la reforma de la Ley Mordaza", un asunto en el que existen discrepancias en el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (UP). 

Esta práctica, la de devolver a los extranjeros en frontera sin ningún tipo de trámites es cuestionada por ONG y asociaciones de derechos humanos  y es muy frecuente desde hace años.

Solo entre 2017 y 2018, hasta el 4 de diciembre, la Guardia Civil rechazó en la frontera al menos a 250 personas en Melilla y a 1.015 en Ceuta, según los datos disponibles en el centro de Coordinación para la Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras, que fueron suministrados por el Ministerio del Interior, en una respuesta parlamentaria, a Maribel Mora, hoy diputada de Adelante en el Parlamento de Andalucía.

Las devoluciones en caliente tienen cobertura legal en España desde que en el año 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy, que las venía haciendo sin acogerse a normativa alguna, introdujo –mediante la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza– en la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, una disposición adicional, la décima.

En ella, se recoge lo siguiente: "Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".

Luego añade: "En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte".

Derechos fundamentales

Ahora, por medio de la proposición de Ley, firmada por Inma Nieto, portavoz de Adelante Andalucía, la coalición de izquierdas y andalucista quiere que "se proceda a recuperar el respeto a los derechos fundamentales en este tipo de actuaciones" y se extienda el procedimiento de devolución previsto para los migrantes también a "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de [Ceuta y Melilla] mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera". Es decir, que a todos se les trate por igual.

"De ese modo –añade Adelante Andalucía– se garantizará que, sin necesidad de ningún tipo de ulterior intervención normativa del Gobierno, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados del control de fronteras deban aplicar un procedimiento –el de devolución– en que se reconocen los derechos mínimos de estas personas".

En la proposición de Ley,  recuerda que el Congreso de los Diputados, en su sesión del día 18 de octubre de 2016, aprobó una proposición no de ley en que se instaba al Gobierno, entre otras cuestiones, a que presentara "un proyecto de ley para derogar esta normativa y dictara instrucciones destinadas a los agentes de control de fronteras para que su actuación se adecuara a la obligación de respeto a los derechos humanos y de protección internacional". "Los sucesivos gobiernos han desatendido lo que en aquella legislatura fue un mandato parlamentario que quedó sin ejecutar", lamenta Nieto.

El Ejecutivo de Juanma Moreno, con el terreno allanado por el TEDH, rechazó sin complejo alguno la proposición de Adelante. Entre los argumentos que da para ello y que se pueden consultar aquí, están, sobre todo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; el Código de Fronteras de Schengen, que "dicta", asegura el Ejecutivo andaluz, que España "debe impedir el cruce no autorizado de sus fronteras", y un protocolo de actuación en la frontera de 26 de febrero de 2014, cuando gobernaba Rajoy.

En este protocolo se establecen, según el Gobierno de Moreno, "los criterios para determinar cuándo la entrada ilegal fracasa o cuándo se produce". "De este modo –prosigue el Gobierno andaluz–, sólo se considera que la entrada tiene lugar cuando el inmigrante ha superado la valla interior".

"Cuando los intentos de atravesarla son contenidos y rechazados por las fuerzas de seguridad, no se habría producido ninguna entrada ilegal efectiva", remacha el gabinete de Moreno.