El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha sido entrevistado este jueves en la cadena Ser, donde se ha referido a dos asuntos que en las últimas horas han copado titulares: la tramitación de los indultos de los políticos del procés y la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces en Barcelona. Dos asuntos por los que el Gobierno está siendo criticado. 

Respecto a los indultos, Campo ha recordado que el Gobierno está obligado legalmente a tramitar todas las peticiones de indulto que le llegan. "Vienen a entrar 2.000 solicitudes de indultos anualmente y ahora estamos resolviendo 4.000, lo que supone un gran atasco. La tramitación de un indulto tiene meses por delante. Podría enseñar indultos que han tardado entre 4 y 10 meses en su tramitación", ha dicho el ministro. 

Campo ha explicado que anunciar en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno la tramitación de los indultos no tenía ninguna intencionalidad política, ni era un guiño a ERC por la negociación de los Presupuestos. "Me parecía que era importante decirlo en sede parlamentaria, me parecía que era un buen sitio para anunciar que se cumplen las leyes".

Asimismo, Campo se ha referido a la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces. El ministro no ha querido explicar quien ha tomado la decisión, sólo que "quien tenía que tomar esa decisión la ha tomado sopesando muchas variables".

Campo también ha intentado restar peso a la polémica: "Montamos incendios sobre cosas que, yo no digo que tengan trascendencia, pero en la ponderación de bienes hay que sacrificar algo en pero de algo más seguro. No podemos sobredimensionar las cuestiones. El compromiso del rey está tan fuerte que no pasa nada, no hay ruptura de nada".

Pese a sus pocas explicaciones, Campo ha apelado a cuestiones de seguridad: "Creo que la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones". "Hay momentos en los que hay que sacrificar algo en pro de algo más seguro", ha añadido.

El titular de Justicia ha recordado que "en la mente de todos está una serie de circunstancias y variables que podrían cuestionar cosas, la mayor obligación que tiene el Gobierno es proteger las instituciones, y la monarquía lo es, y hay todo un paquete de razones que han aconsejado tomar esa decisión y está bien tomada".

No obstante, ha aclarado que esta decisión no supone la ruptura de la presencia del rey en actos oficiales.

Por otra parte, ha sido preguntado por la denuncia realizada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que afirmó que compañeros suyos como la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal trataron de influirle para que no se opusiera a las 21 querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus.

"Me preocupan los reproches en la Fiscalía. No son buenos cuando el Ministerio Fiscal funciona bajo los principios de unidad de acción y dependencia jerárquica", ha dicho.

Finalmente ha informado de que ha enviado un mensaje al presidente del PP, Pablo Casado, "para que reconsidere la absurda posición de no renovar órganos constitucionales" como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva bloqueado casi dos años, ha recordado, pero ha indicado que aún no ha recibido respuesta.