Montilla aplaza sine die el nuevo mapa de Catalunya

La vida de los provincias en Catalunya podría ser más larga de lo que auguraba el pacto de gobierno del segundo tripartito, que se comprometía a sustituirla por las denominadas veguerías. José Montilla ha aparcado, de momento, la aprobación del nuevo mapa de Catalunya que debía enterrar la antigua división territorial. La dura oposición expresada por diversas comarcas y localidades (ver mapa) ha dejado en el limbo un proyecto que se daba por hecho.

A priori, tanto el PSC como ERC e ICV estaban a favor de esta reforma. Incluso el principal partido de la oposición, CiU, estaba a favor de acabar con las provincias y las diputaciones. Pero las protestas de los municipios y territorios han convertido lo que iba a ser uno de los estandartes electorales de ERC en una guerra de guerrillas de incierto final.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, formalizó ayer el freno a la nueva norma en la reunión del Govern y admitió que necesita tiempo para acabar de "madurar" el proyecto de ley. El conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, reveló que el asunto va para largo. "A día de hoy este proyecto no tiene el grado de maduración suficiente como para que vaya en el orden del día. Y no irá hasta que no lo tenga. Por lo tanto, no tiene una fecha precisa. No hay un horizonte concreto que nos permita decir si será la semana que viene, o la otra, o la otra", manifestó.

Durante la reunión del Govern, Montilla fue el único en hablar del tema. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, impulsor del proyecto, no dijo una palabra al respecto a pesar de que en la víspera daba por hecho de que la aprobación de las veguerías era inminente.

La posición de Montilla es delicada: este proyecto de ley le plantea retos internos y externos. En primer lugar, debe dar un golpe de autoridad al frente de su partido, algunos de cuyos alcaldes han capitalizado la contestación territorial contra el adiós a las provincias. En segundo lugar, deberá capear las exigencias de ERC, cuyo secretario general, Joan Ridao, insistió ayer en pedir "valentía" al Govern. "Alguien puede pensar que es complicado que pueda aprobarse y que es mejor dejarlo estar. Pero ésta no es la opinión de ERC, hay que ser valientes y llevar este debate al Parlament: quedan diez meses para el fin de la actual legislatura, hay tiempo suficiente si hay voluntad política para aprobarlo", manifestó. Además, puso en duda que exista un momento indicado para afrontar esta reforma: "Planteado hace un año o un año más tarde, habría provocado el mismo follón que en este momento".

El tercer socio del tripartito, ICV, ha manifestado estos días que no es el momento más adecuado para impulsar este espinoso asunto, dando así oxígeno a un Montilla que necesita tiempo para valorar si hace una concesión a su partido a costa de enfrentarse con su principal socio de gobierno o bien impone su autoridad ante los alcaldes. Lo que el president debe resolver es si prioriza el partido o la Generalitat.

De momento, desde el Govern se explica que se esperará a que queden limadas todas las aristas jurídicas sobre la posible inconstitucionalidad del proyecto antes de arrancarlo.

Sin embargo, la amenaza legal no es el principal escollo de las veguerías: mucho más cercanas quedan las quejas de Osona y Ripollès por tener demarcación propia, al igual que ocurre con el Penedès, que cuenta, además, con el apoyo de CiU y ERC. O las trifulcas de Manresa y Vic por la capitalidad de Catalunya Central, idénticas a las que mantienen Reus y Tarragona. Las quejas de la Cerdanya por su partición, las dudas del Solsonès, el rechazo frontal de Aran y Lleida o las dudas por el futuro de la Diputació de Barcelona.

Todo ello a menos de un año para las elecciones y con todos los partidos queriendo marcar perfil y lucir el trabajo hecho.