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JUICIO A TRAPERO

Los Mossos se negaron a ceder al Govern investigaciones fiscales y datos de hoteles

“Desconocía los planes estratégicos del Gobierno, sostiene el mayor Trapero ante la Audiencia Nacional . Nadie se lo ha comunicado “nunca”.

El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero (d), durante su declaración en la segunda jornada del juicio a la cúpula de los Mossos por su papel en el proceso soberanista catalán, en la Audiencia Nacional en Madrid. EFE/Audiencia Nacional
El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero (d), durante su declaración en la segunda jornada del juicio a la cúpula de los Mossos por su papel en el proceso soberanista catalán, en la Audiencia Nacional en Madrid. EFE/Audiencia Nacional

julia pérez

El Gobierno catalán de Carles Puigdemont quiso hacerse en 2017 con la base de datos que los Mossos d' Esquadra custodian sobre los huéspedes de hoteles y apartamentos, así como información sobre sus investigaciones fiscales, según ha revelado el mayor de este cuerpo policial Josep Lluís Trapero en el juicio que se sigue contra él en la Audiencia Nacional.

La petición fue realizada en julio de 2017 en una reunión de responsables de la Consejería de Economía con mandos de los Mossos. La reunión había sido convocada para tratar de las "competencias plenas" de la Generalitat en una futura república catalana que se instauraría tras conseguir la independencia.

La Consejería de Economía dependía del entonces vicepresidente del Govern Oriol Junqueras. En concreto, les pidieron una copia de las bases datos que los Mossos tienen de los huéspedes de hoteles y apartamentos en Catalunya, así como información de las investigaciones fiscales abiertas.

"Querían la información por tema fiscal. Nos negamos porque esa base de datos es para temas de seguridad", ha revelado Trapero. Además, querían información de investigaciones fiscales. "Les dijimos que no también", ha agregado el mayor durante la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos por el ‘procés’.

La intención del Govern de Puigdemont era disponer de información de tipo fiscal para averiguar si pagaban impuestos a la Generalitat.

A la primera reunión con Economía asistió él mismo, y compartió después su opinión con el entonces director de los Mossos d'Esquadra Albert Batlle, quien estuvo de acuerdo con él; "me parecía una barbaridad", ha añadido.

A la segunda reunión acudieron los jefes de la Comisaría General de Investigación Criminal y de Blanqueo de los Mossos d'Esquadra. Ambos "se quedaron a cuadros" cuando escucharon la petición de Economía y también rechazaron facilitar este tipo de información. Trapero ha añadido que después el ex secretario general de Interior César Puig le pidió perdón, alegando que "no sabía de que iba esto". Otro de los asistentes era el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó.

El teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, realiza un exhaustivo interrogatorio desde este lunes avanza por bloques temáticos relacionados con la participación de la cúpula de los Mossos en el referéndum del 1 de octubre de 2017, que había sido prohíbo por el Constitucional, y en los días previos como las concentraciones ante la Consejería de Economía.

·"Enorme tristeza"

En el bloque de correos electrónicos, Trapero ha expresado su "enorme tristeza" de todo lo que se ha dicho sobre los Mossos. Está "dolido" y me sentía "injustamente tratado, al cuerpo y yo".

La declaración del mayor de los Mossos en el juicio se ha reanudado este martes, y se prevé que dure todo el día. Trapero trata de distanciarse del independentismo y del proceso que culminó en 2017, incluso en la primera jornada tildó de "barbaridades" las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento catalán. También aseguró que no tenía una relación estrecha con Puigdemont.

En el banquillo de los acusados se sientan Trapero, así como los exjefes políticos de la policía autonómica en 2017: Pere Soler, ex secretario general de Interior, y César Puig, exdirector de la policía autónoma. También es juzgada la intendente Teresa Laplana, cuya defensa ha solicitado ser exonerada de asistir a las sesiones ya que padece estrés postraumático.

Los tres primeros se enfrentan a una petición fiscal de 11 años de cárcel por rebelión, aunque la Fiscalía ha avanzado que revisará esta petición al término de la vista oral debido a la sentencia del Supremo que descartó este delito cuando condenó por sedición a la cúpula del 'procés'. Laplana está acusada de sedición y podría ser condenada a cuatro años de prisión.