La negociación del decreto anticrisis en el seno del Gobierno se atasca, como casi todas las negociaciones, en su recta final. Este viernes desde Unidas Podemos han trasladado su preocupación por la "falta de avances" que están teniendo las conversaciones con el PSOE, en especial en lo relativo a las medidas que son prioritarias para el espacio confederal.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter en el que desvela que la negociación ha encallado cuando solo quedan cuatro días de margen para alcanzar un acuerdo, ya que el decreto debe aprobarse en el Consejo de Ministros del martes de la próxima semana.

"El próximo martes el Gobierno debe aprobar la prórroga del escudo social. Preocupada ante la falta de avances en una negociación en la que hemos propuesto congelación de alquileres e hipotecas, rebaja al 50% del transporte público y un cheque de 300 euros para la cesta de la compra", ha escrito Belarra en sus redes sociales.

Son estos tres asuntos (vivienda, transportes y precio de los alimentos), sobre los que pivotan las negociaciones entre los de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, aunque la norma que se apruebe prorrogará algunas de las medidas que ya están vigentes en la actualidad y que expirarán el 31 de diciembre. 

No se espera que se extienda, por ejemplo, la bonificación estatal al precio de los carburantes para todos los usuarios, aunque se podría mantener algún tipo de rebaja en el caso de los profesionales del transporte. 

En Unidas Podemos han marcado sus prioridades desde el principio de las conversaciones con el PSOE (la pasada semana el espacio confederal constituyó a su equipo negociador y comenzaron formalmente las negociaciones con los de Pedro Sánchez). En materia de Vivienda los de Díaz han trasladado su preocupación por que la subida de los alquileres y de las hipotecas provoquen una emergencia habitacional de calado que puede, a su vez, forzar una ola de desahucios.

En el caso de las hipotecas, la Vicepresidencia de Economía de Nadia Calviño consensuó una ampliación del Código de Buenas Prácticas de los bancos con las propias entidades financieras para que los clientes pudieran rebajar temporalmente el precio de sus cuotas hipotecarias a cambio de prorrogar sus deudas durante más tiempo (una suerte de reestructuración).

Hipotecas, alquileres y cesta de la compra

Para Unidas Podemos esta medida no es suficiente porque no garantiza que las familias no pierdan poder adquisitivo, perpetúan sus deudas, y no afecta a los ingentes beneficios que las entidades financieras están obteniendo a causa de los elevados precios hipotecarios (que devienen de las subidas del Euríbor y de los tipos de interés).

En este sentido, los de Díaz proponen volver a los precios de las cuotas hipotecarias que había en julio (antes de la subida de los tipos de interés) y congelarlas de manera temporal para que las familias no se vean afectadas por estos incrementos. En el caso de los alquileres, el decreto que está en vigor en la actualidad limita al 2% la subida de las rentas en la renovación de los contratos (muchos de estos contratos tienen ligada la actualización de los precios al IPC, que este año ha experimentado incrementos históricos).

UP propone ahora extender esta limitación no solo a la renovación de los contratos vigentes, sino también a la firma de nuevos contratos, para que los precios del alquiler no se desboquen. En transporte, UP aboga por elevar el descuento actual del transporte público hasta el 50%. En cuanto a medidas para paliar los precios de los alimentos, las propuestas son varias.

En Podemos abogan por aprobar un impuesto para las grandes superficies y distribuidoras de alimentación que grave sus beneficios y destinar la recaudación para sufragar un cheque de 300 euros destinado a ocho millones de familias con el objetivo de que puedan hacer frente a la compra de alimentos.

De momento, el despliegue del cheque parece avanzar mejor en la negociación que el impuesto, ya que el PSOE estaría rechazando gravar los beneficios de los grandes supermercados. Desde el Departamento de Díaz también se ha propuesto como medida para hacer frente a la subida del precio de los alimentos que los grandes supermercados que no ofrezcan cestas de la compra asequibles no puedan repartir dividendos. Como ha sucedido en los anteriores escudos sociales y decretos anticrisis, la recta final de la negociación desfila por un precipicio que oscila entre el acuerdo y la falta de avances.