El PSOE, tras conocerse que la Fiscalía quería saber qué había sucedido, llevó este jueves al Parlamento de Andalucía el caso del nombramiento de Dolores Moreno, la hermana de Juanma Moreno (PP), presidente de la Junta de Andalucía, como directora provisional de un conservatorio público de danza. El consejero de Educación, Javier Imbroda, respondió a una pregunta oral de la diputada socialista Beatriz Rubiño y defendió la “estricta legalidad” del proceso de elección.

La norma, según defiende la Junta, prevé que la delegación de Educación provincial pueda nombrar para el caso de las sustituciones provisionales a quien discrecionalmente elija y, que, por tanto, no hay tema desde el punto de vista legal.

Sin embargo, antes de que la delegada eligiera a Dolores Moreno, la inspección educativa elaboró un informe, en el que se recogía una especie de concurso de méritos, en el que resultó que otra persona, Esperanza Utrera, tenía más reconocimientos y, por tanto, en términos de currículum estaba mejor preparada que Moreno para el puesto.

En aquel informe, no se aclararon del todo las razones de fondo –más allá de unas referencias a un conflicto del que no se daban los detalles– por las que el inspector aconsejaba a la delegada apartar a Utrera y nombrar en su lugar a Moreno, a pesar de que acumulaba menos méritos.

Sin embargo, en un informe elaborado después del nombramiento, la inspección reveló que a Utrera se le había apartado por un conflicto de quince años atrás que había sido archivado por falta de pruebas.

El dedazo

“Se ha convertido en el consejero del dedazo, del enchufazo, es el que ha permitido que la hermana del presidente obtenga una plaza teniendo 11 puntos menos que otra candidata. Y no ha dado explicación convincente. La fiscalía ha abierto diligencias previas. Usted defendió ya que este nombramiento se hacía con criterios técnicos. Usted es cómplice y colaborador necesario, [en algo] que afecta al prestigio del conservatorio. Hágaselo mirar, señor consejero”, le espetó la diputada Rubiño a Imbroda.

El consejero replicó lo siguiente: “Por más veces que usted me haga la misma pregunta, siempre le contestaré lo mismo. Aunque se empeñe en manchar el nombre de una funcionaria pública. No ha habido concurso de méritos. La norma no lo exige. No era necesario. Segundo, ha habido un informe de inspección [no potestativo ni vinculante], y se ha completado con otras informaciones. Es un nombramiento que esta cumpliendo estrictamente la legalidad. Usted dirá qué parte de la norma hemos incumplido. Deje de manchar el nombre de una funcionaria pública”.