La nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto ha aprobado ya el Consejo de Ministros, contiene disposiciones que, de aprobarse finalmente en el Congreso, podrían afectar a los problemáticos legados que dejó en Sevilla Queipo de Llano, el general golpista artífice de una brutal represión que arrasó, sobre todo, la Andalucía Occidental, en los meses posteriores al golpe franquista de julio de 1936.

Así, la nueva legislación podría afectar a su tumba, ubicada en la basílica de La Macarena, cuya construcción impulsó él mismo; a una fundación que lleva su nombre; al título de marqués de sus descendientes, y al cortijo Gambogaz, una finca a las afueras de Sevilla que gestionan sus herederos. 

La principal polémica que ocupa las páginas de los periódicos y ha hecho correr ríos de tinta, sobre todo, tras la exhumación del dictador Francisco Franco, es si Queipo debe salir o no de su tumba, en la basílica de La Macarena. El anteproyecto del Gobierno de España reproduce casi en su integridad el artículo de la ley andaluza que las asociaciones memorialistas esgrimen desde hace años ya para instar a la Junta de Andalucía y a la Hermandad de la Macarena que gestiona el templo católico a que exhumen los restos de Queipo.

Así, el artículo 36.2 del anteproyecto recoge la siguiente previsión: "Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, de la forma establecida en el presente artículo". La norma andaluza recoge una previsión similar, en su artículo 32.4: "Cuando los elementos contrarios a la Memoria Democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos".

Aunque la norma parece encajar como un guante con el caso de la tumba de Queipo, existe, sin embargo, un problema de interpretación, porque la Junta de Andalucía en la época de Gobierno del PSOE elaboró un informe jurídico en el que se discute que la tumba del general golpista en sí misma represente un elemento contrario a la memoria histórica, como consideran las asociaciones memorialistas.

En efecto, el 31 de julio de 2017, el entonces letrado-jefe de la asesoría jurídica de la Administración Autonómica, Manuel Andrés Navarro Atienza, dice textualmente lo siguiente, en la página 5 de su dictamen: "Resulta cuando menos discutible, en atención a la información de la que disponemos, que concurran en el [caso de la exhumación de Queipo] los requisitos [que exige la ley para que exista un elemento contrario a la memoria histórica], ya que incluso en relación con la lápida, según nos comunican, parece haberse retirado cualquier elemento que pudiera considerarse contrario a la Memoria Democrática".

El letrado se refiere a que la hermandad retiró hace unos años de la lápida la referencia que había al 18 de julio de 1936 y a la condición de excelentísimo teniente general" de Queipo. Hoy en su lápida se recoge lo siguiente: "Aquí reposa en la paz del señor [el] Hermano Mayor honorífico D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. 5 de febrero de 1875. 9 de marzo de 1951".

Este informe es relevante en tanto en cuanto la ley andaluza como el anteproyecto recogen que en el caso de que los propietarios, en este caso la Hermandad de La Macarena, no actúen para sacar a Queipo, tendría que ser la administración autonómica quien se ocupara del asunto. Sin embargo, el actual Gobierno mantiene el asunto aparcado, incluso los tres partidos que lo sostienen –Vox, PP y Ciudadanos– votaron en contra en el parlamento de su exhumación en fechas recientes.

Una solución para esquivar este informe jurídico y la parálisis en que mantiene el presidente Juanma Moreno (PP) la exhumación, una vez promulgada la nueva ley, podría ser acudir al artículo 37.1, que recoge la creación de un catálogo "de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura que contendrá la relación de elementos que deban ser retirados o eliminados". La relación podrá elaborarla "una comisión técnica de expertos" y las asociaciones memorialistas podrían, en su caso, pedir que se incluya la tumba de Queipo.

En Andalucía, la nueva ley ha sido acogida por el movimiento memorialista con expectativas, pero también con escepticismo sobre este tema. Son años ya sin que nada se mueva.

El cortijo  y el marquesado

Al respecto del Cortijo Gambogaz, situado en el municipio de Camas, a las afueras de Sevilla, el anteproyecto prevé en su artículo 32 que se investigarán "las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura". Y luego, añade, que, el Estado "en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo. Esta auditoria incluirá un inventario de bienes y derechos incautados". Luego, agrega que una vez finalizada la auditoría, "se implementarán las posibles vías de reconocimiento a los afectados".

Las asociaciones memorialistas llevan tiempo también, años ya, reclamando a las administraciones públicas que trabajen para que ese cortijo, que fue depósito de presos y lugar de trabajos forzados durante la guerra y posguerra, se integre en el patrimonio del Estado y deje de pertenecer a los herederos de Queipo. El cómo llegó a manos de Queipo la finca está aún oscuro y circulan diferentes versiones, entre las que se cuenta la compraventa más o menos obligada y también lo que eufemísticamente se ha llamado una colecta popular de fondos cunado el golpista era el factótum del régimen franquista  en la ciudad. 

La familia Queipo de Llano también cuenta con una fundación dedicada, según sus estatutos, a "amparar y proteger a la infancia desvalida". En el registro de fundaciones aparece con el nombre Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano, fue constituida el 24 de diciembre de 1937 y registrada ocho años después, el 2 de junio de 1945. Según ha publicado el periodista Juanmi Baquero en eldiario.es es a través de ella, como los herederos de Queipo gestionan un patrimonio agrario, que el general golpista adquirió también tras el golpe a través de la colecta popular.

El anteproyecto aprobado por el Gobierno recoge en su diposición adicional quinta que las fundaciones que no persigan el interés general "concurrirán en causa de extinción" y añade que se considerará contrario al "interés general la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del Golpe de Estado, de la guerra civil española o del franquismo, por su condición de tales", lo que en ese caso llevaría a ser "causa de extinción" de las fundaciones.

Y al respecto del marquesado de Queipo de Llano, la ley prevé que el ministerio de Justicia elabore "un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y Dictadura, y se procederá a su supresión". El marquesado de Queipo de Llano fue concedido en 1950 y fue renovado en 2012 por el entonces ministro Alberto Ruiz Gallardón (PP). La eliminación de esta distinción es otra de las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas.