El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una de las reformas que sí iba incluida en su programa electoral para las elecciones generales de noviembre de 2011. La ley de unidad de mercado o de 'licencia única', como ha querido subrayar la vicepresidenta en rueda de prensa, es la medida estrella del Ministerio de Economía incluida en el Plan Nacional de Reformas, aunque fuera Soraya Sáenz de Santamaría y no el titular del departamento quien la anunciara. Luis de Guindos se encuentra participando en el foro de Davos y, aunque fuentes del Ejecutivo han querido subrayar que de esta ley también es copartícipe el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tampoco ha comparecido ante los medios para anunciar su tramitación.

La nueva norma quiere terminar, en esencia, con 'la maraña' de trabas administrativas con que se encuentran las empresas y profesionales cuando quieren trabajar o expandirse a los distintos territorios del Estado. La licencia única, ha explicado la número dos del Gobierno, implica que 'la confianza de una Administración [la que la otorga] sea la confianza de todas las administraciones', que ya no tienen que concederla. Es el 'principio de confianza única' entre administraciones y sus respectivas regulaciones, ha solemnizado Sáenz de Santamaría y, para darle un mayor énfasis, la portavoz ha proporcionado los datos de estimación económica que calcula el Gobierno que traerá esta ley: un aumento del 1,52% del PIB en una década (15.200 millones de euros), esto es, poco más de una décima por año.

La vicepresidenta ha evitado entrar al detalle sobre si las comunidades autónomas podrán poner objeciones a una norma que puede entrar en conclicto con los Estatutos de cada una, por ejemplo, con aquellas que tienen lengua propia y que exigen determinados usos a las empresas (rotulación, etc.). La número dos del Gobierno ha hecho un llamamiento a las 17 administraciones para que se 'fíen' de las que den las licencias en origen y que servirán para todas las demás. Lo importante, según el Gobierno, es que la nueva regulación permitirá reducir en un 35% las cargas administrativas, que actualmente representan el 4,6% del PIB, según la vicepresidenta.

La intencion del Ejecutivo no es indicar a ninguna de las autonomías 'cómo tienen que regular' y, de hecho, ha informado de que el texto de la ley de mercado único pasará por la Conferencia Sectorial del Comercio para recabar el máximo apoyo de las Comunidades. Con todo, el Consejo para la Unidad de Mercado (organismo cuya creación recoge la ley) velará por el cumplimiento de la misma y estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas e integrado por los consejeros autonómicos del ramo.

Asimismo, está ya en creación en el Parlamento la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que empresas y profesionales podrán acudir para recurrir posibles vulneraciones de la norma de mercado único. La CNMC tiene cinco días para decidir si admite o no a trámite la denuncia, en cuyo caso puede ser suspendido de forma inmediata el acto recurrido. Profesionales y empresarios estarán amparados por un principio de no discriminación que se ha incluido asimismo en la ley.

El Gobierno insiste mucho en que esta ley ha sido una reclamación constante de la Unión Europea y de los organismos internacionales y que su aprobación ha sido muy alabada por todos ellos, como hoy recoge el británico Financial Times, según han subrayado fuentes de Moncloa.