Las medidas contra el aborto impulsadas por el Gobierno de Castilla y León, gobernado por el Partido Popular en coalición con Vox, no son nuevas ni exclusivas de nuestro país. Forman parte de una amplia campaña internacional de la extrema derecha ultracatólica que desde hace décadas impulsa una agenda antiderechos. La medida, un supuesto protocolo médico para que a las mujeres que quieran abortar tengan que escuchar el latido fetal o realizarse una ecografía en 4D antes de someterse a la interrupción del embarazo, está entre las prioridades en la agenda de los grupos ultras de Estados Unidos, Europa y en América Latina de los que Vox forma parte.

Este lunes, el Ejecutivo de Castilla y León hacía declaraciones contradictorias. Mientras su vicepresidente (Vox) afirmaba que las medidas se iba a aplicar de forma inmediata y que los médicos estarán obligados a ofrecer a las mujeres que quieran abortar la escuchar el latido fetal o una ecografía, el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), anunciaba que no se obligará a ninguna mujer a someterse a estas prácticas, pero no aclaró cuál será la extensión o aplicación de un posible protocolo médico. 

Lo que está claro es que Vox, con la connivencia del Partido Popular (que ha permanecido prácticamente mudo durante cuatro días), ha colocado en lo alto de la agenda política uno de sus temas favoritos: acabar con los derechos sexuales y reproductivos y el aborto. 

"La experiencia global nos muestra que es una estrategia basada en ideología y no en evidencias, y que lo único que genera es la vulneración a múltiples derechos humanos como el derecho a la salud, la vida, la autonomía y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes; el incumplimiento del Estado frente a sus obligaciones internacionales y somete a las mujeres a situaciones que pueden ser consideradas tortura", afirma la abogada y experta en derechos sexuales y reproductivos, Ximena Casas.

Tal como explican otros expertos a Público, esta campaña global va contra los derechos sexuales y reproductivos, pero también contra la población LGTBI y la educación sexual, y se expandió en el 2005 a nivel internacional, aunque cogió más fuerza y coordinación desde el 2010 y 2011. "Estos objetivos siempre se repiten en todos los países con mensajes adaptados a cada contexto. Por ejemplo, Hungría implantó hace ya un tiempo por decreto ley que las mujeres que quieran abortar obligatoriamente tienen que hacerse una ecografía para oír el latido fetal. En España esto no se puede hacer por ley, pero lo intentan a través de un protocolo médico", afirma a Público Almudena Rodríguez, responsable de incidencia política de la Associació de Drets Sexuals i reproductius de Catalunya.

El antecedente de Ruiz-Gallardón con el PP

Cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones de 2011, lo hizo con la presión y el apoyo de los grupos más radicales de la ultraderecha católica. El Gobierno de Rodríguez Zapatero había aprobado leyes como la del matrimonio igualitario o una ley de Educación con una asignatura de educación para la ciudadanía alternativa a la de religión. Una de los compromisos del que iba a ser el nuevo jefe del Ejecutivo era el de poner trabas en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Para la tarea escogió como ministro de Justicia a Alberto Ruiz-Gallardón, considerado "el hombre del Opus Dei" en el Gabinete de Rajoy con una importante trayectoria antiaborto. Una de las principales labores del ministro era modificar la ley del aborto probada por el Gobierno del PSOE sólo una año antes. 

Ruiz-Gallardón presentó un proyecto tan duro que hacía retroceder a España a la prehistoria, eliminando incluso la posibilidad de abortar cuando existiera una malformación del feto incompatible con la vida.

La respuesta social de las organizaciones feministas y el descontento con sectores de su propio partido acabó con el cese de Gallardón y su proyecto de reforma del aborto se guardó en un cajón. El único logro del ministro de Justicia fue el de eliminar el derecho de las menores de 16 y 17 años a poder abortar sin autorización parental, una medida que ahora el Gobierno de coalición va a revertir con una reforma que está a punto de aprobarse en el Parlamento y a la que el Partido Popular se ha opuesto. 

Para Almudena Rodríguez, no estamos en este momento en la misma situación que cuando Gallardón intentó acabar con la ley. "Ahora tenemos a la ultraderecha metida de lleno en las instituciones. Siempre ha habido extrema derecha, pero ahora hay nuevos actores que cuentan con más recursos, han profundizados los lazos y refinado sus estrategias. Han aprendido mucho de errores, como el de Gallardón. Lo que que ha quedado claro es que no van contra una ley o su reforma, sino que acabar con los derechos sexuales y reproductivos está en su ADN desde hace más de una década y que apuestan por llevarlo a cabo en aquellos países donde pueden".

Es decir, donde tienen músculo político, como en Hungría (que implantó una ley del latido fetal), Polonia, Malta, Italia o España. En Estados Unidos, uno de los grupos más radicales está en la raíz de la derogación de la mítica sentencia Roe contra Wade, que acabó con 50 años de protección del derecho al aborto. Antes de esto, diversos estados norteamericanos ya tenían aprobadas leyes parecidas al decreto que quería implantar el Gobierno de Castilla y León. Tras la derogación de la sentencia por el Tribunal Supremo, al menos 11 estados cuentan con una legislación similar.

España lleva tiempo siendo el laboratorio de pruebas de la extrema derecha y ahora con un panorama político que podría facilitar un gobierno nacional del Partido Popular la ultraderecha de Vox, está claro que Castilla y León será la punta de lanza que mida hasta qué punto se puede empujar al PP y a la ciudadanía a aceptar postulados contrarios a los derechos de las mujeres, la población LGTBI o la educación en igualdad.

Cuáles son las organizaciones que empujan estos retrocesos

Existe una constelación de distintas organizaciones que empujan este retroceso en los derechos de las mujeres. Las más potentes hasta el momento han sido las nacidas en Estados Unidos, que con el impulso de Donald Trump en la Casa Blanca tuvieron un amplio empuje. Sobre todo hacia América Latina y Europa. 

Entre las más conocidas figura el Encuentro Mundial de las Familias, una cita que se repite cada dos o tres años en distintos países, principalmente donde quieran producir un cambio. El pasado año se celebró en México y fue ampliamente divulgada por los medios de comunicación, por haber llevado a personajes públicos como Tamara Falcó, a la que diversos medios entrevistaron. 

"De esto hablaron con total familiaridad programas de gran audiencia como El Hormiguero en España. Es una forma de blanquear a la extrema derecha. Lo tratan como un grupo de creyentes católicos que se reúnen, no como una convención de fundamentalistas que es lo que son y que tienen como meta acabar con la democracia. Es difícil contrarrestar ese empuje de los medios en favor de estas ideas", comenta Almudena Rodríguez.

En España existen diversas organizaciones implantadas desde hace años. Las más conocidas y activas son Hazte Oír, Citizen Go (su brazo de campañas), Abogados Cristianos y One of Us, instalada en Europa y que dirige el político español Jaime Mayor Oreja.

A nivel internacional existen diversas organizaciones bien coordinadas y financiadas que tienen su sede en Estados Unidos pero que desde haca años han empezado a extender sus tentáculos hacia Europa. Es el caso de ACIF International que tienen representación en Bruselas, Estrasburgo y otras capitales de Europa. Se trata de una organización similar a la española Abogados Cristianos cuyo objetivo es hacer lobby y acciones contra los derechos sexuales y reproductivos. Otra de las más activas y con muchos fondos es European Center for Law and Justice, una de las organizaciones clave en la derogación del Supremo de EEUU del derecho al aborto. 

En los últimos años se ha extendido por Europa la organización norteamericana que impulsó las políticas de escucha del latido fetal como instrumento de lucha contra el aborto. Es HeartBeat International, que tiene miles de oficinas repartidas por todo el mundo, especialmente en América Latina. En los últimos años se ha expandido por Europa; en España, tienen diez oficinas en diversas provincias bajo distintas denominaciones.

Falta de contestación social

Otra de las diferencias con lo que ocurrió durante la primera legislatura de Rajoy, apuntan algunos expertos, es la falta de contestación social que están teniendo anuncios como el realizado por el Ejecutivo de Castilla y León. El anuncio de la medida es una cortina de humo, porque no puede aplicarse legalmente y el Gobierno central ya le advirtió de que utilizaría todos los medios a su alcance para paralizarlo; pero aún así, la experta de la Associació de Drets Sexuals i reproductius de Catalunya lanza la voz de alarma.

"Las feministas llevamos más de una década avisando de todo esto y generando alianzas. Ves que pasa en otros países y que se va a aplicar aquí también. Es necesario que la gente tome consciencia del peligro que suponen. Pero primero la crisis económica, seguida de una pandemia y de otra crisis, junto con todas las luchas sociales que tocan, han creado una gran desigualdad, que es básica para que estos grupos puedan imponer su agenda. Necesitamos una respuesta social contundente, pero los movimientos sociales están cansados y alguna parte no acaba de dimensionar que el ataque a los derechos sexuales y reproductivos son un ataque directo a la democracia. La gente está cansada, tiene menos fuerza, menos recursos y la denuncia de la sociedad está restringida con leyes como la Mordaza. Es necesario generar alianzas", concluye Rodríguez.