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Una ONG próxima a Vox lleva a la Fiscalía los contratos de la Xunta con la empresa que dirige en Galicia la hermana de Feijóo

Asegura que las adjudicaciones del Gobierno gallego a la empresa bajo los mandatos de Feijóo por más de 37 millones demuestran "un abrumador trato de favor" del que se deduce "un delito de tráfico de influencias y corrupción sistemática".

24/2/22 El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, posa junto a su hermana Micaela (izquierda), su pareja, Eva Cárdenas, y su madre Sira, tras la toma de posesión como presidente de la Xunta en septiembre del 2016
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, posa junto a su hermana Micaela (izquierda), su pareja, Eva Cárdenas, y su madre Sira, tras la toma de posesión como presidente de la Xunta en septiembre del 2016. Lavandeira Jr / EFE

Una ONG sin ánimo de lucro cercana a Vox y que investiga y denuncia casos de corrupción ha llevado a la Fiscalía las informaciones de Público sobre adjudicaciones de la Xunta con las empresas del grupo Eulen, la firma que dirige en Galicia la hermana de Alberto Núñez Feijóo, durante la etapa en la que éste fue presidente del Gobierno gallego. 

Micaela Núñez Feijóo, la hermana pequeña del presidente del PP, trabaja en Eulen desde mediados de la década de 2000, fue delegada provincial en Pontevedra y Vigo y directora en Galicia cuando Feijóo accedió a la Xunta con su primera mayoría absoluta en 2009. Desde entonces y hasta que se hizo con la Presidencia del PP, la Xunta adjudicó a Eulen contratos públicos por valor de más de 37 millones de euros.

La gran mayoría de esa cantidad, alrededor del 77%, se canalizó a través de entidades instrumentales -fundaciones, sociedades públicas, agencias y otros organismos descentralizados- en las que Feijóo había colocado a dedo a amigos, cargos del PP y militantes del partido. Varios nombramientos y ascensos coinciden en el tiempo con las contrataciones a Eulen

En el 2015 la Xunta batió el récord de adjudicaciones a Eulen con 6,2 millones de euros. Un año después, Micaela Núñez Feijóo fue ascendida a la Dirección de la compañía para todo el noroeste de España.

Según adelantó Nueva Tribuna, y tal y como figura en la denuncia presentada este lunes y a la que ha tenido acceso Público, la asociación considera que de las informaciones extraídas de este diario se deduce un "abrumador trato de favor" de la Xunta hacia Eulen del que se puede deducir "un delito de tráfico de influencias y corrupción sistemática".

Por ello, solicita a la Fiscalía contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada que inicie actuaciones para investigar los hechos "y proceda como corresponda".

Público ha intentado obtener la versión tanto de Eulen como del presidente del PP. Fuentes de la empresa señalaron que no iban a hacer declaraciones, y el departamento de Comunicación de Feijóo no había contestado al cierre de este artículo.

La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción se define como una organización sin ánimo de lucro que investiga y denuncia casos de corrupción en España. Su presidente es Manuel Romeral Frías, quien ha pedido el voto para Vox y se ha posicionado en numerosas ocasiones contra la ley de violencia machista y contra la "ideología de género".

Según asegura a Público,  la denuncia contra Eulen y Feijóo responde a los reiterados problemas y denuncias que su organización ha detectado y registrado en varias comunidades sobre la gestión por parte de la empresa de adjudicaciones públicas de diverso orden. Especialmente las relacionadas con servicios sociosanitarios y administración de centros sociales, residencias y puntos de encuentro familiar.

"Eulen se adjudica los contratos en precario y contrata trabajadores en prácticas, sin cualificar y sin experiencia, a veces sin colegiar, y acaba prestando servicios de muy mala calidad, lo que en el caso de los que afectan a menores supone un daño evidente", afirma Romeral.

Precisamente, una de las últimas denuncias de la AECC se refiere al punto de encuentro familiar de Pinto, en Madrid, adjudicado a Eulen y donde, según la asociación, se han producido "presuntos delitos" relacionados con "el incumplimiento del contrato de adjudicación, la falta de colegiación y especialización del personal técnico, pudiéndose considerar un presunto maltrato infantil emocional y psicológico de los menores que asisten al servicio durante años".

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