Van casi siete años de investigación y aún no está claro cuánto dinero tiene fuera de España ilegalmente la familia del expresident Jordi Pujol. Una investigación que en origen comenzó con una maniobra del Partido Popular (PP) al llegar al Gobierno y que se le encargó al entonces comisario José Villarejo y a la brigada política.

Sin embargo, para las acusaciones - Fiscalía Anticorrupción y la popular de Podemos- hay contenido penal, debido a que a través del procedimiento, que instruye el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, y de otros, como el de Oleguer Pujol, se han detectado partidas difícilmente justificables. 

Pero los Pujol se defienden con uñas y dientes, y acaban de poner en un brete a la Audiencia Nacional y a los investigadores de la causa, solicitando a la Agencia Tributaria que coteje y contabilice con las Haciendas de más de un centenar de países -incluidos los considerados paraísos fiscales- cuánto dinero tienen escondido, más allá del encontrado en Andorra y otros países que, según fuentes de su defensa, no superan en suma más de 10 millones de euros. 

Para iniciar esta solicitud, la familia Pujol se agarra al denominado acuerdo para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Tributaria, basado en los procedimientos que se definen en el Common Reporting Standard o CRS (Estándar Común de Declaración), según coinciden todos los escritos, tanto de los Pujol como de la fiscalía o del juez De la Mata. La esencia es que los países están obligados a notificar al país correspondiente que un ciudadano suyo tiene una cuenta fuera e identificar a su titular. 

La prueba diabólica

El pasado 23 de enero, según el documento al que ha tenido acceso Público en exclusiva, la defensa de la familia Pujol envió a la Dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria un escrito en el que solicitaba "una petición de certificación en relación a la existencia o inexistencia de comunicaciones vinculadas a Jordi, Josep, Oleguer, Pere, Marta y Mireia Pujol Ferrusola, así como a Marta Ferrusola Lladó y a Jordi Pujol i Soley" conforme al determinado acuerdo de la ONU firmado por España. 

En el escrito explican que llevan solicitando ese documento a la Audiencia Nacional desde 2019; sin embargo, tanto el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional como la Sala de lo Penal de dicha institución se han negado a concederlo. El motivo es que "supone una prueba diabólica", según explican diferentes acusaciones a Público, porque la respuesta es evidente: si hubiera habido alguna notificación de cuentas suyas detectadas fuera de España, tendría que haber llegado la notificación al juzgado. 

A lo largo de los casi siete años de investigación, iniciada por un informe alegal del comisario José Manuel Villarejo y de la brigada política que actuaba en tiempos de Fernández Díaz, la cifra de dinero opaco que se le ha atribuido a los Pujol ha fluctuado entre los 3.000 millones de euros de la época en que Victoria Álvarez -ex novia de Jordi Pujol Ferrusola y testigo de Villarejo pagada con fondos reservados- empezó a dar información sobre la familia, a los 290 millones de los últimos escritos, o a los escasos 10 millones de los que habla Hacienda en informes recientes.

Según el auto de De la Mata que ratificó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, "la familia PUJOL FERRUSOLA ha venido utilizando sistémicamente estructuras societarias y financieras tras las que parapetarse y ocultar sus identidades y su patrimonio; asesores legales, bancarios, societarios y fiscales, así como especialistas en territorios off shore y en diseño de estructuras societarias para pergeñar planes de ocultación y blanqueo; testaferros, fiduciarios, asesores, colaboradores e intermediarios en España y otros lugares. Todo ello siempre con la finalidad de ocultar sus datos y el afán de que sus identidades no aparecieran reflejadas en posiciones financieras que pudieran ser capturadas e intercambiadas precisamente mediante el Estándar que la parte propone utilizar ahora".

Por eso, el juez De la Mata, la fiscalía y la acusación Popular de Podemos se negaron a que se les facilitara dicha prueba: el entramado económico de los Pujol es mucho más complicado que ese simple certificado, afirman.