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Orgullo gay La ley contra la homofobia propicia el deshielo entre PSOE y Podemos Andalucía

Las formaciones que habían registrado por separado dos leyes iguales en defensa del colectivo LGTB aceptan retirar sus proyectos y presentar una norma común, la primera de la legislatura.

El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, posa junto con los colectivos LGTB. PARLAMENTO ANDALUZ

DANIEL CELA

Las formaciones que habían registrado por separado dos leyes iguales en defensa del colectivo LGTB aceptan retirar sus proyectos y presentar una norma común, la primera de la legislatura.

La unidad que no ha logrado por sí misma la izquierda, la han conseguido a base de empujones los colectivos LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). PSOE y Podemos han registrado esta semana en el Parlamento de Andalucía un proyecto de ley conjunto para luchar contra la violencia y discriminación homófoba. Por primera vez desde que comenzó la legislatura, hace dos años, las dos formaciones de izquierdas aparcarán sus diferencias para trabajar sobre una iniciativa legislativa común. Todo esto en medio de un paisaje político disparatado: mientras el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acerca posturas con Podemos; su rival en el socialismo, Susana Díaz, gobierna de la mano de Ciudadanos, y Pablo Iglesias y Albert Rivera se niegan mutuamente, y rechazan formar un trío (político) con Sánchez.

El deshielo en las relaciones entre el PSOE andaluz y la formación morada cristalizó hace días, tras muchas negociaciones a puerta cerrada, pero ambos decidieron aplazar el anuncio a esta semana, coincidiendo con los festejos del Orgullo gay. Lo que ha sucedido -que dos partidos progresistas se pongan de acuerdo sobre la base de un compromiso político compartido- no sería noticia si los sucesos que precedieron esta historia no hubieran arrojado una imagen tan distorsionada de la izquierda andaluza.

El pasado mes de octubre, el PSOE-A y Podemos llevaron al Parlamento, por separado, dos leyes para luchar contra la homofobia muy similares, casi idénticas. El nivel de coincidencia era del 80%, según reconocieron ellos mismos, sin embargo, la fuerte rivalidad entre ambos partidos por acaparar la hegemonía de la izquierda les hizo ignorarse mutuamente y avanzar por caminos separados. De haber continuado por esa dirección, la Cámara autonómica habría recibido por primera vez el debate conjunto de dos proyectos de ley contra la homofobia sin apenas diferencias, que ambos grupos habrían peleado por separado, evidenciando que el pulso entre el PSOE de Susana Díaz y el Podemos de Teresa Rodríguez estaba por encima del contenido de cualquier iniciativa legislativa. “Habríamos hecho el ridículo y habría sido un ejemplo patético para la ciudadanía, que nos exige diálogo”, admite un diputado socialista.

La bandera LGTB ondea en el Parlamento desde el 23 de junio. PARLAMENTO ANDALUZ

El colectivo LGTB asistió perplejo a ese choque de legitimidades, pero también se fracturó: unos apoyaban la norma socialista, otros la de Podemos. Las asociaciones Arcoiris, ATA, De Frente, Andalucía por la Diversidad y Crisalis defendieron que el texto de Podemos era “más concreto y ambicioso”, mientras que la entidad Adriano Antinoo apoyó la norma contraria. Por los pasillos del Parlamento desfilaron unos y otros tratando de hacer entender a los periodistas que las pequeñas diferencias que separaban una redacción de la otra eran, en realidad, principios irrenunciables para la comunidad de gays, lesbianas y transexuales.

Desde entonces, al margen del ruido mediático ha habido acercamientos sigilosos entre ambas formaciones, negociaciones a puerta cerrada y reconsideración de las posturas iniciales. Política. Ocho meses después de aquel debate, PSOE y Podemos se han avenido a entenderse, a regañadientes, y han aceptado sacar sus respectivos proyectos de ley del registro del Parlamento, para presentar un borrador conjunto que une los puntos en común y busca soluciones intermedias a las discrepancias.

La futura ley andaluza contra la homofobia será la primera que sale del Parlamento diseñada a dos manos por dos partidos que no han dejado de torpedearse desde que comenzó la legislatura. La norma contempla por primera vez sanciones económicas contra comportamientos homófobos. Andalucía es la comunidad donde más casos de agresiones por orientación sexual se registran al año (en cabeza Sevilla y Cádiz), con un 44% en 2013 y un 37% en 2014, según datos del Ministerio de Interior.

A esta pax romana entre PSOE y Podemos le han puesto rostro los dos portavoces parlamentarios, Mario Jiménez y Teresa Rodríguez, sin demostrar un exceso de entusiasmo (hasta hace dos días la gaditana cargaba contra el socialista por representar a la Gestora de su partido). Sin embargo, ambos coinciden en que éste es “un buen precedente” para inaugurar “una nueva etapa” en la relación entre las dos formaciones, teniendo en cuenta que en la Cámara andaluza existe ahora una “mayoría de partidos de izquierdas” (PSOE, Podemos e IU).

Diferencias sobre el papel

Hasta ahora los socialistas habían vetado sistemáticamente todas las iniciativas legislativas que Podemos había llevado a la Cámara. En algunas ocasiones, como ésta, el PSOE dio un portazo a una ley morada para acto seguido registrar una norma muy similar, aduciendo que ya venía trabajando en dicho proyecto desde hacía meses. Mientras ha durado este enfrentamiento, el debate ha desplazado el contenido mismo de las propuestas políticas y se ha centrado en saber si fue el PSOE quien copió a Podemos o fue Podemos quien se apresuró a registrar una propuesta de ley en la Cámara, a sabiendas de que los socialistas trabajaban ya en un texto similar.

Las dos normas han permanecido en un cajón durante los últimos ocho meses, hasta que a ambos partidos se les ha pasado el cabreo inicial y se han abierto al diálogo. Ahora un nuevo texto refundido confluirá en la Comisión de Igualdad, para más tarde llegar al pleno, donde socialistas y morados esperan lograr el voto unánime de la Cámara, como ocurrió con la Ley andaluza de Transexualidad.

Sobre el papel, el escollo que hacía irreconciliables ambos proyectos de ley estaba en el artículo 13.2 de la norma propuesta por Podemos, según el cual “los menores transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad” y a “recibir tratamiento hormonal cruzado en la pubertad (…) a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados”. El PSOE y la Consejería de Salud abominaba de esta propuesta y acusaba a la formación morada de querer “usar de tapadillo este proyecto para modificar la Ley de Transexualidad, que se aprobó por consenso de todos”.

En efecto, este tema ya despertó cierta controversia cuando se debatió aquella ley: la hormonación y los inhibidores de crecimiento para los menores transexuales. Algunos colectivos de transexuales, apoyados por IU, querían que la ley lo recogiese como un derecho para los menores y una obligación para los médicos. Los socialistas, con respaldo del PP, prefirieron optar por un protocolo de actuación que analizaría caso a caso el tratamiento que debían seguir los transexuales menores de 14 años.

Lo contrario, avisó el PSOE, “nos habría llevado a un recurso de inconstitucionalidad que habría paralizado la ley, y además habría roto el consenso político y social” que se consiguió con la Ley de Transexualidad. Otro punto de la norma morada que rechazaban los socialistas era la reserva de plazas de empleo público para transexuales, algo que “vuelve a patologizar la transexualidad, porque pide un cupo especial como el que existe para personas discapacitadas”.

Podemos, por su parte, censuraba tres puntos del proyecto de ley del PSOE: demandaban que los órganos de participación que tendrán que supervisar el cumplimiento de la ley estén compuestos por miembros del colectivo LGTB, y que no sea personal de la junta; defendían que su proyecto era una ley integral, más concreta que la del PSOE, y por último, acusaban a los socialistas de haber excluido al colectivo transexual. La propuesta de Podemos, al plantear la creación de una estructura nueva con cuatro órganos administrativos, contaba con una memoria económica mayor que la socialista: 625.000 euros, frente a los 325.000 de la segunda ley.

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