Una treintena de juristas entre los que se encuentran catedráticos de Derecho, profesores universitarios, magistrados eméritos del Supremo como Jordi Agustí, Fernando Salinas y José Manuel Martín Pallín y abogados como el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón han firmado un manifiesto en el que califican de "interferencia inadmisible en un Estado de Derecho", el comunicado institucional con el que el órgano de gobierno de los jueces cargó este jueves contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, por generar "dudas inaceptables" sobre la independencia judicial al criticar la condena impuesta a la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Isa Serra.

Para todos ellos, la nota de la Comisión Permanente del CGPJ, de la que destacan que tuvo un voto en contra, confunde la independencia judicial con la "presión corporativa contra una opinión libre", que además consideran que se ha tergiversado "llegando a afirmar que en la misma se establecía una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, lo que resulta una presunción infundada para cualquiera que haya leído el mensaje".

Recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) señala de forma constante que "solo está justificada la limitación de la libertad de expresión cuando las conductas supongan un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito".

"Nos parece grave, muy grave, que desde el CGPJ, se efectúe una "amonestación" a uno de nuestros más altos representantes en el Gobierno", añaden los juristas, señalando que Iglesias "ha ejercido la libre crítica a las resoluciones judiciales, aunque al CGPJ le parezca inadmisible cuestionar una actuación judicial.

Cuestionan la Sentencia

Los firmantes del manifiesto van más allá y llegan a señalar que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "responde a un modelo irracional de valoración de la prueba, a un esquema impresionista donde campa el subjetivismo del intérprete, ajeno a los requerimientos de la epistemología y de la psicología del testimonio".

Concluyen afirmando que "no se respeta la independencia judicial eludiendo la crítica a las decisiones de los jueces", por lo que concluyen manifestando su "convicción democrática que impide restringir la crítica y cuestionar las resoluciones judiciales como un derecho ciudadano fundamental".

Firman el manifiesto Joaquin Aparicio Tovar, Catedrático Emérito Derecho del trabajo y SS, Universidad Castilla La Mancha (Albacete); Maria José Fariñas Dulce, Catedrática de Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III de Madrid; Nicolás García Rivas, Catedrático Penal, Director del departamento de Derecho Público y de la Empresa, UCLM; Juan López Gandía, Catedrático de Derecho del Trabajo y SS, Universidad Politécnica de Valencia y Amparo Merino Segovia, Prof. Titular de Derecho del trabajo y SS, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, UCLM.

La lista sigue con Emma Rodriguez Rodríguez, Profesora Derecho del trabajo y SS, Universidad de Vigo; Francisco Trillo Párraga, Profesor Derecho del Trabajo y SS, Universidad Castilla La Mancha(Ciudad Real); Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del Trabajo y SS y Director del Centro europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, instituto de investigación de la UCLM; Jaime Cabeza Pereiro, Catedrático de Derecho del trabajo y SS. Universidad de Vigo; Rosario de Vicente Martínez, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Castilla La Mancha; y Francisco Serra Giménez, Profesor Titular Derecho constitucional, Universidad Complutense de Madrid.

La completan Xavier Pedrol Rovira, Profesor Agregado Filosofía de Derecho, Universidad de Barcelona; Héctor Claudio Silveira Gorki, Profesor Filosofía del Derecho, Universidad de Barcelona; Juan Mª Terradillos Basoco, Catedrático emérito de Derecho Penal, Universidad de Cádiz; y Ana Yáñez Vega, Profesora de Derecho Administrativo, Vicedecana Facultad CC. Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid; Rosario Gallardo Moya, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y S. Social, Universidad Castilla La Mancha (Toledo); Francisco Alemán Páez, Catedrático de Derecho del trabajo y S.Social, Universidad de Córdoba; Guillermo Portilla Contreras catedrático Derecho Penal de la Universidad de Jaén; Adoración Guamán, profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia; y Maria Jose Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y Decana e la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete (UCLM).

Juezas y Jueces para la Democracia critica el "sesgo claro" del CGPJ

La Asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha criticado este viernes el "sesgo claro" que aprecia en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la hora de criticar manifestaciones públicas por parte de determinados dirigentes políticos.

El órgano de gobierno de los jueces, en situación de prórroga desde diciembre de 2018, censuró esta semana las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al considerar que "generan una sospecha inaceptable" sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales.

El CGPJ, ha denunciado la Asociación de jueces, "mantiene un sesgo claro a la hora de elegir las manifestaciones públicas de los responsables políticos objeto de su crítica y guarda un escandaloso silencio como fue el caso de las aceradas e injustas críticas a los jueces que dictaron la sentencia del caso 'Gürtel'".

En cualquier caso, la asociación ha trasladado su "rotundo rechazo" a las declaraciones realizadas por el líder de Podemos y ha reiterado la necesidad de "respeto y lealtad institucional" que se pide a quienes tienen responsabilidades en los poderes del Estado y a los que se "exige la mayor prudencia" a la hora de pronunciarse sobre lo resuelto por un Tribunal de Justicia en el ejercicio de su independencia e imparcialidad.

"Declaraciones como las efectuadas no son acordes con las responsabilidades que ostentan los miembros del Gobierno, que no son otras que fomentar el respeto y la confianza en nuestro sistema judicial. Máxime cuando aquellas suponen una distorsión del contenido de la decisión judicial", ha argumentado.

En la misma línea, ha recordado que la crítica a las resoluciones judiciales "es un derecho ciudadano que fortalece el sistema institucional" y tiene como límite que no suponga una distorsión del contenido real de lo que ha sido fallado. "No resulta admisible el desprecio a la verdad con vistas a presionar sobre la independencia judicial", ha concluido.

La Asociación de Fiscales censura a Iglesias por "poner en tela de juicio la separación de poderes"

La Asociación de Fiscales ha rechazado este viernes la actitud del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al cuestionar la separaciones de poderes.

A través de un comunicado, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales trasladó su malestar ante las críticas de Iglesias a la condena de 19 meses de prisión impuesta a Serra por participar en los altercados que se produjeron durante un desahucio en 2014.

En este sentido, ha remarcado que la actitud de Iglesias "pone en tela de juicio desde uno de los Poderes del Estado la separación de poderes constitucionales como uno de los pilares de nuestra democracia".

En la misma línea, la Asociación de Fiscales recuerda que estas críticas se realizan además por parte de "un miembro del Ejecutivo con altas responsabilidades" y exceden "con mucho" el legítimo derecho a la libertad de expresión y a la crítica legítima, ponderada y fundada en Derecho que se pueda hacer de las resoluciones judiciales.