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Dolores Delgado La ministra de Justicia pide comparecer en el Congreso para explicar la defensa de Llarena 

Dolores Delgado ha anunciado su intención de explicar las gestiones realizadas por el Ministerio en su defensa tras la demanda contra Pablo Llarena en Bélgica. Lo ha comunicado después de que el PP haya exigido su dimisión.

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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, en el Congreso de los Diputados. / Europa Press

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso "para explicar las gestiones realizadas por el Ministerio para defender ante un tribunal civil belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial".

Así lo ha anunciado el Ministerio horas después de que el PP haya exigido la dimisión de Delgado o su cese por el presidente del Gobierno por su "inacción" en la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena -instructor de la causa del 'procés'- que ha sido demandado en Bélgica por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y otros políticos catalanes fugados, que le acusan de falta de imparcialidad. Reclama además el PP al Ejecutivo que ofrezca disculpas públicas al magistrado.

Los portavoces del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado, Dolors Montserrat e Ignacio Cosidó, habían anunciado una interpelación a la ministra en el Senado sobre este asunto, tras la cual presentarán una moción para reprobar a la titular de Justicia si aún sigue en su puesto. Una propuesta similar se presentaría después en el Congreso.

Delgado negó este lunes en una entrevista radiofónica que se hubiera producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos independentistas fugados de España han presentado contra él en Bélgica y aseguró que el Ejecutivo le defenderá "hasta las últimas consecuencias".

En dicha ocasión incidió en que no existió ningún un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia".

Según explicó en alusión a la polémica generada en los últimos días es que han publicado "determinadas informaciones" no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe que hizo la Abogacía del Estado sobre el caso el 31 de julio, que "no entra en el fondo" de la demanda porque el Gobierno no la tenía, "no existe ni un sólo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.

Cronología de una polémica

La cronología de lo ocurrido, según explicó la ministra Delgado, parte de la recepción, a principios del pasado mes de junio, de una comunicación del presidente del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, "poniendo en conocimiento la existencia de una demanda", se dio traslado a los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores de Bélgica, aunque fue infructuoso.

"Intentábamos ese acompañamiento en los tribunales belgas de las propias autoridades belgas. Se nos comunica que no era posible y así los transmitimos nosotros al CGPJ y la cosa quedó así", ha explicado. Después llegó el informe de la Abogacía, que, según Delgado, "eran simplemente posibles acciones que se podían realizar y estudiar".

Fue Llarena quien posteriormente solicitó amparo a CGPJ, según el relato de la titular de Justicia, y este órgano se lo otorgó e instó al Gobierno a "mantener la integridad y la inmunidad jurisdiccional". "Recibimos esta comunicación la semana pasada e inmediatamente nos pusimos a trabajar sobre el tema, porque el procedimiento en Bélgica se había iniciado", añadió.

La ministra explicó que en ese momento se empezaron a generar "informes técnicos de trabajo interno en los que se ha ido variando la posición" para analizar cada alternativa y para trazar la "estrategia" a seguir, pero "el Gobierno ha mantenido una línea constante" y "una postura de defensa absoluta de la soberanía jurisdiccional de España" y de las personas "a través de las que se desarrolla", como, según ha dicho, es el caso de Llarena.

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