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El pacto antiyihadista sigue sin cerrarse a pesar de la conversación entre Rajoy y Sánchez

El Gobierno asegura que el retraso se debe a "asuntos técnicos" y presenta su plan para prevenir y frenar la radicalización yihadista. La vicepresidenta achaca la lógica del acuerdo bipartidista a que PP y PSOE están "llamados a sucederse" en el Ejecutivo.

Fernández Díaz, Sáenz de Santamaría y Wert, tras el Consejo de Ministros. / EFE

ANA PARDO DE VERA

MADRID.- Mariano Rajoy y Pedro Sánchez mantuvieron esta mañana una conversación para avanzar en el pacto antiyihadista que PP y PSOE tenían previsto cerrar esta semana pero que, a la vista de la ralentización en las negociaciones, se retrasará hasta la próxima. Según ha contado la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente y el secretario general del PSOE han dado un "impulso" a este acuerdo -el primero al que llegan el Ejecutivo y los socialistas con Sánchez al frente-, que "está muy avanzado" y del que sólo queda cerrar "los últimos aspectos técnicos".

Sobre las críticas y la falta de apoyos que el pacto antiyihadista ha generado entre el resto del arco parlamentario, Soraya Sáenz de Santamaría ha sentenciado con toda solemnidad que el acuerdo "se enmarca en la estrategia de coordinación entre dos partidos llamados a sucederse en el Gobierno". La vicepresidenta ha aclarado que la información que estaba trasladando a los periodistas sobre este punto se la había dado el mismo Rajoy poco antes de empezar la rueda de prensa.

El lastre de la prisión permanente revisable

Mientras el Gobierno se vuelca en poner en valor las bondades de un pacto bipartidista, el PSOE trata de arrojar fuera de la opinión pública la sensación de que ha terminado cediendo -aunque sea de forma implícita- a la inclusión de la prisión permanente revisable en el acuerdo antiyihadista con el PP. En un tuit enviado esta mañana a la red social, los del Pedro Sánchez negaban tajantemente cualquier concesión en este sentido asegurando estar a favor de "la unidad frente al terrorismo", pero con el hashtag #NoalaCadenaPerpetua. Las últimas informaciones sobre las negociaciones de este pacto aseguraban que el texto del mismo incluiría -sin desarrollarlo- la mención al artículo del nuevo Código Penal que recoge la prisión permanente revisable.

Sobre la conversación mantenida entre Rajoy y Sánchez, fuentes del PSOE han subrayado que ambos "seguirán hablando en las próximas horas con la voluntad de cerrar un acuerdo", cuya puesta en escena se prevé tenga lugar la semana que viene, cuando se presente asimismo en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley que recoja el pacto.

Con la sociedad civil

El Consejo de Ministros de hoy ha analizado el plan contra la radicalización (Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta) que ha presentado el ministro del Interior en la rueda de prensa posterior. Jorge Fernández Díaz ha asegurado que el Gobierno lleva "mucho tiempo, varios años" trabajando en esta estrategia que da continuidad al plan del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que trata de prevenir la radicalización violenta que tiene en Internet y las redes sociales lugares destacados para la difusión de las ideas y el adoctrinamiento, aunque también se da en mezquitas -en el caso del yihadismo-, otros lugares de culto religioso y en las cárceles.

El responsable de Interior ha dado dos datos que, en su opinión, hacen imprescindible sacar adelante este plan para dotar al Estado de herramientas contra "el terrorismo del siglo 21". Por un lado, Fernández Díaz ha informado de que entre 1996 y 2012, "siete de cada 10 condenados se habían radicalizado total o parcialmente en España". Por otro lado, el ministro ha asegura que "desde 2012, el 80% de los procesos de radicalización se han producido en Internet".

La principal característica de esta estrategia, según el Gobierno, es su amplitud de actuación, ya que en la misma se incluye a la "sociedad civil", esto es, por ejemplo, a las comunidades islámicas o a los centros escolares, que deberán tener presentes unas pautas para "detectar y frenar" comportamientos de radicalización.

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