El pacto de rentas reabre el debate sobre los impuestos y anticipa la batalla sobre quién pagará los costes de la guerra

El plan de respuesta al impacto de la guerra aprobado por el Gobierno de coalición no será la última batalla para perfilar la política económica del Ejecutivo ante la crisis. El denominado pacto de rentas, cuyo alcance está aún por determinar, va camino de convertirse en el escenario para una nueva confrontación que determine cuál va a ser la salida al golpe económico provocado por la invasión de Rusia a Ucrania.

Hasta hace unas semanas, el debate giraba en torno a cuáles iban a ser los temas que se iban a abordar en este foro (del que, en principio, solo iban a participar patronales y sindicatos). Ahora, parece que el Gobierno también va a tener un papel protagonista en el pacto de rentas y tanto las formaciones como los distintos actores políticos ya están marcando sus posiciones.

Las principales organizaciones sindicales, CCOO y UGT, habían pedido desde un principio que el pacto de rentas no se centrara de forma exclusiva en determinar el futuro de los salarios en un contexto de crisis (algo que quieren tratar aparte y de forma bipartita con la patronal en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva). A su juicio, es necesario repartir los costes de la crisis entre diversos sectores, lo que implica que en este foro se hable también de asuntos como los precios de la energía, la inflación o la fiscalidad.

En una entrevista del secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, este lunes en Público, el líder sindical aseguró que "la fiscalidad es otro elemento fundamental que tiene que estar en el pacto de rentas y los precios y por tanto fiscalidad y precios no los vamos a discutir y acordar patronal y sindicatos. En eso habrá que incluir al Gobierno".

Este lunes Podemos se sumó a marcar su posición en este foro y pidió un "pacto de rentas del capital" que contemplara una subida de los impuestos a las grandes fortunas. La formación morada ha ido más allá de la declaración de intenciones y ha registrado en el Congreso de los Diputados una ley de impuesto a las grandes fortunas para definir la propuesta que quiere llevar al pacto de rentas.

La formación morada quiere incrementar el importe de la reducción de la base imponible hasta el millón de euros, e introduce una nueva escala de gravamen con un total de ocho tramos y con unos tipos marginales que van desde el 3,6% hasta el 5%.

Una ley para gravar a las grandes fortunas

El nuevo tipo impositivo que se propone, explican desde Podemos, aspira a "complementar los defectos del Impuesto sobre el Patrimonio, que actualmente no funciona bien en clave recaudatoria, especialmente para patrimonios superiores a 10 millones de euros".

Por ello, "aunque se aumentan los tipos para todos los tramos superiores a 10 millones de euros, también se tiene en cuenta si el declarante está contribuyendo a través del Impuesto sobre el Patrimonio, en cuyo caso el aumento de tipos es inferior". Además, el tributo que proponen será de recaudación estatal, por lo que las comunidades autónomas no tendrán capacidad para bonificarlo.

El objetivo de llevar esta medida al pacto de rentas es, explicó este lunes la portavoz de la organización Isa Serra, "que las rentas del capital aporten lo que tienen que aportar para afrontar las consecuencias de la guerra". 

En Podemos se han encendido las alarmas al detectar lo que consideran algunos mensajes "preocupantes" que vienen de la parte mayoritaria del Gobierno, el PSOE. Para la formación morada, determinado lenguaje de los socialistas parece abrir la puerta a que el pacto de rentas se traduzca en la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, a través de medidas como la devaluación salarial o, incluso, la separación 'temporal' de la actualización de las pensiones del IPC (algo que se blindó por ley en esta legislatura y que formaba parte del acuerdo de coalición rubricado por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias).

En concreto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió "un pacto de rentas, un gran acuerdo de país que proporcione estabilidad y confianza, tanto desde la perspectiva de los costes salariales, como desde la moderación en los márgenes y beneficios de las empresas". A juicio de la formación morada este tipo de mensajes podrían apuntar hacia, por ejemplo, una paralización de la senda de crecimiento del salario mínimo interprofesional (una cuestión acordada en el seno del Ejecutivo).

No ha habido, al menos de momento, ninguna propuesta clara por parte del PSOE que apuntara ni a una eventual devaluación salarial ni a una eventual ruptura del vínculo entre las pensiones y el IPC, más allá del mensaje del presidente. 

También ha marcado su posición respecto al pacto de rentas el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En un discurso pronunciado hace unas semanas, Hernández de Cos aseguró que "este pacto debe suponer un reparto entre empresas y trabajadores... Insisto: se trata de repartir costes. Todos los agentes implicados han de asumir una pérdida. Ni los trabajadores podrán mantener su poder adquisitivo en el corto plazo, ni las empresas serán capaces de mantener sus márgenes".