Es una de las frases del momento. Se repite mucho en Madrid, pero sobre todo en Catalunya. "La ley está para cumplirla", ha reiterado hasta el cansancio el presidente Mariano Rajoy. No es el primero. Antes lo hicieron Zapatero, Aznar, Felipe González… Sin embargo, la máxima de todo mandatario español suena a chiste en las calles de Durango, Andoain o Amurrio. 38 años después de su aprobación en un referéndum, el Estatuto de Autonomía que rige la vida institucional de Euskadi sigue sin desarrollarse, víctima de los vaivenes recentralizadores del Estado. Aquí no ha hecho falta recurrir al artículo 155 de la Constitución: cuando algo del Parlamento o del Gobierno Vasco no le gusta, el Ejecutivo central acude al Tribunal Constitucional y asunto arreglado. O casi.

A pesar de los habituales discursos del jefe del PP vasco, Alfonso Alonso, sobre el apego de la formación conservadora al Estatuto de Gernika, en realidad no ha habido peor amigo de esta norma que el partido de Rajoy. "El Estado exige a los demás el cumplimiento de la legalidad, pero luego resulta que hay leyes orgánicas que directamente no las aplica", resume el diputado del PNV Mikel Legarda, conocido entre los suyos como uno de los principales expertos en materia autonómica. No en vano, hace aproximadamente 24 años participó en la redacción del informe Zubia, un documento que elaboró el Gobierno Vasco en 1993 para ver qué tal marchaba la norma estatutaria.

Desde entonces, este veterano político nacionalista ha prestado especial atención al desarrollo del Estatuto. "Respecto a aquella foto que sacamos en 1993, hoy podemos concluir que si entonces había más de cincuenta transferencias pendientes, hoy todavía nos quedan 37 aspectos estatutarios sin cumplir", resumió. En efecto, ese mismo número de incumplimientos aparece en el informe elaborado recientemente por el gobierno de Iñigo Urkullu para recordarle a Madrid que, casi un cuarto de siglo después del Informe Zubia, aún hay deudas por cumplir.

Cuando Legarda, Urkullu y cualquier otro político vasco habla de "transferencias pendientes" se refieren a los ámbitos contemplados por el Estatuto de 1979 que siguen a cargo de Madrid a pesar de que deberían –siguiendo un estricto cumplimiento de la normativa- estar en manos de las instituciones vascas. El experimentado diputado nacionalista lo tiene claro: "Cuando el Estado requiere nuestro apoyo para la gobernabilidad, se produce cierto desbloqueo estatutario. Y cuando no nos necesita, lo bloquea otra vez". En otras palabras, este tema ha funcionado como un matrimonio de interés.

El dirigente del PNV acaba de recoger varios datos que amparan sus declaraciones: "entre 1993 y 1999 –apuntó- se produjeron 18 transferencias". En ese mismo periodo, el PNV había logrado sendos acuerdos con los gobiernos de Felipe González primero y José María Aznar después. Las cosas cambiaron tras las elecciones de marzo de 2000, cuando el PP consiguió mayoría absoluta. Se inició entonces un periodo de bloque absoluto que se prolongó hasta 2009. "Durante ese tiempo hubo cero transferencia", recordó Legarda. Luego empezó otro ciclo, en el que Zapatero, necesitado de apoyos, permitió que se concretasen otras 16 transferencias.

El cumplimiento del Estatuto se frenó nuevamente en 2011 con la llegada de Rajoy. "Desde entonces –apunta el diputado peneuvista- no ha habido ninguna transferencia". Ni siquiera hubo cambios en la actuación de Madrid tras el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PP en materia de Presupuestos del Estado. En esta nueva fase, el gobierno de Urkullu ha puesto como objetivos primordiales las transferencias en materia de Seguridad Social y Prisiones, pero La Moncloa no está por la labor. "El Estado exige a los demás el cumplimiento de la legalidad, pero luego resulta que hay leyes orgánicas que directamente no las aplica", dice Legarda.

La vía del Constitucional

Los problemas no terminan ahí. Además de impedir el desarrollo de lo estipulado en la norma estatutaria, el gobierno español también ha presentado una batería de recursos contra leyes y decretos aprobados en Euskadi. Al igual que en el caso catalán, el Ejecutivo central ha apostado por la vía del Tribunal Constitucional para paralizar o modificar distintas acciones del Parlamento y del Ejecutivo vasco.

"Tras la sentencia de 2010 sobre el Estatut de Catalunya se aprecia un proceso de recentralización de las competencias por parte del Estado, que ya no tiene límites a la hora de dictar normas que, en principio, corresponden a las comunidades autónomas", afirma el experto en Derecho Administrativo y profesor de la Universidad del País Vasco (UPV) Iñigo Urrutia, quien además forma parte del Centro Interdisciplinar de Estudios Jurídicos Ikasmirak. En esa línea, advirtió que el Estatuto vasco "no se ha completado por falta de voluntad política".

"Hay otro problema –destaca Urrutia-: lo que antes se entendía como competencia exclusiva de la comunidad autónoma ya no lo es, porque el Estado puede penetrar en cualquier ámbito competencial autonómico". "Ha habido un proceso muy intenso de recentralización y, de alguna forma, todo el sistema autonómico ha quedado en entredicho", subrayó.

"Autonomía degradada"

Estos graves problemas son reconocidos en filas del PNV. "El Estado moviliza sus recursos penales y constitucionales, pero nosotros no tenemos esas armas. Y si vas a reclamar al TC, te dicen que eso depende de un acuerdo político", afirmó Legarda. A su juicio, hay una parte del Estatuto "incumplida" –la relativa a las 37 transferencias aún pendientes- y otra "degradada" por la legislación estatal, que disminuye la capacidad de Euskadi "para establecer políticas públicas en las materias que tiene competencias". "En el fondo, nos convertimos de facto en gestores de las políticas públicas del Estado. Tenemos capacidad de gestión, pero no tomamos todas las decisiones", resumió.

La parlamentaria de EH Bildu y abogada Jone Goirizelaia sintetizó esta historia con otra frase: "Cada vez que el Parlamento Vasco hace una ley que al Estado no le gusta, vía recurso se suspende". Por tales motivos, la coalición abertzale acaba de registrar una pregunta escrita dirigida al gobierno de Urkullu para tratar de conocer con exactitud cuántas leyes, decretos y reglamentos ha impugnado el Gobierno.

Del mismo modo, EH Bildu ha presentado una Proposición No de Ley para denunciar la "injerencia del Gobierno del Estado español mediante la interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional en la capacidad y competencia legislativa del Parlamento Vasco, intentando vaciar sus competencias". Además, insta al Ejecutivo del PP a "no utilizar la vía judicial" para "limitar las facultades legislativas" de la Cámara de Vitoria. El plazo para presentar enmiendas por parte de los demás grupos políticos estará abierto hasta el próximo jueves 14.

En su propuesta, Goirizelaia repasa algunas de esas "injerencias" del Estado, que actuó contra normas vascas en materias tan dispares como vivienda, víctimas de abusos policiales o protección del medioambiente ante el fracking. "Todo esto no deja de ser una intromisión en las competencias del País Vasco", comentó a Público la parlamentaria de EH Bildu.

Su diagnóstico también es compartido por el portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento, Lander Martínez. "Es innegable que hay una tendencia recentralizadora, pero no solo por parte del PP: también hay un partido como Ciudadanos que prácticamente está en contra del Estado autonómico y que ha dejado clara su posición contraria al Concierto económico", subrayó. También criticó al PNV por "prestarse al juego" del gobierno central y "ofrecer apoyo político al PP a cambio de competencias".

Reforma de la Constitución, y del Estatuto

Por su parte, José Antonio Pastor, portavoz del PSE, defendió que "se cumpla la ley en todas partes", también en materia estatutaria. "Apostamos por una reforma constitucional que aclare las competencias netamente exclusivas del Estado y las que son de las Comunidades en función de sus Estatutos, lo cual permitiría sacar la política de los tribunales", señaló el parlamentario socialista, quien reivindicó además que el TC "deje de ser el intérprete del autogobierno".

Más allá de lo que pueda ocurrir en el Congreso ante una hipotética modificación de la Carta Magna, el Parlamento Vasco mantiene activa una ponencia que analiza una posible reforma del Estatuto de Gernika que sería negociada con Madrid y refrendada por la ciudadanía vasca. Será una nueva oportunidad para que se cumpla lo incumplido.