La entrada en el Congreso de los Diputados este martes del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, dará paso a un procedimiento parlamentario que, en realidad, reproducirá todo un paripé muy alejado de lo que se supone que es un profundo debate sobre el contenido de las cuentas públicas para el año siguiente.

Durante la actual legislatura, iniciada en diciembre de 2011, la tramitación de la ley más importante de cada año ha consistido más en un paseo militar para el Gobierno que en una negociación política de altura debido a la mayoría absoluta de la que dispone el grupo parlamentario popular tanto en la Cámara baja como en el Senado.

Esa es la conclusión que se desprende del análisis de la tramitación de los diferentes proyectos de PGE presentados por el Gobierno que preside Mariano Rajoy tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado para los ejercicios presupuestarios de 2012, 2013, 2014 y el actual, 2015.

Las cifras son concluyentes: de un total de unas 28.000 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición en las cuatro tramitaciones el Gobierno y el PP apenas admitieron 30. Eso sí, la mayoría se fueron incorporando al presupuesto correspondiente con modificaciones (transacciones, en la jerga parlamentaria) que habían sido introducidas por el propio grupo popular.

Es decir, la media de enmiendas admitidas por el ministro Montoro cada año a su iniciativa legislativa no llega ni a ocho entre las 7.000 modificaciones que, por término medio, han ido presentando los diferentes grupos parlamentarios de la oposición en el Congreso y en el Senado a cada proyecto de PGE.

El “talante” negociador de Rajoy y su ministro Montoro ha ido de más a menos a medida que iba avanzando la legislatura. Así, en la tramitación del los PGE para 2012, que discurrió entre los meses de abril y junio de ese mismo año, la oposición presentó alrededor de 7.000 enmiendas. En el Congreso de los Diputados no fue admitida ninguna modificación y en el Senado se aceptaron un total de 10, todas ellas con transacciones redactadas por el PP.

Ese mismo año, entre octubre y diciembre, en la tramitación de los PGE para 2013, las enmiendas de la oposición alcanzaron la cifra de 6.604. Pues bien, en el Congreso de los Diputados el PP asumió 7 enmiendas – dos de UPN, 3 de CiU, una del Foro por Asturias y otra más del PNV-. En el Senado, con 2.833 enmiendas planteadas, Montoro fue inflexible: ni una sola fue admitida.

Al año siguiente, en el debate de los PGE para 2014, el torniquete del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a la oposición se apretó algo más: con más de 6.000 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición el Gobierno de Rajoy y su grupo parlamentario apenas admitieron 4 modificaciones, también todas con matizaciones introducidas por el grupo popular.

El pasado año la historia volvió a repetirse durante la tramitación de los presupuestos de 2015, actualmente en vigor. El afán enmendador de los grupos opositores fue mayor: se presentaron hasta casi 8.000 enmiendas entre las dos cámaras parlamentarias. Pero el esfuerzo fue vano. Entre ambas cámaras el PP admitió tan solo 4 enmiendas – dos de ellas sin transacción, todo un logro -, presentadas por CiU y el PNV, las mismas que al año anterior.

En el debate final en el Congreso de los Diputados, tras su paso por la Cámara alta, el PP reconoció unas mejoras “técnicas” que hizo que se aprobasen otras cinco enmiendas pactadas con la oposición. Al final fueron 9 las enmiendas introducidas a los PGE de 2015.

Hay que reseñar que ninguna de las enmiendas admitidas en los PGE de los últimos cuatro años pertenecen a las presentadas por las formaciones de la izquierda presentes en el hemiciclo. Ni PSOE, ni La Izquierda Plural ni los diferentes partidos progresistas del grupo Mixto, así como UPyD, lograron “colocar” enmienda alguna a los diferentes presupuestos. Otra muestra del “talante” negociador mostrado por el presidente Rajoy y su ministro de Hacienda.

En la tramitación forzada de este quinto proyecto de PGE que el Gobierno del PP presenta este martes ante el Congreso de los Diputados no se prevé que la capacidad de pacto del Ejecutivo conservador se modifique respecto a anteriores ediciones. La firmeza con la que el propio presidente del Gobierno defendió el pasado viernes desde Moncloa su proyecto económico es buena prueba de ello.

Ni siquiera el hecho cierto de que, al margen del resultado de las elecciones generales de otoño, será un Gobierno diferente al actual quien deba ejecutar el presupuesto que se tramitará en pleno verano y se aprobará a principios de octubre, hará torcer el brazo de Rajoy y Montoro. Esa es la sensación que se tiene en la oposición. La única incógnita consiste en averiguar si en el proyecto de PGE para 2016 se admitirán más o menos de 8 enmiendas.