La Diputación Permanente del Parlament ha aprobado este miércoles llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la aplicación del Gobierno central en Catalunya del artículo 155 de la Constitución que ha intervenido la autonomía catalana.

La Diputación Permanente (órgano que vela por los poderes del Parlament entre legislaturas, con la composición del hemiciclo anterior a las elecciones del 21-D) ha aprobado la propuesta del grupo de JxSí de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas aplicadas al amparo del artículo 155. 

JxSí (grupo formado por PDECat y ERC) pidió en noviembre un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el 155 y el órgano consultivo de la Generalitat falló que era susceptible de ser recurrido porque, por ejemplo, sostuvo que el cese del Govern que impuso el Gobierno central no era una "medida necesaria o indispensable".

La iniciativa ha prosperado gracias a que JxSí ha contado finalmente con los votos a favor de Catalunya Sí Que Es Pot, sorteando así la abstención de la CUP, reticente a acudir al Alto Tribunal.

El diputado de JxSí Lluís Corominas ha apoyado el recurso basándose en el dictamen del CGE, y ha concluido que la aplicación del 155, con el cese de Carles Puigdemont al frente del Govern y la disolución del Parlament, vulnera el ordenamiento jurídico vigente porque, a su juicio, se han infringido funciones estatutarias y constitucionales que corresponden a la figura del presidente de la Generalitat.

"De la literalidad del 155 en ningún caso se puede presuponer que pueda sustituirse al presidente de la Generalitat y disolverse el Parlament. De todo lo relativo a los derechos fundamentales, si no está expresamente escrito o prohibido, no puede hacerse una interpretación extensiva", ha recalcado Corominas, que ha acusado al Estado de abusar del 155.

La diputada de SíQueEsPot Marta Ribas ha exigido la suspensión inmediata del 155 para recuperar el autogobierno catalán y volver a una "normalidad democrática" que lleve a la búsqueda de soluciones políticas a través del diálogo y en la que se olviden vías unilaterales, juzgados y la policía.

Además de recordar el recurso presentado por Unidos Podemos al TC por la misma cuestión, ha opinado que el 155 ha traspasado límites democráticos, estatutarios y constitucionales, y ha argumentado la necesidad de aclarar los límites de su aplicación, sentar jurisprudencia y evitar tentaciones de querer aplicarlo a otros gobiernos autonómicos "por no ser suficientemente complacientes con el Estado".

Cs, PSC y PP han votado en contra de recurrir al Alto Tribunal la aplicación del 155 porque defienden que era necesario tras la proclamación de la independencia en el Parlament, aunque han celebrado que los grupos soberanistas "reconozcan explícitamente al Tribunal Constitucional y su legitimidad". Para estos partidos, la aplicación del 155 se ha "ceñido" a disolver el Parlament y el Govern, y convocar elecciones.

Desde la CUP, la diputada Gabriela Serra ha justificado la abstención de su grupo porque no reconocen en el TC ninguna competencia ni autoridad, y ha negado que el 155 sea el despliegue de un artículo de la Constitución porque es "un golpe de Estado" contra la instituciones catalanas.