El Parlamento de Galicia ha acordado reclamar a la Xunta todos los contratos celebrados por la Administración gallega con las empresas del Grupo Eulen, cuya dirección para el noroeste de España ejerce Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente del PP y ex presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo.

Así figura en una proposición no de ley del PSOE que fue aprobada por unanimidad, es decir con el voto a favor de socialistas, populares y nacionalistas del BNG,  el pasado jueves en la comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior de la Cámara gallega.

Desde que Feijóo accedió a la presidencia de la Xunta en el año 2009, Eulen multiplicó las adjudicaciones con las consellerías, empresas públicas, fundaciones y entidades instrumentales de la administración autonómica, tal y como ha desvelado Público  desde el pasado mes de febrero.

Esas contrataciones sumaron más de 37 millones de euros en los trece años de gobierno de Feijóo. En 2016, el ejercicio posterior a que Eulen obtuviera un récord de adjudicaciones de 6,2 millones en el ejercicio de 2015, Micaela Núñez fue ascendida desde la dirección regional del grupo en Galicia a la dirección de todo el noroeste de España.

Según constató y publicó Público, también hubo coincidencia entre nombramientos y ascensos a dedo de altos cargos en la administración gallega y adjudicaciones millonarias a Eulen, y evidencias de que en muchas adjudicaciones, las empresas del grupo manejaban información privilegiada.

El portavoz de Transparencia del PSOE en el Parlamento gallego, Pablo Arangüena, autor de la iniciativa, considera que la Xunta debe ofrecer explicaciones por el presunto "trato de favor millonario" hacia Eulen, y reclama al Gobierno de Alfonso Rueda que remita a la Cámara una relación detallada de los expedientes administrativos correspondientes a los contratos con Eulen desde que Feijóo llegó a la Xunta.

"Habrían sido en total 139 desde 2009, a través de once consellerías y diecisiete entidades de la administración como el Sergas, Augas de Galicia, Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar, CRTVG, Sogama o las fundaciones Semana Verde de Galicia, Deporte Gallego y Cidade da Cultura. A estos, habría que sumar otros otorgados por ayuntamientos del PP", explica Arangüena, en referencia a las informaciones de Público.

Siguiendo los artículos de este diario, añade Arangüena, "las adjudicaciones de la Xunta a la empresa de la hermana de Feijóo se incrementaron en un 360%" con respecto a la legislatura en la que gobernaba Emilio Pérez Touriño.

A eso se suman otros indicios de que hubo "algo más que un trato de favor", como un contrato adjudicado en 2019 al Grupo Eulen por el Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar para la gestión de varios centros de día de atención a mayores y dependientes de la comarca de Ferrol, en el que el grupo empresarial "se llevó el contrato con una oferta que coincide al céntimo con la de otra empresa competidora: 2.023.950,24 euros".

"No coincide en los millones, ni en los miles ni en los euros, no, coincide en los céntimos de euro", subrayó el socialista, lo que significa, señaló, "que una de las dos empresas debió saber con antelación la cifra que había ofertado la otra empresa y la igualó porque alguien le dio esa información privilegiada o que ambas empresas pactaron presentar exactamente la misma oferta".

"En el primer caso, sería un delito y, en el segundo, sería colusión para excluir la competencia, que es otra forma de corrupción", sentenció.

En otros casos, añadió Arangüena, "la empresa de la hermana de Feijóo hace una oferta económica casi idéntica al precio de licitación, pero solamente cuando no hay competidores porque cuando hay competidores presenta un precio más bajo, lo cual sería indicativo de que es informada de cuándo hay otras ofertas y cuándo no".

Sumadas a estas irregularidades, concluyó el socialista, "también hay contratos con la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama)", que gestiona la incineración de residuos en la comunidad, "que el Grupo Eulen se adjudica a pesar de que su oferta está declarada por los técnicos como baja temeraria". Es decir, bajo el límite que garantiza la correcta prestación del servicio requerido.

A pesar de la aprobación por unanimidad de su proposición, Arangüena alertó de que los socialistas estarán atentos para que el Ejecutivo gallego remita la información solicitada, ya que, recuerda, no es la primera vez que la Xunta incumple los acuerdos de las comisiones, por lo que estarían dispuestos incluso a llegar a instancias judiciales para obtener los contratos.

Alertó de que si no se remite esta información es que "el señor Feijóo tendría algo que ocultar" y no debería por tanto estar en posición de optar al Gobierno del Estado.