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exhumación Franco Compromís pide al Gobierno anular el Decreto Ley de 1957 que permite a los benedictinos gestionar el Valle de los Caídos

Según el senador Carlos Mulet este Decreto Ley "fue firmado por un Gobierno ilegal, y no tiene sentido que el actual Estado acarree con las hipotecas normativas de un régimen genocida e ilegal".

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Foto de archivo. Europa Press

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido al Gobierno de España que "deje el papel de prestidigitador" respecto al futuro del Valle de los Caídos y "tome las decisiones en firme que le permite el actual ordenamiento jurídico", entre las que ha destacado, el derogar el Decreto Ley de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que le atribuye la titularidad y administración del lugar.

Así lo ha afirmado el senador castellonense en un comunicado en el que hace referencia al informe de la comisión de expertos elaborado en 2011. Los fines fundacionales, ha detallado el senador, eran "rogar a Dios por las almas" de "todos los Caídos" y por España, así como "laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres", sobre la base de la doctrina social católica.

Tal y como se recoge en la Orden PRE/1396/2011, de 27 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se crea la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, estas tareas fueron delegadas a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz a través de un convenio, suscrito con fecha de 29 de mayo de 1958, entre la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos, previo decreto de establecimiento de la Abadía por Pío XII, el 27 de mayo de 1958, a petición del Estado.

Un decreto "ilegal"

Las obligaciones de la orden religiosa, ha continuado Mulet, "consistían, entre otras, en el mantenimiento del culto, la promoción de una escolanía, la dirección de un centro de estudios sociales y el cuidado de la hospedería". Poco después la Iglesia de la Santa Cruz fue erigida como Basílica Menor por Juan XXIII el 7 de abril de 1960.

Según el representante de la formación valenciana en la Cámara Alta, en primer lugar, este Decreto Ley "fue firmado por un Gobierno ilegal, y no tiene sentido que el actual Estado acarree con las hipotecas normativas de un régimen genocida e ilegal".

En segundo lugar, "porque la Abadía estaría incumpliendo los fines, y por lo tanto, el Patronato, según este texto, ha de dar cuenta a la Santa Sede y solicitar la sustitución de la Abadía benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia".

"La Fundación Franco no se ajusta a la legislación actual en cuanto a Fundaciones"

"Esta orden a manos de un prior fascista, utiliza su el cargo no para laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sino para violentar la convivencia democrática y actuar contra la propia legislación, como es en este caso la Ley del 2007 que pide resignificar el conjunto del Valle de los Caídos", ha mantenido.

En tercer lugar, porque el convenio entre la Fundación y la Abadía, firmado en el 1958, "atenta contra la ley del 2007 de Memoria Histórica, en tanto y cuanto en sus obligaciones está la exaltación del franquismo (obligación de celebrar misas el 20 N entre otras fechas, en honor a los 'caídos en la Cruzada')".

El Artículo 16 Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, deja claro que "en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo".

"Se continúan permitiendo actos de exaltación franquista"

A pesar de ello, "se continúan permitiendo actos de exaltación franquista como los vistos recientemente, o directamente protagonizados por el prior fascista al frente de la Abadía, Santiago Cantera, quien protagonizó y dedicó el pasado 20 de enero una misa en homenaje al dictador genocida Francisco Franco".

Y en cuarto lugar, según el portavoz de Compromís, porque "la Fundación no se ajusta a la legislación actual en cuanto a Fundaciones". "Las recomendaciones de la comisión de expertos ya apuntaban a la necesidad de renegociar el convenio con la Iglesia, por ser este anacrónico".

"Es un propósito ya planteado por la Ley 23/1982 que autorizó al Gobierno a regular, mediante Real Decreto, la adecuación del régimen jurídico de la Fundación, sin que finalmente llegara a producirse, a pesar de que con tal objeto se dispusiera la creación de una Comisión por Real Decreto 663/1984, de 25 de enero", ha agregado.

El gobierno tiene "todo el amparo normativo" para expulsar a la orden  

En la actualidad, de acuerdo con la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, y el Reglamento de dicha ley, aprobado mediante Real Decreto 496/1987, de 19 de marzo, las funciones de patronato y representación de la Fundación se asignan al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por lo que el Gobierno tiene "todo el amparo normativo para expulsar a esta orden del Valle de los Caídos".

Mulet ha indicado que la formación ha pedido reiteradamente por vía parlamentaria al Gobierno que aporte copia del Convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, de 29 de mayo de 1958 y el Reglamento de Régimen Interior de 29 de mayo de 1959, y una análisis del incumplimiento por parte de la Abadía de estos acuerdos, y de momento el Gobierno está incumpliendo los plazos para aportar a la Cámara Alta esta documentación requerida.

"Vemos como el Gobierno se ha dedicado a utilizar este tema, el de la exhumación del genocida del Valle de los Caídos, como una recurrente cortina de humo, un golpe de efecto partidista para tenernos distraídos, pero esos golpes han sido fallidos, y acaban reportando más problemas que soluciones, embarrando el terreno y alejando la solución de lo que en un principio era sencillo", ha agregado.

Ahora, ha considerado el portavoz valencianista, "se ha enturbiado la solución inmediata, puesto que se ha optado más por los titulares que por las soluciones, y continuamos pagando con dinero público el mantenimiento anual —en su opinión, 'carísimo'— del mausoleo de un criminal golpista que dedicó 40 años de su vida a asesinar españoles y coartar las libertades, o al ideólogo de este régimen 'filonazi', que también goza de una ubicación preferente en el mausoleo, y el Gobierno obvia aplicarle ninguna medida".