El idilio entre PSOE y PSC corre el riesgo de tensarse por la financiación

Las difíciles negociaciones para la nueva financiación de Catalunya aparecen en el horizonte como la nube, aún lejana, que podría desatar una tormenta que rompiera la plácida relación entre PSOE y PSC. Seguramente, nunca como ahora los socialistas catalanes habían tenido tanta influencia en los socialistas españoles y, de rebote, en el Gobierno. Al mismo tiempo, nunca había habido un alineamiento estratégico tan estrecho entre los aparatos del carrer Pallars de Barcelona –sede nacional del PSC– y la calle Ferraz de Madrid –sede del PSOE–. La intensa y buena relación entre Pedro Sánchez y un Salvador Illa convertido, sin ninguna duda, en el principal barón territorial socialista también contribuye a un idilio que se aleja de las tensiones recurrentes en épocas pasadas, como durante la etapa del Estatut o en los años iniciales del procés.

El president de la Generalitat aprovechó una entrevista en Onda Cero este miércoles para negar que exista "un choque" entre los dos gobiernos por la financiación singular y añadió que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está "ayudando mucho" y es "un gran activo" en esta cuestión. Más allá de las palabras de Illa, la realidad es que ahora mismo el PSC se encuentra atrapado entre la posición del Ejecutivo estatal y las demandas de ERC, e intenta ejercer un equilibrio complicado que podría romperse si no hay avances significativos en la que es la cuestión clave de la legislatura catalana.

Tras el Consell Executiu del martes, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, manifestó que "el modelo es claro: recaudar progresivamente el 100% del IRPF y ordinalidad, además de solidaridad. Este es el objetivo que perseguimos, el marco de juego". En pocas palabras, el Govern y, por tanto, el PSC defienden el modelo pactado con ERC. Ahora mismo esta no es la posición del Ejecutivo estatal, que a través de Hacienda ha manifestado que no acepta ni la proposición de ley registrada por los republicanos para la cesión integral del IRPF a Catalunya –que considera "inasumible"–, ni asume la ordinalidad. De hecho, el texto surgido de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat del 14 de julio no obliga al Gobierno a cumplir con la ordinalidad, un principio que implicaría que, a diferencia de lo que ocurre ahora, Catalunya no perdiera posiciones en el reparto de recursos entre las diversas autonomías respecto a su contribución al sistema.

Illa y el PSC han hecho suyo el acuerdo con ERC porque saben que sin avances en la financiación no tendrán opciones de aprobar los presupuestos de la Generalitat, lo que dificultaría el rumbo del Govern. Al mismo tiempo, los republicanos acusan a Montero de resistirse a las demandas catalanas porque considera que aceptarlas podría torpedear sus opciones como futura candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. Y en esta situación de intereses confrontados, el PSC confía en que pueda alcanzarse una entente que no tense las hasta ahora plácidas relaciones con Pedro Sánchez y los suyos. Ahora bien, parece claro que si hay un aspecto que podría abrir una fisura entre socialistas catalanes y españoles es este, reviviendo unos choques que fueron más o menos habituales años atrás.

El choque con el Estatut

El PSC surgió como tal en julio de 1978, cuando las diversas ramas del socialismo en Catalunya se unieron en una sola formación. En concreto, fue fruto de la confluencia entre el PSC–Congrés, el PSC–Reagrupament y la Federación Catalana del PSOE. Creado como partido soberano y autónomo del PSOE, ese mismo año se firmó un protocolo de unidad que pautaba las relaciones entre ambas organizaciones. Inicialmente, la autonomía de los socialistas catalanes se visibilizó con un grupo propio en el Congreso de los Diputados. Esta situación, sin embargo, no se alargaría mucho, ya que el grupo desapareció en 1982, tras la victoria de Felipe González en las generales, celebradas un año y medio después del intento de golpe de Estado del 23F y algunos meses después de la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).

Más allá de tensiones puntuales vinculadas a cuestiones lingüísticas y a los exabruptos españolistas de algunos barones autonómicos del PSOE, posteriormente llegaron un par de décadas de estabilidad y sin grandes conflictos entre los dos partidos. A grandes rasgos, el PSC se mantuvo en la oposición en el Parlament, mientras se imponía en las municipales –sobre todo en las grandes ciudades– y en las elecciones generales en Catalunya. La llegada de Pasqual Maragall al liderazgo de los socialistas catalanes iría provocando encontronazos, sobre todo por su visión federalista, que chocaba con los postulados centralistas que dominaban en el PSOE de la época.

La negociación y posterior aprobación del Estatut de Catalunya sería hasta entonces el momento culminante de las tensiones entre PSC y PSOE. Basta recordar cómo el exvicepresidente español y entonces diputado en el Congreso Alfonso Guerra celebró en 2006 cómo habían recortado –"cepillado", en sus palabras exactas– el texto, que se vería más rebajado cuatro años más tarde con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC). Todo ello limitaba mucho el alcance de una normativa planteada por Maragall desde una óptica federal y con cierta ambición nacional catalana.

Además, a principios de 2006 el entonces presidente español y líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, había cerrado un "acuerdo global" sobre el Estatut con quien era el número uno de CiU y jefe de la oposición en Catalunya, Artur Mas, en un gesto que supuso pasar por encima de los socialistas catalanes. A cambio, Mas aspiraba a que el PSOE forzara al PSC a evitar una reedición del tripartito. A la hora de la verdad, sin embargo, pese a las presiones del PSOE, José Montilla repetiría la alianza con ERC e ICV-EUiA tras los comicios al Parlament del 1 de noviembre y sucedería a Maragall al frente de la Generalitat, demostrando la autonomía del PSC en cuestiones catalanas.

La defensa del PSC del referéndum

La llegada del procés independentista, que se convertiría en el eje de la política catalana durante una década, dispararía las tensiones internas dentro del PSC y también en su relación con el PSOE, especialmente en los primeros años del conflicto territorial. Una distancia marcada por la defensa inicial de los socialistas catalanes del llamado "derecho a decidir", que progresivamente iría desapareciendo.

En concreto, en el programa para las elecciones al Parlament de 2012, un PSC liderado por Pere Navarro se comprometía a "promover las reformas necesarias para que los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya puedan ejercer su derecho a decidir a través de un referéndum acordado en el marco de la legalidad". Meses después, en febrero de 2013, los diputados del PSC en el Congreso rompieron la disciplina de voto con el PSOE para votar a favor de resoluciones de CiU e ICV para promover una consulta sobre el futuro de Catalunya. Era la primera vez en la historia que ocurría. La fallecida exministra Carme Chacón no lo hizo y fue la única diputada del PSC en no participar en la votación.

La defensa explícita del derecho a decidir del PSC se terminó tras la firma de la Declaración de Granada, en julio de 2013, que apostaba por un modelo federal de Estado español. Desde entonces, el PSC siempre se ha alineado oficialmente en contra del referéndum de autodeterminación, pese a algunas declaraciones que años atrás se salieron del guion oficial del partido. Esto provocó diversas escisiones, como las protagonizadas por MES, con dirigentes como Marina Geli, o la Nova Esquerra Catalana que en aquel momento impulsó Ernest Maragall.

En las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 –ya con Miquel Iceta al frente del partido–, el PSC ya no defendía el derecho a decidir. Un año después, el congreso que el PSC celebró en noviembre de 2016 generó cierta polémica, porque en un primer momento Iceta era partidario de incluir una mención a la vía canadiense [en referencia a la ley de claridad, surgida tras los referéndums de independencia de Quebec] para resolver el conflicto. Cuando trascendió, le llovieron críticas y finalmente la ponencia omitió cualquier mención a una vía canadiense que, curiosamente, Pere Aragonès haría suya años después.

En 2017, el PSC se alineó ya totalmente con el PP y Ciudadanos a la hora de rechazar el 1 de octubre y las iniciativas en el Parlament para llevarlo a cabo, para finalmente posicionarse a favor de la aplicación del artículo 155 sobre Catalunya. No sin tensiones internas. La actual consellera de Interior y entonces alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, dimitió como miembro de la ejecutiva federal del PSOE en oposición al apoyo del partido al 155 y el expresidente de la Generalitat José Montilla salió del Senado cuando se votó el artículo. Iceta volvió a recibir críticas por parte de dirigentes del PSOE cuando defendió los indultos mucho antes de la condena del Tribunal Supremo a los dirigentes independentistas, si bien en 2021 el Gobierno de Sánchez acabaría aprobándolos. Ya con Salvador Illa al frente del PSC, el alineamiento con el PSOE –básicamente con Sánchez– en la cuestión territorial ha sido absoluto.

No puede obviarse lo sucedido en octubre de 2016, cuando el PSOE aceptó abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy como presidente español. El PSC no acató la disciplina de voto y sus diputados en el Congreso optaron por el "no", lo que provocaría que fueran expedientados. La tensión de aquel episodio derivaría en la revisión del protocolo que fijaba las relaciones entre PSC y PSOE desde 1978, que se actualizaría en marzo de 2017. El nuevo documento teóricamente limita la soberanía del PSC, aunque la realidad es que los socialistas catalanes han seguido siendo autónomos a la hora de decidir sus alianzas y prioridades políticas. Los próximos meses veremos si la financiación fisura la extrema complicidad entre Illa y Sánchez.