MADRID.- El expresidente del Tribunal Constitucional Pascual Sala ha tildado este miércoles de "errónea e inoportuna" la reforma que pretende el PP de la ley que regula al máximo órgano intérprete de la Constitución. La proposición de ley orgánica incluye la potestad para suspender a gobiernos que incumplan sus sentencias.

A juicio de Sala, la reforma se basa en "un criterio de sospechas" de tal manera que se desvirtúa la función de máximo intérprete de la Constitución que tiene el TC.

"No la veo ni oportuna políticamente, ni necesaria ni jurídicamente correcta", destaca Pascual Sala en una entrevista con Público. 

Al mismo tiempo, Pascual Sala tilda de "insólito" el que el PP pretenda que el Tribunal Constitucional se convierta "en un órgano de ejecución de sospechas" del poder ejecutivo y que sea el ejecutor de oficio sobre las instituciones o personas de las que se presume que no vayan a cumplir sus resoluciones.

Dicha actuación del TC en función de sospechas se refleja en la misma exposición de motivos de la iniciativa del PP. En concreto, cuando habla de la "...necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar la efectividad obliga a desarrollar los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real".

Las declaraciones de Pascual Sala son de especial relevancia, dado que es un jurista de prestigio con una extensa carrera. Exmagistrado del Tribunal Supremo y doctor honoris causa por la Universidad de Valencia, ha sido presidente del Tribunal de Cuentas (1988-1990); presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (1990-1996) y presidente del Tribunal Constitucional (2011-2013).

Las resoluciones se cumplen desde hace 35 años

Pascual Sala (Valencia, 1935) recuerda que la Ley Orgánica 21/1979 del Tribunal Constitucional "ya tiene los mecanismos suficientes para asegurar la efectividad de sus resoluciones". Resoluciones que -insiste- "se cumplen" y se han cumplido en estos 35 años.

Así, la ley del TC de 1979 establece que sus resoluciones vinculan a todos los poderes públicos, que están obligados a su cumplimiento, al tiempo que asegura la efectividad de sus disposiciones.

Los mecanismos que contempla la ley Orgánica 21/1979 del Tribunal Constitucional para hacer que las resoluciones se cumplan no son genéricos, sino específicos en función de la naturaleza de cada proceso ante el TC.

Por ejemplo, Sala destaca que en los procesos de constitucionalidad, las sentencias tienen el valor de cosa juzgada, de tal manera que tienen efectos generales una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Por su parte, en los procesos de conflictos de competencias -entre el Gobierno central, autonomías...- ya se establece que en los recursos del Ejecutivo ante el TC conllevan la suspensión inmediata de la disposición recurrida por cinco meses, tiempo en el que el TC tiene que dictar resolución confirmando o no dicha suspensión hasta que adopte su decisión definitiva.

Rechaza una reforma que oscurece al TC

Por último, en los recursos de amparo, el TC ya determina en su resolución qué órgano debe rectificar la vulneración de un derecho fundamental.

Más allá de su análisis jurídico, Pascual Sala recuerda que el TC no forma parte del poder judicial, de la jurisdicción ordinaria, sino que es el intérprete máximo de la Constitución.
Y la iniciativa del PP "no ayuda" a proyectar hacia la sociedad "una realidad, que el Tribunal Constitucional es un tribunal independiente, no es dependiente ni partidario".

Por ello, "hay que defender la independencia del TC y todo lo que pueda oscurecerla, debe rechazarse", concluye Pascual Sala.
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