MADRID.— Este martes se cumplen las cuatro primeras semanas desde el inicio formal de la XII Legislatura y la parálisis es total en el Congreso de los Diputados. De momento no hay noticias de la Constitución de la Diputación Permanente, uno de los primeros trámites que se realizan al inicio de cada legislatura ya que se trata del órgano que sustituye al pleno en los periodos inhábiles o en caso de disolución.

Tampoco hay una convocatoria oficial de la Mesa de la Cámara Baja pese a estar en el aire la adopción de una serie de decisiones importantes como la ubicación definitiva de las bancadas de los diferentes grupos parlamentarios, que quedó pendiente en la reunión anterior de este órgano de dirección por las diferencias entre los grupos parlamentarios de Podemos y el Mixto.

La semana pasada la presidenta de la cámara, la popular Ana Pastor, anunció en una comparecencia ante los periodistas en el Congreso que en los próximos días se convocarían tanto la Mesa como la Diputación Permanente para dar curso “lo más rápido posible” a los asuntos pendientes. Y se comprometió a constituir las comisiones “regladas”, es decir, las que preside la propia presidenta y cuentan con un representante de cada grupo: la de Peticiones y la del Estatuto del Diputado. Esta última debe autorizar las compatibilidades extraparlamentarias que solicitan los miembros de la Cámara.

No está anunciada “ninguna actividad ni convocatoria” y la agenda que se remite a los medios no presenta actividad hasta el viernes.

Sin embargo, hasta este martes no está anunciada “ninguna actividad ni convocatoria”, según fuentes oficiales de la cámara consultadas por este periódico. La agenda que se remite semanalmente a los medios de comunicación tampoco registra actividad alguna hasta el próximo viernes.

Mientras tanto, el registro oficial de la Cámara tiene anotadas ya hasta el pasado viernes la presentación de 1.010 iniciativas parlamentarias de los diferentes grupos, la mayoría con la firma del grupo socialista y de sus diputados. De momento, este volumen de trabajo parlamentario duerme en los cajones hasta que la Mesa decida estudiarlos y calificarlos para que generen actividad parlamentaria propiamente dicha.

Entre esas iniciativas se encuentran dos peticiones de creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre el escándalo de las conversaciones grabadas al ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en su despacho oficial con el director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Daniel de Alfonso, desveladas por Público a finales del pasado mes de junio. Una petición lleva la firma del PSOE mientras que la otra está rubricada por ERC y Convergéncia en nombre del grupo Mixto.

También se pide la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP y el conocido como 'caso Bárcenas', además de varias comparecencias de miembros del Gobierno en funciones, incluido el propio presidente, Mariano Rajoy. En la pasada legislatura el Ejecutivo se negó a someterse al control de una cámara que no le había otorgado la confianza, lo que derivó en llamativas ausencias de sus miembros en la Cámara, un hecho sin precedentes desde 1977. Miles de preguntas de los diputados se quedaron, asimismo, sin contestar.

Pero el retraso de la actividad parlamentaria en esta legislatura es mayor que en la anterior, cuando se produjo la irrupción espectacular de dos formaciones nuevas en el arco parlamentario: Podemos y Ciudadanos. Entonces, pese a esa circunstancia, ya en la tercera semana se habían calificado por parte de la Mesa, presidida por el socialista Patxi López, las iniciativas parlamentarias de los grupos y se habían constituido siete comisiones parlamentarias que comenzaron a elaborar sus calendarios de sesiones.

Esta parálisis de la actividad parlamentaria, camino de cumplirse los dos meses desde la jornada electoral del pasado 26 de junio, cabe enmarcarla en el proceso interno que vive el PP, el partido de Rajoy y de Ana Pastor, de cara a la investidura del primero como presidente del Gobierno tras aceptar la propuesta que le hizo el jefe del Estado el pasado 28 de julio.

Esta parálisis de la actividad parlamentaria, camino de cumplirse los dos meses desde la jornada electoral del pasado 26 de junio, cabe enmarcarla en el proceso interno que vive el PP.

Todo está pendiente de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PP de este miércoles, en la que Rajoy someterá a la votación de sus compañeros de la dirección del partido las seis condiciones formuladas por Albert Rivera al líder popular, como paso previo a negociar el apoyo de la formación naranja a su investidura. Como cuestión previa, Rivera exigió además la inmediata fijación de una fecha para celebrar el pleno de la cámara que debata la investidura, un punto que es competencia exclusiva de la presidenta Pastor.

“Es evidente que todo está condicionado a esa reunión interna del PP y de lo que allí se decida y, a su vez, de qué forma reaccione Ciudadanos”, aseguran fuentes parlamentarias conocedoras de los trámites internos de la Cámara baja. “Pastor no es autónoma, depende de lo que le diga Rajoy. Por eso esta legislatura va más lenta; hasta que Rajoy decida qué va a hacer”, añaden con total resignación.

Por su parte, los grupos de la oposición comienzan a denunciar este estado de las cosas. Lo hizo el pasado viernes el portavoz del grupo socialista, Antonio Hernando, y también lo ha hecho el grupo de ERC a través de una nota en la que el diputado Joan Capdevila califica la situación de “vergüenza” por la “completa inactividad del trabajo parlamentario”.

“Llevamos ocho meses desde el pasado 20 de siembre sin que la cámara ejerza su función de control al Gobierno”, asegura este parlamentario independentista catalán. En realidad son algunos meses más, casi un año desde la disolución de la X Legislatura en octubre de 2015. En esto momentos casi nadie recuerda cuándo fue la última sesión de control al Gobierno: el 21 de octubre pasado cuando Rajoy, a trancas y barrancas, contestó preguntas de la oposición una semana antes de la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones para el 20-D.