La tensión política actual en Catalunya está lejos de los momentos más intensos del Procés, pero eso no significa que el conflicto territorial con el Estado esté solucionado. Pese a sus numerosas diferencias, el conjunto del independentismo coincide en este aspecto, aunque no en los posibles caminos para resolverlo. La apuesta del Govern –en manos únicamente de ERC– es clara: lograr una propuesta de Acuerdo de Claridad en la línea del que existe en Canadá para fijar las condiciones en las que sería posible celebrar un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

Tras algunos meses con la cuestión aparcada, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la ha vuelto a poner sobre la mesa este martes, en una comparecencia en la que ha detallado las fases para lograr, al menos, una propuesta catalana de Pacto de Claridad, a negociar posteriormente con el Gobierno estatal. Entre otros pasos, el president pretende convocar una mesa de partidos en Catalunya tras las elecciones municipales para debatir esta vía de resolución al conflicto. El objetivo del ejecutivo autonómico sería que la iniciativa, que ha vuelto a generar el rechazo y las críticas de la oposición, se pudiera cerrar en Catalunya a inicios del año que viene, aunque los primeros pasos se darán ya este abril.

Según Aragonès, que ha detallado las novedades alrededor de la cuestión tras la reunión semanal del Govern, la voluntad es que la propuesta esté "basada en el consenso", que pasa por "dar respuesta a la mayoría sólida, amplia y transversal" de la ciudadanía que "quiere decidir en libertad el futuro del país". Será el ejecutivo el que empiece y termine el proceso para elaborar la propuesta, aunque recogiendo la opinión de la ciudadanía en los próximos meses. En concreto, el punto de partida será una serie de preguntas –"alrededor de media docena", según ha dicho el mismo president– que el Ejecutivo dará a conocer en breve sobre los "distintos mecanismos democráticos que pueden contribuir a resolver el conflicto político con el Estado".

Creación de un consejo académico

Paralelamente, el Govern impulsará la creación de un consejo académico formado por varios expertos que este mismo mes empezará a trabajar para elaborar un primer informe en el que ofrecerá distintas opciones de respuestas a las preguntas planteadas por la Generalitat. Hasta el momento se sabe que este consejo estará coordinado por el politólogo Marc Sanjaume, experto en los casos del Quebec y Escocia. Este primer informe tiene que servir para guiar el debate "político, social y ciudadano que iniciaremos antes del verano".

Una de las patas de este debate será la mesa de partidos catalanes que quiere convocar tras las municipales y en la que "estaremos dispuestos a escuchar otras propuestas que se quieren poner sobre la mesa", en palabras de Aragonès. Otra pata será el impulso de un debate "con la sociedad civil organizada", que quiere "escuchar y recoger la opinión de las entidades y asociaciones de carácter social, económico, cultural, cívico y deportivo de Catalunya" sobre este primer informe del Consejo. Y, finalmente, fomentar la participación ciudadana a través de la organización de ocho debates que reúnan a 100 personas en cada caso, previamente elegidas por sorteo "y siguiendo criterios científicos".

Con toda la información recogida en estos debates, el consejo académico elaborará un segundo informe en el último trimestre del año, que será la base a través de la cual el Govern elabore la propuesta catalana de Acuerdo de Claridad. El siguiente paso sería llevarla "a los espacios de negociación que tenemos abiertos con el Gobierno del Estado para resolver el conflicto político". La realidad es que este espacio, fundamentalmente la mesa de diálogo, lleva meses paralizado y que siga vivo durante el 2024 dependerá absolutamente de lo que suceda en las elecciones generales, previstas para finales de este año.

Nulo entusiasmo del resto de partidos

Dejando de lado el rechazo del Gobierno a un hipotético Pacto de Claridad para detallar el marco de juego de un hipotético referéndum de autodeterminación de Catalunya, la propuesta genera un nulo entusiasmo entre las formaciones catalanas. De hecho, solo cuenta con un cierto apoyo de En Comú Podem, que ya la había defendido hace años, mientras que ERC se la hizo suya en el debate de política general catalana que el Parlament celebró hace medio año.

Este martes, el PSC ha criticado a Aragonès por reactivar el Acuerdo de Claridad en lugar de "dedicar las energías" a hacer "política útil". La portavoz de los socialistas en el Parlament, Alícia Romero, ha recordado que la iniciativa del presidente "nace sin apoyos". Junts ha mostrado su intención de asistir a la cumbre de partidos que quiere convocar el president, pero le ha pedido que antes haya una reunión entre las fuerzas independentistas. Además, su portavoz, Josep Rius, ha insistido en que el partido no cree en negociar un referéndum con el Gobierno, sino que de lo que se trata es de "seguir el mandato del [referéndum del] 1 de octubre" y, por tanto, "lo que queda sólo por hacer es que se haga efectiva la república catalana". La CUP se ha limitado a comentar que asistirá a la mesa si busca "consensuar cómo avanzar" hacia la independencia, mientras que los Comuns critican que se quiere convocar sin ningún acuerdo previo.