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La PDLI rechaza penalizar la "exaltación de la Guerra Civil o la dictadura" por estar protegida por la libertad de expresión

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información presenta sus alegaciones contra el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, impulsora de la Ley de Memoria Democrática.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, impulsora de la Ley de Memoria Democrática. Mariscal / EFE

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La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) se ha posicionado en contra del régimen sancionador previsto en el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática contra discursos políticos que "deben ser protegidos" por la libertad de expresión.

"La mera exaltación de la Guerra Civil o de la dictadura no es algo que deba juzgarse ni siquiera por jueces en el ámbito penal. Es simplemente inaceptable, por cualquier vía, al vulnerar estándares internacionales en materia de libertad de expresión", defiende la PDLI en un comunicado.

La plataforma ha presentado este martes sus alegaciones a la Ley de Memoria aprobada por el Gobierno y recuerda que "las ideologías contrarias a la democracia están claramente protegidas por nuestra Constitución y el Tribunal Constitucional". También destaca que la Carta Magna "ampara también a quienes la niegan, permitiendo ataques al sistema democrático o a la esencia misma de la Constitución, con el único límite de la lesión efectiva de bienes o derechos de relevancia constitucional".

La nueva Ley de Memoria Democrática establece sanciones, entre otras cuestiones, ante la falta de adopción de medidas para impedir o poner fin a actos de exaltación del franquismo que menosprecien a las víctimas. La PDLI, en sus alegaciones, recoge serias pegas a esta regulación de sanciones por el "elevado riesgo para la libertad de información y expresión" que representa.

La plataforma defiende que "castigar la humillación de las víctimas o de sus familiares, para los limitadísimos supuestos en que tales expresiones puedan constituir un delito de discurso de odio, es un juicio que no puede dejarse en manos de una autoridad administrativa y política como la Secretaría de Estado". De ese modo, la PDLI, que recuerda que esas posibles sanciones ya están recogidas en el Código Penal, destaca que "han de ser interpretadas de conformidad con la muy restrictiva jurisprudencia nacional y europea".

Por último, la plataforma considera que la norma, tal como está redactada, "podría ser inconstitucional desde el principio de legalidad sancionadora" y además vulneraría el artículo 20 de la Constitución, relativo a la libertad de expresión e información.

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