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Pedro Antonio Sánchez La Audiencia Nacional procesa al expresidente de Murcia por el 'caso Púnica'

El juez destaca la actuación de Sánchez "en la presunta trama urdida en la región de Murcia con fondos públicos para abonar trabajos de reputación a las empresas Eico y Madiva en colaboración con los restantes investigados".

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El expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, atiende a la prensa hoy a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) tras declarar en calidad de investigado. | MARCIAL GUILLÉN (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha comunicado el procesamiento del expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez en este tribunal y dejado sin efecto el que dictó contra él el Tribunal Superior de Justicia de Murcia antes de perder su aforamiento.

En un auto de paso a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) del pasado julio, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado da el primer paso para juzgar a Sánchez en la Audiencia Nacional, el tribunal que conoce de las diferentes piezas del caso Púnica, incluida la de Murcia.

En dicho auto, el juez incluye a Sánchez en sus antecedentes de hecho, pero no en los fundamentos de derecho, tal y como exige la ley, motivo por el que fue recurrido por la Fiscalía. Ahora el juez ha dictado otro escrito, fechado el 3 de septiembre, en el que corrige este defecto.

Del Supremo a la Audiencia Nacional

La investigación contra Sánchez, que dimitió de la presidencia del PP de Murcia, y también contra la senadora Pilar Barreiro pasó al Tribunal Superior de Justicia de Murcia y al Tribunal Supremo, respectivamente, por ser ambos aforados, pero en octubre de 2017 la de Sánchez volvió a la Audiencia Nacional tras perder su condición de diputado autonómico.

Sánchez ya había sido procesado por el TSJ de Murcia e incluso la Fiscalía Anticorrupción pidió 2 años de cárcel para él por cohecho, fraude y revelación de información reservada, pero con el auto notificado esta semana el juez deja sin efecto el procesamiento y el escrito de acusación y dicta un nuevo procesamiento.

Por tanto, ahora la Fiscalía deberá volver a presentar su escrito de acusación ante la Audiencia Nacional. En el último auto del juez, García Castellón destaca que cuando aceptó la competencia del TSJ murciano dio por buena la investigación del tribunal autonómico y los indicios que encontró contra el expresidente de la comunidad.

Concretamente, destaca la actuación de Sánchez "en la presunta trama urdida en la región de Murcia con fondos públicos para abonar trabajos de reputación a las empresas Eico y Madiva en colaboración con los restantes investigados, esto es, Alejandro de Pedro, José Antonio Alonso Conesa, Francisco Javier Bueno o David Conesa".

Rama murciana de la Púnica

El predecesor de García Castellón en el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia, Eloy Velasco, procesó a una veintena de personas por esta pieza de Púnica, que afecta a Murcia y trata sobre la adjudicación de contratos públicos a empresas de la trama a cambio de servicios de publicidad personal de políticos.

Sin embargo, García Castellón decidió practicar más pruebas y retrotrajo las actuaciones hasta que finalmente en julio dictó un nuevo auto de procesamiento en el que cifra en 32.200 euros los trabajos de reputación que se hicieron a Pedro Antonio Sánchez durante un periodo de 6 meses.

Según el juez, el empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena (1991-1995) Jose Antonio Alonso Conesa "se concertaron con autoridades y funcionarios" para adjudicar dos contratos públicos que en realidad servirían para sufragar "trabajos particulares de reputación online" del exconsejero de Industria Juan Carlos Ruiz y de Sánchez.

Con estos fondos públicos también se pagaron "trabajos particulares reputacionales 'on line'" de Pilar Barreiro, cuya investigación sigue en el Supremo.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal.