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TRAMA GÜRTEL El perito de la Intervención del Estado confirma irregularidades de la Comunidad de Madrid en la trama Gürtel

La investigación ratifica la operativa irregular de la región a cargo del PP en los contratos con la red de empresas de Francisco Correa: participación de éstas en la elaboración de los pliegos, criterios subjetivos y plazos excesivamente cortos.

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Alberto Ruíz Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid de 1999 a 2003, y Esperanza Aguirre, presidenta de 2003 a 2007 / Ayuntamiento de Madrid

El perito de la Intervención General del Estado (IGAE) ha ratificado este martes ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama Gürtel (1999-2005) la operativa irregular en la que incurría la Comunidad de Madrid en dicha etapa en sus contratos con la red de empresas de Francisco Correa, que incluía el conocimiento previo por éstas de los pliegos de las adjudicaciones, el fraccionamiento de contratos y plazos muy cortos para evitar la concurrencia de otras sociedades.

El perito ha ratificado diversos informes referidos a la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos de la región como los de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, varios de cuyos exresponsables están procesados en esta causa. También analizó la gestión del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) relacionada con la actividad del exconcejal del PP en dicho municipio Ricardo Galeote, igualmente encausado.

A las preguntas de la fiscal Anticorrupción, Concha Sabadell, el perito ha señalado las principales irregularidades en la contratación pública que él había revisado, y que pasa por la inclusión criterios de valoración de las licitaciones de "carácter subjetivo", que permitían otorgar de forma arbitraria los puntos a las ofertas a las que se presentaban las empresas de la trama corrupta. Además, dicha atribución de puntos no se motivaba y en algunos casos los pliegos los conocía antes el licitador e incluso los modificaba de acuerdo a sus intereses.

El perito de la IGAE señala criterios "subjetivos" en la contratación de empresas 

Según el analista, en otros contratos él detecto que los plazos de presentación de ofertas era muy corto, por lo que pocas empresas podían hacerlo, y también se dieron sobregastos y pago duplicado por determinados suministros.

En otras ocasiones, la práctica totalidad de licitantes estaban relacionados entre sí, perteneciendo todos al entorno de Francisco Correa, mientras que en las facturas menores -menos de 12.020 euros- se daban frecuentes fraccionamientos o se presentaban facturas por el acto completo sin desglosar los diferentes elementos.

"En la administración pública una empresa privada no puede participar en la elaboración de los pliegos", ha insistido el experto, para añadir que en algunos contratos públicos que él ha analizado las empresas de Correa tenían el pliego con antelación, lo iban modificando y adaptando a sus necesidades. 

La investigación incluyó el análisis de centenares de contratos realizados por la Comunidad de Madrid para la organización de eventos firmados con empresas de la conocida como trama Gürtel con la presunta intervención del exconsejero de Deportes y exdiputado en la Asamblea madrileña, Alberto López Viejo, perteneciente al equipo de la expresidenta Esperanza Aguirre

Más irregularidades con el Ayuntamiento de Estepona

El perito también ha sido preguntado por las facturas relacionadas con empresas de Correa en una localidad ajena a Madrid, en Estepona (Málaga), en las que habría participado el exedil popular Ricardo Galeote.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Galeote aprovechó su condición de gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades Recreativas de Estepona en la adjudicación de contratos públicos a Special Events. Contrató con la empresa administrada por Isabel Jordán más de 3.000 metros cuadrados de moqueta, 15 carpas y 2.500 metros de plástico.

A cambio de estas concesiones el exedil y personas de su entorno recibieron una comisión abonada en forma de viajes y otros servicios turísticos, organizados por la agencia Pasadena Viajes, que alcanzaron, al menos, el importe total de 7.484 euros. A juicio del perito, la empresa municipal que pagó dicha cantidad no debería haber asumido dicho coste porque no respondía a gastos de carácter profesional.

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