BARCELONA. -Los acontecimientos vinculados al proceso soberanista catalán vuelven a sucederse a una velocidad de vértigo. Sólo en las tres últimas semanas se han vivido masivas movilizaciones independentistas, promesas de convocatoria de un referéndum de autodeterminación para el año que viene y, hoy mismo, actuaciones judiciales contra el expresidente autonómico Artur Mas por impulsar y organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014. El curso se planteaba decisivo para resolver la cuestión catalana y no hay duda de que ha empezado acelerado.

Como en los últimos cinco años, el curso político arrancó con una masiva manifestación independentista coincidiendo con la Diada nacional de Catalunya. El 11 de septiembre, cientos de miles de personas tomaron las calles para reivindicar una república catalana, en una jornada que volvió a poner la demanda de un referéndum en el primer plano político. La semana pasada, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, superó una inédita cuestión de confianza en el Parlament, gracias al apoyo de su formación, la coalición Junts pel Sí (JxSí), y la CUP. Puigdemont recogió la demanda popular y prometió la celebración de un referéndum durante el año que viene, ya sea pactado con el Estado español o unilateral.

Y, finalmente, este lunes, la Fiscalía Superior de Catalunya ha solicitado una inhabilitación de 10 años para el expresidente autonómico Artur Mas y de nueve para las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la celebración de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. La petición de la Fiscalía ha llegado la misma semana que el Parlament vivirá un debate de política general en el que, en principio, las formaciones independentistas abordarán cuestiones como la fecha del referéndum de autodeterminación que quieren celebrar el año que viene. Y, más allá de las resoluciones que finalmente se aprueben, parece claro que la decisión de la Fiscalía facilita el argumentario independentista.

En concreto, los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled han entregado este mediodía su escrito de acusación por la celebración de la consulta del 9N ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Solicitan una inhabilitación de 10 años para el expresidente de la Generalitat Artur Mas, y de nueve para Joana Ortega, vicepresidenta autonómica en el momento de los hechos, e Irene Rigau, por entonces consejera autonómica de Educación. La Fiscalía los acusa de los delitos de desobediencia grave al Tribunal Constitucional y de prevaricación por tirar adelante el proceso participativo pese a que el alto tribunal lo había suspendido. En este sentido, los dos fiscales no se creen a los políticos, que en sede judicial declararon que se apartaron de la organización del 9N tras la suspensión y que se pudo hacer gracias a voluntarios. En cambio, han renunciado a acusarlos también de malversación de fondos públicos, un delito que sí implica penas de cárcel.

La reacción independentista: “Votar no puede ser delito”

Las reacciones se han sucedido una vez se ha conocido la petición de inhabilitaciones de la Fiscalía. Muchas han llegado a través de Twitter y la línea argumental de los que la rechazan se basa en proclamar que consultar a la gente no puede ser delito. La mayoría de los dirigentes del nuevo Partit Demòcrata Català (PDC), la antigua CDC, han salido en tromba en defensa de Mas y Rigau -ambos miembros de la formación- y Ortega, que militaba en Unió Demòcratica. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha manifestado a través de Twitter que “su vergüenza es nuestra fortaleza. No estáis solos”, mientras que el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha calificado la decisión de “vergüenza democrática”, para añadir que “el mundo tiene que saber qué tipo de estado tenemos delante”.

En rueda de prensa, la coordinadora general del partido, Marta Pascal, se ha preguntado: “¿En qué país del mundo poner las urnas es un delito?”, y ha añadido que con estas actuaciones el Estado español “da más argumentos” a los independentistas para seguir su propio camino. Artur Mas comparecerá esta tarde, mientras que Joana Ortega, también en Twitter, ha comentado que “nos quieren inhabilitar por habilitar que la gente hablara. Inédito en el mundo”. ERC, la otra pata de la coalición gubernamental Junts pel Sí, también ha mostrado su apoyo “a los que reciben la violencia judicial y la represión del Estado”. La otra fuerza independentista, la CUP, se ha limitado a colgar un tuit con la frase “votar no es un delito. 9N somos todos”. Entidades como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural han coincidido en señalar que “la democracia no se inhabilita”.

Significativa es la reacción del espacio de los Comunes, que no apoya la hoja de ruta independentista pero rechaza la judicialización del proceso soberanista. Así, Catalunya Sí que es Pot (CSQP), la confluencia de ICV, EUiA y Podem en el Parlament, ha manifestado que “poner las urnas no puede ser un delito” y su portavoz, Lluís Rabell, ha añadido “¿condenas? ¿inhabilitaciones? Dar la palabra a la ciudadanía no puede ser delito. Normalmente se llama democracia. ¡Basta de persecuciones!”. Pese a que CSQP no apoyó a Puigdemont en la cuestión de confianza, sí que es cierto que el tono de la confluencia fue menos virulento con el gobierno y que sus dirigentes han celebrado que el referéndum vuelva a ser la apuesta más clara para desencallar el conflicto político catalán.

Como era previsible, la reacción ha sido diametralmente opuesta entre las formaciones que se oponen a cualquier referéndum catalán. El líder del PP, Xavier García-Albiol, ha manifestado que “algunos pensaban que intentar romper Cataluña del resto de España les saldría gratis”, mientras que el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha proclamado que “cualquier político democrático está sometido a las leyes”, pese a comentar que “no nos gusta que se inhabilite a expresidentes”. También han recurrido a un discurso legalista la vicepresidenta española, Soraya Saénz de Santamaría, y la delegada del gobierno estatal en Catalunya, María de los Llanos de Luna, para quién “al margen de la ley no hay democracia”.

El juicio a Mas, Ortega y Rigau por la celebración del 9N todavía no tiene fecha, pero muy probablemente cuando llegue lo hará acompañado de alguna movilización independentista. En este sentido, cabe recordar que Mas acudió a declarar ante el TSJC, el 15 de octubre del año pasado, arropado por 400 cargos y dirigentes de su partido, muchos de los cuales eren alcaldes de sus municipios. En cualquier caso, la concatenación de hechos de las últimas semanas apunta a que el choque de trenes entre los gobiernos español y catalán está más cerca que nunca.