El calvario continúa para una veintena de víctimas del GAL y del Batallón Vasco Español (BVE), dos grupos vinculados a las estructuras del Estado que practicaron el terrorismo de Estado en el marco de la guerra sucia contra ETA. La lucha emprendida para tratar de ser reconocidas como víctimas del terrorismo ha terminado de la manera menos imaginada: tendrán que pagar de sus bolsillos al Estado.

De los 23 procedimientos que llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para tratar sin éxito de obtener el reconocimiento de víctimas del terrorismo que los tribunales españoles habían negado, 22 cuentan ya con ese cierre judicial, lo que se ha traducido en solicitudes económicas en concepto de costas al Abogado del Estado, que ascienden en total a más de 106.000 euros.

La Fundación Egiari Zor –que reivindica la memoria de las víctimas de la guerra sucia– ha recordado este jueves en una nota que "el Gobierno español denegó en 2014 a familiares de personas asesinadas por el terrorismo de Estado de una parte el reconocimiento oficial de algunas de ellas y de otra la equiparación de las indemnizaciones previstas en el entonces nuevo reglamento de la Ley Integral de Victimas del Terrorismo".

Para ello, el Ejecutivo del PP se basó en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que recoge que "se podrá reducir o suprimir (...) la indemnización si la víctima o solicitantes participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos".

"Estas personas que fueron víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, como es la vulneración del derecho a la vida, nunca habían sido ni juzgadas ni condenadas por pertenencia a ETA. La decisión del Ministerio del Interior de denegar la equiparación de indemnizaciones se basaba exclusivamente en informes policiales y artículos de prensa", ha recordado Egiari Zor.

En ese contexto, los familiares de las víctimas "acudieron a las distintas instancias judiciales del Estado español agotando la vía interna, hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos". En 2019, Estrasburgo desestimó estas demandas.

"Como cualquier ciudadana que emprende una vía judicial que culmina con
desestimación de la demanda presentada, a los gastos del propio proceso (procurador, letrado) se suma la condena en costas. En total son 23 los procedimientos que llegaron hasta Estrasburgo y por tanto 23 son las condenas en costas", ha explicado Egiari Zor.

Hasta ahora se han hecho efectivas 22 condenas en costas, por lo que aun falta por hacerse efectiva una. "A día de hoy la cantidad total demandada por la abogacía del Estado en concepto de costas efectivas sobre los 22 casos referidos asciende a algo más de 106.000 euros", indicó la fundación.

Según ha explicado, "las condenas en costas por este proceso judicial han oscilado entre los 1.000 y los 19.000 euros". "En un principio las condenas en costas oscilaban entre los 1.000 y los 3.000 euros, pero tras un cambio en la abogacía del Estado para esta cuestión, las cantidades solicitadas en concepto de costas, se vieron incrementadas muy sustancialmente", apuntó.

Para Egiari Zor, "es evidente la existencia de una voluntad política para
generar más perjuicio y más dolor, a víctimas padecieron terrorismo de Estado". Es inevitable preguntarse si el criterio de la abogacía del Estado sería el mismo si el origen de la violencia padecida por los demandantes fuese otro",  remarcó.

"Hemos de decir que durante todo este proceso hemos tenido el acompañamiento, ayuda y asesoramiento de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco, con quien además hemos mantenido un canal de comunicación directo que agradecemos", ha remarcado la fundación en su nota.

"Venganza"

Uno de esos procedimientos afecta a Felipa Artano Sagastume, madre de Joxi Zabala, el joven vasco que fue asesinado junto a Joxean Lasa en 1983. El crimen corrió a cargo de guardias civiles que formaban parte de la estructura del GAL, una organización creada bajo el Gobierno de Felipe González con la finalidad de asesinar a militantes abertzales. 

En el caso de Artano, la resolución dictada el pasado 21 de abril de 2022 por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ordena el pago de 9.252 euros en concepto de costas. 

"Esto es un despropósito. Nos quitan lo que más queremos y, además, nos exigen pagar unas desorbitadas costas. ¿Qué podemos hacer ante tanta injusticia y venganza", afirma Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala. 

En tal sentido, urgió al Ministerio del Interior –que apareció como parte demandada por las víctimas en su intento de conseguir ese reconocimiento oficial– a demostrar si hay "voluntad interna" para evitar el cobro de dichas cantidades "ni tampoco instar diligencias dirigidas al embargo de bienes de mi madre, que tiene 91 años". 

Sin justicia

A día de hoy, alrededor de una treintena de casos de personas que fueron asesinadas por organizaciones como el GAL o el Batallón Vasco Español y que siguen sin ser incluidas en los listados oficiales del Ministerio del Interior, lo que implica que el Estado no les reconoce como tales. Los sucesivos Gobiernos se han negado incluso a considerar la actividad del GAL como terrorismo de Estado.

De acuerdo a un informe publicado por el Gobierno Vasco en 2014, existen 67 víctimas mortales del denominado "contraterrorismo". Cuarenta fueron producidas por el Batallón Vasco Español y las restantes 27 por el GAL. Según ese mismo informe, el 62% de esos crímenes siguen sin ser esclarecidos. 

Según datos recogidos por la fundación Euskal Memoria, 53 muertes provocadas tanto por el terrorismo de Estado como por las fuerzas policiales acabaron archivadas. En 37 casos no ni siquiera hubo una investigación.