La pieza Pintor investiga un "proyecto" que, en realidad, Villarejo llamó "Thew". El comisario desarrolló este plan de enero a julio de 2017 y los pagadores fueron los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara. Unos empresarios cuya relevancia mediática sería mínima si no fuera porque el primero es el marido de la reina televisiva de las mañanas, Ana Rosa Quintana.

La historia que Villarejo, sus cómplices y los Muñoz hilvanaron a través de oportunas y sucesivas reuniones grabadas tenía como eje unas supuestas gestiones para ayudar a los hermanos en un viejo pleito fiscal que había comenzado diez años antes en Sevilla, en 2007. Y esto es lo que ha investigado el juzgado.

Hacienda reclamaba a los Muñoz por la compra de facturas falsas a través de una de sus empresas, según se puede comprobar en la base documental del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ). Una estrategia con la que buscaban rebajar impuestos y en la que contaron con la colaboración de una persona llamada Mateo Martín Navarro, también acusado en este procedimiento como cooperador necesario, aunque fue quien delató a los hermanos en una primera confesión ante la Agencia Tributaria. 

Durante la instrucción del caso Tándem se apoda a Martín Navarro, oportunamente, 'El Pintor'. Para ello se aprovecha una frase que el marido de Ana Rosa Quintana pronuncia ante la grabadora de Villarejo en su primera reunión registrada, en la que se refiere a él como "el que pintaba las facturas". De aquí vendría el nombre que el juzgado da a esta pieza separada y, como se comprueba, marca la línea de investigación al ligarlo con un hecho en concreto.

La ayuda de Villarejo y sus cómplices en este caso consistía, según ese relato construido, en conseguir que Martín Navarro se retractara de su declaración o, en su caso, lograr que se hiciese cargo de la parte del pago a la Agencia Tributaria que le correspondía. De no hacerlo, y así sucedió finalmente, su parte tendría que ser pagada por los Muñoz.

El plan era presionar a Martín Navarro y a su último letrado. El abogado era el exjuez Francisco Javier de Urquía y las amenazas para él iban encaminadas a hacer pública su supuesta vida licenciosa a través de un vídeo que Villarejo grabó en los años 2000 y de otras grabaciones encargadas a un grupo de detectives del círculo de Villarejo, todos ellos, por cierto, también imputados en esta pieza junto a los hermanos Muñoz.

Las presiones a Martín Navarro, según el relato creado, se sustentaban en buscar la reapertura de un proceso antiguo instruido en Algeciras en el que se le acusaba de falsificación. Sin embargo, en este asunto también estaba señalada una empresa de los Muñoz.

A pesar de las "pruebas" fabricadas (con las declaraciones de los implicados narrando la historia ficción, audios guionizados, los seguimientos de detectives y la existencia del antiguo vídeo) para soportar toda la historia sobre el motivo de la contratación de Villarejo y, por tanto, sobre la naturaleza de los servicios prestados, existen múltiples inconsistencias en la historia del pleito de Sevilla que la descartan como motivo plausible de la interacción de Villarejo con los Muñoz de enero a julio de 2017.

Según el análisis realizado por Público, el problema fiscal no era tan dramático como describieron los hermanos Muñoz en el juzgado de Tándem: ni representaba un riesgo inminente ni tampoco un roto económico de envergadura para la familia política de Ana Rosa Quintana.

Además, las gestiones para desacreditar al exjuez Urquía carecían de sentido. En primer lugar, porque, aunque los vídeos existían, el exmagistrado nunca recibió las amenazas, según su propia declaración como testigo. Y, por otro lado, Urquía ya había sufrido el desprestigio profesional cuando en marzo de 2012 fue expulsado de la carrera judicial por realizar favores a imputados en el caso de la Operación Hidalgo cuando instruía esta causa. Según las agendas de Villarejo y los audios disponibles de sus conversaciones, esos imputados eran, casualmente, clientes del comisario que tenían a Urquía como amigo. Pero esa es otra historia.

Por si todo esto no fuera suficiente, las sospechas sobre la construcción de una historia que favoreciera a los implicados en un posible proceso judicial en caso de ser descubierta la contratación de Villarejo, se consolidan por un elemento adicional: la personación como "perjudicado" de Urquía en la pieza Pintor. El hecho de adoptar esta posición, que justificó por las supuestas gestiones en su contra, permitió al exjuez conceder su "perdón" a los Muñoz a lo largo del juicio. Esto, junto al pacto de los hermanos con la fiscalía admitiendo los hechos (los del relato construido sobre el supuesto grave problema de Sevilla), probablemente mejorará la condena que reciban cuando llegue la sentencia.

El problema para los Muñoz estaba en Granada, no en Sevilla

Pero hay otros acontecimientos que coinciden en el tiempo durante el que se llevó a cabo el proyecto que Villarejo denominó "Thew". En concreto, se trata de una problemática judicial de los hermanos Muñoz que también tiene origen en 2007 pero cuya evolución dependía de un recurso de estos, que se tramitaba precisamente entre enero y julio de 2017. Se trataba de un segundo recurso crucial en la Audiencia Provincial de Granada del caso Marchelo. Una causa que se instruía en los juzgados de Santa Fe, en Granada, situados en una vía que casualmente tiene nombre de pintor: calle Pintor Juan Ruiz. Otro 'Pintor'.

El caso Marchelo es el mayor caso de presunta corrupción en la provincia de Granada. Está relacionado con delitos de prevaricación y cohecho en cuestiones urbanísticas del Ayuntamiento de Alhendín tales como el desarrollo del polígono industrial de Marchalhendín (que es el asunto que afectaba a los Muñoz) o la construcción de una promoción inmobiliaria con miles de viviendas.

La evolución de este caso podía afectar al concurso de acreedores de 70 millones de deuda de la promotora de los Muñoz. Según adelantó Público, dependiendo de cómo fueran las cosas, este concurso podría ser declarado culpable y eso obligaría a los accionistas de la promotora, con los Muñoz de mayoritarios, a cubrir toda la deuda o parte de ella con su dinero.

En diciembre de 2021 llegó, efectivamente, la declaración de culpabilidad del concurso después de que los juzgados estimaran un recurso de un primer grupo de acreedores. La sentencia —que es recurrible— obliga a los Muñoz a desembolsar alrededor de 3 millones de euros.

Esta cantidad era muy superior a la que estaba en juego en el caso de Sevilla. Así, según las cuentas depositadas en el registro mercantil para el ejercicio 2018 de la empresa TARJE S.L.U. —la sociedad afectada de los Muñoz en el caso sevillano— este procedimiento se sustanció finalmente en menos de un millón (967.147,36 euros).

La cantidad de dinero en juego por el concurso de acreedores que investigaba el juzgado mercantil nº 1 de Granada, cuyo titular era Blas González Navarro, más el devenir del recurso en la Audiencia Provincial de Granada con relación al caso Marchelo instruido en el juzgado de Santa Fe, justificaría que Ana Rosa Quintana o su marido, bien juntos o por separado, interaccionasen públicamente con Villarejo. Hay que tener en cuenta que ya en aquella época verse en concurridos restaurantes de moda junto al comisario suponía asumir un riesgo que podía afectar a su imagen porque ya era conocida la mala fama del policía.

Pero a todo esto hay que sumarle lo que dicen las agendas incautadas a Villarejo [extractos disponibles al final de este artículo], que no son más que una guía de audios como ya ha explicado en varias ocasiones este medio. Estas libretas comienzan a finales de marzo de 2007 y desde esa fecha se comprueba que lo que quita el sueño a los Muñoz y a la reina de las mañanas es el caso Marchelo instruido en Granada y no el "pleito fiscal de Sevilla". Un caso, este último, que, aunque tiene el año 2007 también de origen, ni se menciona en las agendas.

Ninguna de estas anotaciones sobre contactos de Villarejo con los Muñoz de 2007 en adelante ha sido recogida por el juzgado en escrito u oficio alguno de la pieza Pintor. Tan solo se han incluido aquellas de 2017 que no colisionarían con el relato construido por los implicados y el juzgado.

A la Sala le han faltado, pues, elementos para juzgar el caso. Esto afecta también a las acusaciones populares, que carecen de estas partes determinantes ya que solo pueden acceder a las agendas visualizándolas en una pantalla de ordenador en el juzgado, sin poder hacer siquiera fotografías, según impuso el juez García Castellón.

Además, las anotaciones de marzo de 2007 a mayo de 2016 (diez años) se reparten en trece agendas que contienen una media de 15 apuntes por día. A su vez, cada uno de ellos cuenta con varias líneas o temas tratados, una media de dos a cuatro.

Sin acceso digital para procesar las libretas es casi imposible localizar los apuntes sobre un tema determinado, ordenarlos por fecha e interpretarlos en función de las conversaciones que Villarejo mantiene en esos días con otras personas y el contexto procesal de los Muñoz. Y ese acceso es el que negó García Castellón.