MURCIA.- El diputado de Podemos en el Congreso Javier Sánchez Serna ha registrado una pregunta para respuesta escrita a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, sobre la prohibición a tres funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de que declararan ante las Cortes Valencianas sobre los modos de paliar la sequía crónica en las cuencas del Levante, tal como informó Público el pasado 22 de septiembre. 

Paralelamente, el presidente del parlamento valenciano, Eric Morera y Catalá, ha convocado para el próximo día 24 de octubre a los técnicos de la CHS para que comparezcan en la subcomisión de Medio Ambiente que estudia la gestión del agua en la Comunidad Valenciana y las alternativas de actuación ante los efectos de tal cambio climático y las necesidades humanas. La parte final de la cuenca del Segura discurre por la importante comarca agrícola valenciana de la Vega del Segura, cuya capital es Orihuela, y las Cortes quieren conocer la opinión de esos tres técnicos de la CHS.

La prohibición a asistir al parlamento valenciano fue firmada por el secretario general de la CHS, José María Bernabé, que la basaba en la "obediencia debida" y advertía a los tres técnicos de que incurrirían en falta disciplinaria "muy grave" si comparecían ante la subcomisión parlamentaria sobre sequía y cambio climático que se desarrollará en el parlamento levantino.

Sin embargo, como informó este diario en su momento y recoge la pregunta del diputado Sánchez Serna, esa figura de la "obediencia debida" fue suprimida del ordenamiento jurídico español en 1995 y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se opuso en octubre de 2013 al intento del Ministerio de Defensa de “resucitar” la obediencia debida.

José María Bernabé, que se encuentra imputado en posible caso de prevaricación en relación con el uso de recursos hídricos con fines urbanísticos, argumentó en la carta a cada uno de sus subordinados que “debe considerar esta comunicación como una orden directa de servicio cuyo incumplimiento podría ser constitutivo de falta de obediencia debida”, según un real decreto de 1986 sobre el régimen disciplinario de los funcionarios estatales y la ley de 2007 del estatuto del empleado público.

Contrariamente a las pretensiones del secretario general de la CHS, lo que el Estatuto Básico del Empleado Público considera falta muy grave es precisamente "la incomparecencia injustificada [de esos empleados] en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas", señala Sánchez Serna.

Por ello, el diputado de Podemos pregunta a la ministra Tejerina si "¿es criterio de ese Gobierno no autorizar que técnicos [públicos] asistan cuando son requeridos [a las comisiones parlamentarias] invocando la obediencia y apercibiendo ímplicitamente de expediente disciplinario en caso de que no cumplan esa orden?".

Sánchez Serna inquiere además sobre cuáles son las garantías que el Gobierno da a esos empleados públicos para que puedan cumplir su obligación de comparecer en las Cortes Valencianas. Por último, se interesa por "¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar que en la CHS se respete la legalidad vigente y se deje de invocar la derogada y obsoleta obediencia debida?" para intentar impedir que las comparecencias se realicen.