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El portavoz de la Coordinadora estatal de pensionistas: "el Gobierno intenta dividirnos y no lo van a conseguir"

Leopoldo Pelayo, el portavoz de la coordinadora estatal de pensionista, que agrupa a más de 250 plataformas por toda España, resume así la reunión de la ministra de trabajo, Magdalena Valerio, con una representación de los pensionistas de Bizkaia, sin haberse reunido con ellos. 

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Pensionistas y jubilados en Valencia exigen un pacto de Estado que garantice el futuro de las pensiones. Los sindicatos UGT y CCOO han convocado concentraciones en más de 50 ciudades. / EFE - BIEL ALIÑO

Leopoldo Pelayo, el portavoz de la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones, que agrupa a más de 250 plataformas por todo el territorio nacional, está indignado con la ministra de trabajo, Magdalena Valerio, y con el Gobierno. Pelayo, en declaraciones a Público, en el día internacional de las personas mayores, en el que ha habido movilizaciones de pensionistas por toda España, afirma que el Gobierno "intenta dividirnos pero no van a conseguirlo" y afea la conducta a la ministra por reunirse hoy en Bilbao con una representación local de pensionistas que no están en la coordinadora estatal. "Está intentando dividir a los pensionistas aceptando reuniones autonómicas y no a nivel estatal", reclama. "La solución tiene que ser estatal", afirma rotundo.

Sobre las declaraciones de la ministra tras la reunión también se indigna: "es una vergüenza que sea inasumible" una pensión mínima de 1.080 Euros y un salario mínimo interprofesional de 1.200, como reclaman los jubilados y pensionistas. Valerio ha afirmado que "aunque le gustaría, el gobierno no se puede comprometer" a eso. Según el portavoz "es lo mínimo"  y "parece ser que el PSOE pretende llevar a cabo las mismas medidas que el PP". "Somos la cuarta potencia de la UE y la Carta Social Europea exige una pensión digna", argumenta. "Más del 50% de las pensiones de este país están por debajo del salario mínimo, 7 de cada 10 mujeres está en esas condiciones", "si no son capaces de mejorar eso que no se dediquen a la vida pública", sentencia. Por última, sobre la revalorización de las pensiones con respecto al IPC dice que la mayoría de los países europeos así lo hacen y que necesitamos una reforma fiscal que lo pague. Por último, critica duramente que el mismo día que se hizo público el acuerdo sobre esto, en el Pacto de Toledo, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, afirmó que hacerlo, indizar las pensiones al IPC para evitar su pérdida de valor adquisitivo, sería "perverso".  "¿El mismo día que se aprobó?", se pregunta. "No tienen ni un mínimo de interés ni de vergüenza para aplicarlo", concluye. 

UGT y CCOO han entregado en el Congreso un manifiesto 

Los principales sindicatos de este país han convocado más de 50 movilizaciones por toda España con motivo del Día Internacional del Mayor. En el congreso de los diputados se ha celebrado una concentración, que no ha llegado a la plaza de las Cortes. La autorización de la delegación del Gobierno solo ha permitido a los 600 manifestantes, según los cálculos de la policía,  acercarse a la valla que cortaba la carrera de San Jerónimo cerca de la plaza de Neptuno. Una delegación de ambos sindicatos se ha acercado al registro del congreso para entregar un manifiesto del colectivo de mayores de CCOO y UGT con sus reclamaciones al Gobierno y al conjunto de poderes públicos y administraciones. Piden acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo, revalorización de las pensiones basada en el IPC registrado, prestación de ingresos mínimos para aquellos que nunca han conseguido un empleo y lo buscan y para los parados de larga duración, derogación y freno a los recortes en sanidad, como el copago farmacéutica, especialmente para niveles de renta más bajos y colectivos desfavorecidos; potenciar los servicios de salud pública, garantizar la prestación de los dependientes (325.000 en lista de espera y 100.000 esperando ser reconocidos), renta mínima en el conjunto del Estado, medidas eficaces contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico bono social y un tipo súper reducido de IVA para bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía, y políticas sociales efectivas para los colectivos más necesitados. 

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