Ryanair dejó en tierra a miles de personas en septiembre y octubre del año pasado tras anular más de 2.000 vuelos con el objetivo de "mejorar la puntualidad". Unas cancelaciones que, según anunció la aerolínea de bajo coste, se extenderán hasta el próximo mes de marzo y afectarán a 400.000 pasajeros. Pues bien, a finales de septiembre, el Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a proteger "los derechos de los pasajeros afectados" por estas cancelaciones que, finalmente, se votará este miércoles en la Comisión de Fomento en el Congreso.

En esta iniciativa, el PP expone que el impacto de las cancelaciones de Ryanair "tiene que ser motivo de actuación para el Gobierno, que debe velar por el cumplimientos de los derechos de los pasajeros afectados". De este modo, insta al Ejecutivo a "garantizar a los afectados la correcta información de sus derechos", "adoptar medidas previstas en el ordenamiento antes los incumplimientos reconocidos por la propia compañía" y tramitar el expediente informativo abierto a Rayanair además de abrir uno de tipo sancionador si fuera necesario.

La proposición de ley, sin embargo, obvia que todas estas cuestiones son competencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de manera que ya existe un mecanismo para "velar por los derechos de los pasajeros afectados". "La AESA depende del Ministerio de Fomento y el PP es el partido que gobierna, ¿quién les impide hacer que se cumpla la ley?", se pregunta Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene potestad para expedientar a Ryanair y para obligar a la aerolínea a informar a sus pasajeros de sus derechos cuando sufren cancelaciones de vuelos. Incluso puede mandar a inspectores que controlen este tipo de casos y expedienten a las compañías que no cumplen la ley. "El problema es que no hay protocolos", denuncia Sánchez, "AENA no informa a la AESA de los retrasos existentes, de manera que no hay un cómputo de los pasajeros afectados y, por tanto, no se puede hacer un seguimiento de las personas que han cobrado la compensación".

Cobrar o no la compensación depende únicamente del pasajero y la mayoría de ellos, sigue Sánchez, ignora sus derechos. "No reclaman nada y la AESA tampoco presiona para que las aerolíneas paguen lo que deben, por eso las compañías hacen lo que les da la gana con total impunidad".